Como saben, este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. No se trata de un registro cualquiera. Según la propia Audiencia Nacional, los agentes acudieron por orden del juez Santiago Pedraz para requerir documentación en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.
La gravedad de lo investigado es mayúscula. Se sospecha de una red organizada que habría utilizado recursos, pagos irregulares —posiblemente con facturas falsas— y maniobras de todo tipo para boicotear, filtrar o entorpecer causas judiciales contra los socialistas. Entre los implicados figuran la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la conocida como “fontanera” Leire Díez. Se investigan los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado (casi nada).
Pedraz, el juez “progresista” que no puede ignorar la evidencia
Resulta especialmente significativo que sea el juez Santiago Pedraz quien impulse esta investigación. Nadie puede acusarle de conservador ni de hostilidad previa hacia la izquierda. Pedraz nunca se ha caracterizado por posturas derechistas; al contrario, su trayectoria lo sitúa lejos de cualquier perfil “azul”. Que sea precisamente él quien ordene estas diligencias dice mucho más de la solidez de las pruebas que de cualquier conspiración imaginaria. Cuando hasta un magistrado con ese perfil ve indicios suficientes para enviar a la UCO a la casa común del PSOE, es que la cosa huele muy mal. Huele tan mal que apesta.
Métodos propios de una mafia siciliana
Lo que está ocurriendo en España con el PSOE evoca, sin ninguna exageración, los peores años de las mafias sicilianas. Una organización que presuntamente crea “fontaneros”, paga con dinero opaco y monta estructuras para neutralizar a la Justicia no es un partido político normal. Es un aparato de poder que considera el Estado y sus instituciones como botín propio. Pagos sospechosos, amaños en empresas públicas, presiones sobre fiscales y policías… Todo para protegerse a sí mismos y a su amado líder, Pedro Sánchez, mientras el país se descompone.
Y lo peor no es solo la presunta corrupción. Es la impunidad con la que actúan. Sánchez y su entorno siguen en Moncloa como si nada, negando la realidad y victimizándose, mientras la UCO llama a su puerta. Sánchez prefiere hacerse fotos con el Papa y hablar de su palabra favorita: «el multilateralismo».
Socios sin escrúpulos: Rufianes que chupan del bote
Pero si el PSOE actúa como una mafia, sus socios de gobierno demuestran que no tienen principios ni ética alguna. ERC, Bildu, PNV y el resto de la banda separatista y radical siguen apoyando a Sánchez con tal de seguir “chupando del bote”. Mantienen al Gobierno a flote a cambio de presupuestos, indultos, cesiones de soberanía y prebendas varias. El rufián de turno —y aquí Rufián es nombre propio y genérico— sabe que sin el sillón de diputado no tendría dónde caerse muerto. Prefieren mirar hacia otro lado ante la podredumbre que defender el Estado de Derecho.
¿En manos de quién estamos, por Dios? De un partido que, según las pesquisas judiciales, habría montado una trama para desestabilizar la Justicia que debería controlarle. De un presidente que acumula escándalos como trofeos. Y de socios que venden España al mejor postor con tal de seguir en el pesebre.
(Por Lourdes Martino)
