El Confidencial ha publicado una noticia que ha generado revuelo en el ámbito político español: el Gobierno de Pedro Sánchez estaría planeando una maniobra para «descabezar» la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de obstaculizar las investigaciones en curso sobre los casos de corrupción relacionados con Santos Cerdán y Begoña Gómez, esposa del presidente. Según el medio, la estrategia consistiría en ascender al actual jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, al rango de general, forzando así su reubicación a otro destino y permitiendo el nombramiento de un mando más afín al Ejecutivo.
La UCO, unidad de élite de la Guardia Civil creada en 1987 y especializada en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, ha estado en el centro de varias investigaciones de alto perfil en los últimos años. Actualmente, bajo el mando del coronel Rafael Yuste, la unidad está liderando pesquisas sobre casos que afectan directamente al entorno del PSOE y al propio Sánchez. Entre ellos destacan:
- Caso Cerdán: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, está imputado en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal y cohecho, relacionados con una trama de cobro de comisiones por obras públicas. La UCO ha registrado la sede del PSOE en Ferraz, el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras para recabar información, incluyendo el clonado del correo corporativo de Cerdán.
- Caso Begoña Gómez: La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, quien colaboró con Gómez en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. La UCO ha señalado contratos por valor de 15,6 millones de euros como parte de esta investigación.
- Otros casos relevantes: La UCO también ha participado en investigaciones sobre el exministro José Luis Ábalos (caso Koldo), el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el hermano de Sánchez, David Sánchez, aunque algunas de estas causas han concluido sus fases de investigación.
Estas investigaciones han generado una creciente tensión entre el Gobierno y la Guardia Civil, especialmente con la UCO, cuya independencia operativa ha sido cuestionada por el Ejecutivo. Según El Confidencial, el Gobierno percibe a la UCO como un «obstáculo incómodo» debido a su meticulosidad y autonomía en la persecución de casos de corrupción.
El plan descrito por El Confidencial se centra en el coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO desde junio de 2023. Yuste, un mando respetado dentro del Instituto Armado por su integridad y experiencia, ha soportado presiones del Gobierno durante dos años, según fuentes del medio. El Ejecutivo, consciente de que un cese directo podría generar un escándalo similar al del coronel Diego Pérez de los Cobos en 2020, optaría por una estrategia más sutil: ascender a Yuste a general de brigada a partir del 1 de julio de 2025, cuando será elegible tras haber completado el curso de ascenso en invierno. Este movimiento, presentado como un «premio», obligaría a Yuste a abandonar la jefatura de la UCO para asumir otro destino, permitiendo al Gobierno nombrar a un mando «supuestamente más permeable a las presiones».
El segundo objetivo de Moncloa sería el general de brigada Alfonso López Malo, exjefe de la UCO y actual responsable de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. López Malo, superior directo de Yuste, también ha resistido las intromisiones del Gobierno y ha garantizado el secreto de las investigaciones. Según El Confidencial, el Ministerio del Interior podría ascenderlo a general de división antes del 1 de julio, reubicándolo en otro puesto y colocando a un mando más afín al PSOE al frente de la Policía Judicial.
Además, el Gobierno aprovecharía dos vacantes de general en la Dirección General de la Guardia Civil para realizar una «cascada de nombramientos» que consoliden su influencia en la cúpula del Instituto Armado.
El Gobierno ya ha sido acusado previamente de intentar neutralizar a la UCO. En mayo de 2025, Periodista Digital y Gaceta informaron sobre una grabación que revelaba una supuesta operación del PSOE, liderada por Leire Díez, mano derecha de Cerdán, para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Díez habría buscado información comprometedora contra Balas, quien dirige las investigaciones más sensibles contra el entorno de Sánchez, aunque la operación no prosperó por falta de pruebas.
Asimismo, el nombramiento en septiembre de 2024 de Mercedes González, exdiputada del PSOE, como directora general de la Guardia Civil, fue interpretado como un intento de aumentar el control político sobre el cuerpo. La negativa del Ministerio del Interior a reforzar la UCO con más agentes para el caso Koldo, pese a la solicitud de la unidad, también ha avivado las sospechas de interferencia.