Por Alex Díaz
España es un país verdaderamente maravilloso. Tenemos un Congreso de los Diputados con 350 señorías, partidos políticos de todos los colores, miles de asesores, gobiernos autonómicos, parlamentos regionales y una interminable colección de organismos que aseguran trabajar incansablemente por nuestro bienestar.
¡Qué suerte tenemos los españoles!
Unos dicen defender la libertad. Otros, la igualdad. Los de más allá prometen salvar el planeta, mientras otros aseguran estar dispuestos a dar la vida por la soberanía nacional.
Los socialistas quieren protegernos del capitalismo. Los populares prometen defendernos del socialismo. Vox asegura combatir el sistema, mientras los partidos independentistas pretenden liberarnos de España.
Todos tienen soluciones.
Todos tienen enemigos.
Todos necesitan nuestro voto.
Y, sobre todo, todos necesitan que el contribuyente continúe financiando este gigantesco espectáculo político.
Sin embargo, entre tanta bandera, tanta consigna y tanto discurso patriótico o progresista, hay dos cuestiones que merecen una atención especial.
¿CONOCÉIS ALGÚN PARTIDO POLÍTICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE HAYA EXIGIDO UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA SOBRE LA GEOINGENIERÍA Y LOS PROYECTOS DE MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DE LA ATMÓSFERA?
¿Y QUÉ PARTIDOS ESTÁN EXIGIENDO RESPONSABILIDADES POR LOS ABUSOS COMETIDOS DURANTE LA MAYOR ESTAFA SANITARIA DE LA HISTORIA, LAS POLÍTICAS DE VACUNACIÓN Y LOS EFECTOS ADVERSOS GRAVES QUE SE HAN PRODUCIDO?
No hablamos de presentar una pregunta para hacerse una fotografía y olvidarse del asunto.
Hablamos de investigaciones, documentación pública, responsabilidades y resultados.
Porque para discutir sobre Franco, el comunismo, el fascismo o la bandera que debe ondear en un ayuntamiento siempre hay tiempo.
Pero cuando toca examinar las decisiones que nos afectan ahora, parece que a muchos representantes políticos les entra una repentina necesidad de guardar silencio.
- GEOINGENIERÍA: ¿QUIÉN HA AUTORIZADO A LOS POLÍTICOS A JUGAR CON LA
ATMÓSFERA?
Comencemos por nuestro querido planeta.
Durante años, cualquier conversación sobre la modificación artificial del clima podía terminar con el correspondiente calificativo de conspiranoico.
Sin embargo, la investigación en geoingeniería existe.
La siembra artificial de nubes es una tecnología conocida desde hace décadas. También existen propuestas para introducir aerosoles en la estratosfera y modificar la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra.
En mayo de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un documento advirtiendo de las incertidumbres y los posibles riesgos ambientales y
sociales asociados a la modificación de la radiación solar, que ya se hace sobre los cielos de España!!!
El organismo destacó, además, la ausencia de una gobernanza mundial suficientemente desarrollada para estas tecnologías.
¡Manda carallo!
¿Y quién vigilaría semejantes experimentos?
¿Quién autorizaría la utilización de sustancias en la atmósfera?
¿Quién asumiría la responsabilidad si una intervención tuviese consecuencias perjudiciales?
¿Dónde estarían los controles democráticos?
La existencia de estas prácticas sobre los cielos de España es abrumadora, se ve simplemente alzando la vista al cielo. El dueño además de nuestro espacio aéreo es la OTAN, manda carallo!!
Y aquí aparece nuestro extraordinario gallinero parlamentario.
La izquierda presume de ecologista.
La derecha presume de defender la libertad.
Los independentistas reclaman soberanía sobre sus territorios.
Entonces, ¿por qué no convertir el control de estas tecnologías en un debate parlamentario permanente, público y transparente?
Se han presentado iniciativas y preguntas sobre geoingeniería, pero una intervención aislada no sustituye una supervisión continuada.
Mientras tanto, nuestros representantes parecen mucho más interesados en discutir quién ocupa cada sillón.
¡Qué maravilloso sistema!
El ciudadano pregunta por el control ambiental y sus señorías responden hablando de presupuestos, alianzas y pactos electorales.
- EL CONGRESO ESTADOUNIDENSE Y LAS VERGÜENZAS DE LA GESTIÓN SANITARIA
Llegamos ahora a uno de los capítulos más controvertidos de nuestra historia reciente.
La crisis sanitaria de 2020.
Confinamientos, restricciones de movilidad, establecimientos cerrados, negocios arruinados, ciudadanos sancionados y gobiernos tomando decisiones extraordinarias sobre millones de personas.
Se nos dijo que aquellas medidas eran necesarias.
Se nos pidió confianza.
Se nos exigió disciplina.
Y cuando algunos ciudadanos cuestionaron determinadas decisiones, fueron frecuentemente tratados como irresponsables.
Pero transcurridos los años, las investigaciones han permitido examinar con mayor detalle decisiones que en su momento parecían quedar fuera de toda discusión.
El 2 de diciembre de 2024, la mayoría republicana del subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar la plandemia, publicó un informe de más de 500 páginas.
Sus conclusiones fueron especialmente críticas con numerosas decisiones adoptadas durante aquella crisis.
El informe cuestionó la base científica de la distancia obligatoria de seis pies, denunció los perjuicios de los confinamientos prolongados, criticó los mandatos de vacunación y señaló presiones gubernamentales sobre las plataformas digitales.
También documentó enormes fraudes relacionados con los programas estadounidenses de ayudas públicas.
Y ahora llega la pregunta incómoda: ¿cuántas decisiones adoptadas en España merecerían una investigación parlamentaria de semejante profundidad?
En 2020 unos pocos ya sabíamos que todo este asunto era un monumental fraude, con el único objetivo de reducir la población mediante los brebajes que nos querían inyectar por lo civil y por lo militar. Vamos un auténtico genocidio silencioso que se ve claramente ahora.
- LAS VACUNAS: LOS DERECHOS DEL CIUDADANO NO TERMINAN DONDE COMIENZA UNA CAMPAÑA SANITARIA
Nos han convencido que las vacunas son necesarias y la realidad es que son innecesarias, peligrosas y en muchos casos mortales, pero también plantea preguntas
sobre consentimiento informado, autonomía personal, vigilancia de la seguridad y responsabilidad institucional.
Las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos adversos, con más INRI jamás se ha aislado un virus ¡Si no hay agente causal no puede haber vacuna!
Algunos de los efectos graves asociados a determinadas vacunas contra la enfermedad imaginaria COVID-19 fueron reconocidos por las propias autoridades reguladoras. (A pregunta en sede judicial al Ministerio de Sanidad sobre la existencia del COVID 19, su respuesta es, que no tienen ni aislamiento, ni cultivos, ni tienen pu… idea de quien lo tiene, !MANDA COJONES!
Entre los efectos secundarios se encuentran casos frecuentes de miocarditis, pericarditis problemas trombóticos, muerte súbita, turbo cáncer en jóvenes, etc.etc.
La AEMPS también recibió numerosas notificaciones de acontecimientos adversos y estableció procedimientos de evaluación.
Y aquí tenemos otra pregunta.
¿Qué ocurre con una persona que sufre una reacción adversa grave demostrada? ¿Quién la atiende?
¿Quién investiga su caso?
¿Quién responde económicamente cuando corresponde una indemnización? ¿Tiene que enfrentarse individualmente a un gigantesco aparato administrativo? ¿O puede confiar en un procedimiento independiente, rápido y transparente? Resulta bastante fácil organizar una campaña institucional.
Lo difícil es asumir responsabilidades cuando se organiza una campaña criminal de engaño sobre la población.
Durante aquellos años escuchamos innumerables discursos sobre solidaridad, responsabilidad colectiva y protección de los ciudadanos.
Perfecto.
Estamos hartos de mentiras, no ha habido ni una sola comparecencia de ninguna formación política del Congreso de los Diputados, pidiendo disculpas por la mayor campaña de engaño de la historia con un resultado de muertes devastador.
- LA SUPUESTA DERECHA: MUCHAS BANDERAS, PERO ¿DÓNDE ESTÁN LAS RESPONSABILIDADES?
Empecemos por nuestros queridos representantes de la derecha.
El Partido Popular lleva décadas presentándose como una alternativa de gobierno responsable.
Vox presume de defender la soberanía nacional, las libertades y los derechos de los españoles.
Muy bien, señores.
¿Y qué investigaciones concretas proponen sobre las decisiones adoptadas durante la mayor estafa sanitaria de la historia?
¿Qué medidas impulsarían para garantizar la transparencia de los proyectos de geoingeniería?
¿Cómo mejorarían la atención a personas con daños vacunales acreditados? ¿Qué responsabilidades políticas consideran necesario investigar?
Porque gritar «¡Viva España!» resulta bastante sencillo.
Lo complicado es defender los derechos de los españoles cuando hacerlo exige revisar decisiones de las propias instituciones.
Y no olvidemos que el PP también gobernó comunidades autónomas durante la estafa sanitaria.
Por tanto, cualquier revisión seria debería alcanzar tanto a gobiernos socialistas como populares.
La responsabilidad política no desaparece porque el responsable lleve una bandera nacional en la solapa.
En cuanto a Vox, ha presentado iniciativas y preguntas sobre las políticas de vacunación y el consentimiento informado.
Eso forma parte de su actividad parlamentaria.
Pero el ciudadano tiene derecho a pedir algo más que intervenciones, titulares y vídeos para las redes sociales.
Tiene derecho a preguntar qué resultados se han obtenido.
Porque la oposición no debería ser un concurso de discursos especialmente indignados. Debería servir para controlar eficazmente al Gobierno.
¡Ay, Manoliño!
Cuántos discursos contra el sistema y qué poca claridad tenemos a veces sobre cómo cambiarían sus mecanismos quienes prometen combatirlo.
- LA SUPUESTA IZQUIERDA: SALVAR EL PLANETA Y PROTEGER AL PUEBLO, PERO SIN QUE EL PUEBLO MOLESTE DEMASIADO
Ahora llegamos a nuestros queridos progresistas.
PSOE, Sumar, Podemos y demás organizaciones de ese espacio político aseguran defender el medio ambiente, los derechos sociales, la salud pública y la justicia.
Magnífico.
Entonces deberían recibir con entusiasmo cualquier petición razonable de transparencia científica y política.
¿Verdad?
Porque si alguien defiende el medio ambiente, debería exigir controles estrictos sobre cualquier intervención atmosférica.
Y si alguien defiende los derechos de los trabajadores, debería preocuparse por las consecuencias de las decisiones administrativas que provocaron cierres de negocios y pérdidas de empleo.
Si alguien defiende la sanidad pública, debería apoyar investigaciones independientes sobre los riesgos de los tratamientos.
Y si alguien defiende la libertad, debería rechazar las restricciones desproporcionadas y los intentos de silenciar críticas legítimas.
Pero nuestra política ha desarrollado una habilidad extraordinaria para transformar cualquier debate en una guerra de etiquetas.
Si criticas una medida sanitaria, algunos te consideran enemigo de la ciencia. Si cuestionas una política climática, otros te acusan de querer destruir el planeta.
Si preguntas por el gasto público, puede que termines convertido en enemigo de los servicios sociales.
¡Qué mecanismo tan cómodo!
En lugar de responder a las preguntas, se discute sobre la identidad ideológica de quien las formula.
Una democracia que necesita desacreditar constantemente a quien pregunta debería revisar seriamente su concepto de transparencia.
Porque la ciencia no pertenece a un partido político.
La salud tampoco.
Y el planeta, por mucho que algunos pretendan administrarlo mediante campañas publicitarias, continúa sin estar afiliado al PSOE, a Sumar ni a ninguna otra organización.
- LOS INDEPENDENTISTAS Y EL
MARAVILLOSO NEGOCIO DE CAMBIAR DE PASTOR
No podían faltar nuestros amigos nacionalistas e independentistas. ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y demás organizaciones territoriales.
Todos defienden, con distintos planteamientos, una mayor capacidad de decisión sobre sus respectivas comunidades.
Estupendo.
Pero sería interesante saber qué harían con esa capacidad de decisión en asuntos tan delicados como la supervisión ambiental y sanitaria.
Porque defender la soberanía territorial no consiste exclusivamente en colocar otra bandera en la fachada del ayuntamiento.
También implica asumir responsabilidades.
¿Estarían dispuestos a someter sus propias decisiones sanitarias a investigaciones independientes?
¿Publicarían los datos de los proyectos ambientales?
¿Garantizarían que los ciudadanos pudieran cuestionar a sus respectivos gobiernos sin recibir descalificaciones?
Porque existe una diferencia considerable entre reclamar más poder y garantizar que ese poder esté mejor controlado.
Cambiar Madrid por Barcelona, Bilbao o Santiago de Compostela no convierte automáticamente una administración en más transparente.
Y sustituir un ministerio por una consejería autonómica tampoco elimina por arte de magia la burocracia.
¡Manda carallo!
Al final, algunos ciudadanos podrían encontrarse pagando a varios pastores distintos para que todos les expliquen lo mismo: que su bienestar exige obedecer las decisiones del correspondiente gobierno.
- EL VERDADERO PROBLEMA: LOS POLÍTICOS HAN CONVERTIDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN UN ESPECTÁCULO
Y aquí llegamos al corazón de nuestro querido gallinero.
La política española funciona demasiado a menudo como una gigantesca representación teatral.
Los actores cambian.
Las siglas cambian.
Los discursos cambian.
Pero una pregunta fundamental permanece:
¿Quién controla realmente las decisiones de quienes ejercen el poder? Un Gobierno debería poder explicar por qué adopta una medida.
La oposición debería investigar su legalidad, su eficacia y sus consecuencias. Los organismos públicos deberían proporcionar información.
Y los ciudadanos deberían poder cuestionar las decisiones de cualquier administración.
Sin embargo, la discusión política se convierte frecuentemente en un espectáculo de acusaciones cruzadas.
Los socialistas culpan a los populares.
Los populares culpan a los socialistas.
Los independentistas culpan al Estado.
Y todos parecen encontrar una extraordinaria facilidad para detectar los errores del adversario.
Mucho más difícil resulta reconocer los propios.
La transparencia suele parecer una idea magnífica cuando se está en la oposición y una molestia administrativa cuando se llega al Gobierno.
¡Qué extraordinaria metamorfosis!
- LA GRANJA ESPAÑOLA: MANOLIÑO Y LOS PASTORES DE TODOS LOS COLORES
Imaginemos ahora una enorme explotación ganadera.
En ella viven millones de ovejas distribuidas en diferentes cercados. Unas son azules.
Otras son rojas.
También tenemos verdes, moradas, amarillas y algunas que reclaman su propio establo independiente.
Cada rebaño dispone de un pastor.
Los pastores azules aseguran que los rojos están arruinando la granja. Los rojos explican que los azules quieren apropiarse de toda la hierba. Los verdes prometen proteger los pastos tradicionales.
Los morados exigen una distribución más justa del pienso.
Y los independentistas reclaman competencias exclusivas sobre las ovejas de su territorio.
Mientras tanto, un pequeño grupo de ovejas gallegas observa el espectáculo.
Hasta que una de ellas pregunta:
—Oes, Manoliño, ¿e quen está controlando a auga que bebemos? Nadie responde.
—¿E quen decide os medicamentos que nos administran?
Silencio.
—¿E quen autoriza os experimentos sobre os nosos prados?
Los pastores empiezan a ponerse nerviosos.
—¿E podemos ver as contas da explotación?
¡ESCÁNDALO!
Inmediatamente se convoca una reunión extraordinaria.
El Gobierno propone crear una comisión.
La oposición solicita otra comisión para investigar a la primera.
Los independentistas reclaman representación territorial en ambas.
Y un asesor propone constituir el Observatorio Nacional del Bienestar Ovino, con presupuesto independiente, sede propia y treinta y siete altos cargos.
Tres años después, las ovejas siguen esperando las respuestas.
Pero el observatorio ya tiene logotipo, página web, vehículos oficiales y departamento de comunicación.
Manoliño contempla semejante espectáculo y exclama:
—Manda carallo, Pepiño. Eu pensaba que tiñamos un problema cos pastores, pero agora temos máis pastores ca ovellas.
- CONCLUSIÓN: NO QUEREMOS OTRO PASTOR, QUEREMOS QUE RESPONDAN LOS QUE TENEMOS
La cuestión de fondo no es si gobierna la derecha o la izquierda.
Tampoco si el presidente habla castellano, catalán, gallego o euskera.
Ni siquiera es el color de la bandera que preside el Consejo de Ministros.
El verdadero problema comienza cuando los representantes públicos consideran que sus decisiones no deben someterse a un escrutinio profundo.
La investigación en geoingeniería exige transparencia, controles y debate democrático.
Las políticas sanitarias requieren evaluación rigurosa de sus beneficios, riesgos y consecuencias.
Los abusos administrativos merecen responsabilidades.
Y quienes hayan sufrido daños demostrados por decisiones públicas deben disponer de mecanismos efectivos de reparación.
No podemos permitir que una institución se convierta en juez exclusivo de sus propios errores.
Tampoco que cualquier crítica sea automáticamente desacreditada por proceder de un determinado sector ideológico.
Las preguntas incómodas no destruyen una democracia.
Lo que puede deteriorarla es la incapacidad de sus instituciones para responderlas con hechos.
Porque un ciudadano no debería tener que elegir entre obedecer ciegamente al Gobierno o aceptar sin pruebas cualquier acusación contra él.
Tiene derecho a exigir documentos, explicaciones e investigaciones independientes. Y tiene derecho a cambiar de opinión cuando aparecen nuevas pruebas. Eso es lo que distingue a una sociedad libre de un rebaño perfectamente adiestrado.
Por tanto, señores del PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y demás representantes de nuestra fauna parlamentaria:
MENOS DISCURSOS Y MÁS DOCUMENTOS.
MENOS PROPAGANDA Y MÁS INVESTIGACIONES.
MENOS GUERRAS IDEOLÓGICAS Y MÁS RESPONSABILIDADES.
Porque los ciudadanos no deberían existir para financiar las ambiciones de sus representantes.
Son las instituciones las que deberían existir para servir a los ciudadanos. Y terminamos con una pequeña reflexión de nuestro querido Manoliño:
—Pepiño, levo toda a vida vendo como os pastores cambian de chaqueta, de bandeira e de discurso. Uns din que son de dereitas, outros de esquerdas e outros queren unha granxa independente.
—¿E ti que pensas, Manoliño?
—Pois que xa non quero saber de que cor é o pastor. Quero saber quen lle deu permiso para pensar que a granxa é súa.
¡MANDA CARALLO!
Porque la libertad no consiste en elegir periódicamente el color del pastor. Consiste en que ningún pastor pueda tratar a los ciudadanos como si fueran de su propiedad.
