La UCO detecta irregularidades en un contrato de más de cuatro millones de euros adjudicado por Red.es a una empresa vinculada a Juan Carlos Barrabés con fondos FEDER
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha abierto una pieza separada dentro del conocido como ‘caso Begoña Gómez’ para investigar posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. La decisión llega después de que la Fiscalía Europea devolviera el procedimiento al magistrado, tras un auto de la Audiencia Nacional que revocó la avocación parcial de las diligencias.
Según el auto judicial, al que han tenido acceso varios medios, la nueva línea de investigación se centra en las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato público por valor de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER de la Unión Europea. El contrato, gestionado por la entidad pública Red.es (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), correspondía al “Servicio de oficina Acelera Pyme – Servicio de apoyo y asesoramiento” y fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next SLU —empresa participada por el empresario Juan Carlos Barrabés, socio y colaborador de Begoña Gómez— y la consultora KPMG.
Irregularidades detectadas por la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un nuevo atestado en el que se señalan posibles irregularidades en el procedimiento de licitación. Entre ellas, destaca la omisión en la valoración de requisitos esenciales exigidos en los pliegos, como la presentación de un “libro blanco” que debía ser condición indispensable para concursar. Según las pesquisas, esta circunstancia podría haber favorecido indebidamente la oferta de la UTE vinculada a Barrabés en detrimento de otros licitadores.
La Fiscalía Europea, que había asumido durante casi dos años la investigación de los contratos públicos relacionados con fondos comunitarios y que implicaban a Barrabés, remitió recientemente este atestado al juez Peinado. En su decreto, el órgano europeo ya apuntaba que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea, sin perjuicio de otros delitos que pudieran derivarse.
Begoña Gómez aparece vinculada a este expediente porque, según la investigación, habría remitido cartas de apoyo o recomendaciones institucionales que habrían influido en la adjudicación de contratos a empresas de Barrabés. El magistrado ha ordenado a la Fiscalía que elabore un informe sobre la tipicidad penal de los hechos antes de continuar con las diligencias.
Contexto del caso
Esta nueva pieza se suma a la causa principal en la que Begoña Gómez ya está procesada —junto a Juan Carlos Barrabés y la asesora Cristina Álvarez— por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El juez Peinado propuso en abril de 2026 que estos hechos se juzguen ante un Tribunal del Jurado.
La investigación sobre los contratos con fondos europeos había pasado temporalmente a manos de la Fiscalía Europea, pero la Audiencia Nacional estimó un recurso y ordenó su devolución al juzgado de Peinado. Con la apertura de esta pieza separada, el magistrado recupera la competencia sobre un aspecto clave del caso que afecta directamente a los intereses financieros de la Unión Europea.
De momento, no se han adoptado nuevas medidas cautelares en esta pieza, aunque el juez continúa pendiente de resolver las ya solicitadas en la causa principal. Las partes personadas tendrán acceso a las actuaciones una vez se notifique formalmente el auto.
La noticia ha generado una nueva oleada de reacciones políticas y mediáticas en un caso que lleva ya más de dos años de instrucción y que sigue sumando frentes judiciales. Por ahora, la investigación sigue su curso bajo el secreto de sumario en lo que respecta a las nuevas diligencias acordadas.
