La Ley de Vagos y Maleantes conocida popularmente como «la Gandula», fue una ley del Orden Penal español de 4 de Agosto de 1933 aprobada por consenso de todos los grupos políticos en las Cortes de la II República, referente al tratamiento y control de vagabundos, nómadas, o rufianes sin oficio, proxenetas, entre otros, de comportamientos considerados antisociales. Gente que podía liarla en un sitio y luego trasladarse a otro, como hacen a menudo los vagabundos desarraigados criminales a los que el Estado de Felipe VI, el PSOE o Abascal pretenden que nos acostumbremos. Y a bofetada limpia. Porque la calle es de ellos y así podrán tener, en las alturas del Poder, margen de sobra para robar a destajo mientras estamos distraídos con este verdadero bajo mundo.
La II República creó la Ley de Vagos y Maleantes que el Franquismo siguió aplicando, pero no era para tanto
En el comienzo de la aplicación, la ley no sancionaba delitos, sino que intentaba evitarlos y no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad. Su desarrollo reglamentario desvirtuó completamente la ley llegando a crear campos de internamiento, denominados Reformatorios de Vagos y Maleantes, y permitiendo que fuese utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.
Y cuidado, peperos: el primer potencial sospechoso para esta ley es alguien muy cercano a vosotros, aunque mucho más cercano al poder y a los chiringuitos a los que dice combatir:
Una ley que los «padres de la patria» consideraron acertada en el tiempo y momento histórico que se vivía. El uso abusivo de la ley se vio ampliado por la publicación en 1935 del Reglamento sobre Vagos y Maleantes. Se mantuvo en vigor hasta el 5 de agosto de 1970, año que fue sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, en la que se incluyó a los drogadictos, las prostitutas y los inmigrantes ilegales, aunque era un recurso que siempre fue más orientado y aplicado como elemento disuasorio y como fuente de agravantes en caso de que estas personas desarraigadas cometieran delitos.
