Se ha producido una nueva polémica entre Abascal y el secretario de comunicación de la CEE por el motivo de la «prioridad nacional». Un mantra mágico, incluso milagroso, que ha tenido la virtud de desenmascarar a tanto hipócrita encanallado que medra en el reino. Curiosamente los mismos obispos que ponen sordina a cualquier otra grave fechoría del Régimen oportunamente compinchados con sanchistas, ventajistas catalanes y filoetarras por él se rasgan las vestiduras o desenfundan el báculo y atacan a Abascal, líder de la formación teóricamente más afín a los valores tradicionales religiosos españoles.
Para evitar la profanación del Valle de los Caídos nos dicen que no tienen competencias. No obstante, el portavoz de la CEE se compungía con aviesa mansedumbre, disimulo y piadosa congoja para acusar a Abascal de injuria por decir que un obispo se enriquece con la inmigración. Sin embargo, según el estudio de Carlos Balén publicado en Infovaticana, a nivel institucional existen poderosos intereses para avalar la complicidad episcopal con las políticas de invasión descontrolada del gobierno. Forman parte del negocio. Algunos datos reveladores serían estos:
“Accem fue creada en 1951 por la propia Conferencia Episcopal con el nombre original de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. En 1990 se desprendió del adjetivo religioso y se reinscribió como entidad civil aconfesional, lo cual no fue un giro ideológico sino una operación administrativa: lo aconfesional accede a líneas de subvención a las que lo confesional no llega. Dos años después firmaba su primer gran convenio con el INSERSO para gestionar Centros de Acogida de Refugiados, y a partir de ahí entró en el círculo cerrado —Cruz Roja, CEAR, Accem— al que el Estado adjudica la acogida sin concurso público real.
Las cifras explican el silencio mejor que cualquier teología. En 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. La estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Es una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al ritmo al que crecen las llegadas irregulares.
Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 movió 486,9 millones de euros, un récord histórico. De esos, 143,4 millones provienen de administraciones públicas: el 29,5% del balance global. La proporción privada es mayor que en Accem porque Cáritas conserva una base de donantes y herencias que la blinda parcialmente, pero ciento cuarenta y tres millones anuales de dinero público no son una propina. Son una dependencia estructural. La propia memoria reconoce que el 47% de las personas atendidas son inmigrantes en situación administrativa irregular: unas 550.000. Cáritas no acompaña residuos del sistema; acompaña, por volumen, sobre todo a quienes han entrado al margen de la legalidad. Y luego defiende públicamente las regularizaciones extraordinarias y la ampliación del arraigo, como hizo durante toda la tramitación de la ILP en el Congreso. La organización que cobra por atender a inmigrantes ilegales hace lobby para que haya más inmigrantes ilegales que regularizar. No hay misterio.
El conjunto del sistema se entiende mejor con una sola cifra: las subvenciones a entidades de acogida sumaron 1.458 millones de euros entre 2020 y 2024 según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión. La acción concertada articulada en 2022 mediante el Real Decreto 220/2022 y la Orden ISM/680/2022 permite adjudicaciones directas, sin concurso, a un grupo cerrado de operadores. Cruz Roja se lleva el 49%. CEAR y Accem rondan, cada una, el 15%. Esas tres entidades concentran alrededor del 85% del total. Dos de ellas —Accem por origen y dirección, Cáritas por dependencia diocesana— son brazos eclesiales. El reparto está cerrado, los actores son siempre los mismos, y los importes crecen año tras año en correlación directa con el flujo migratorio. En 2024 entraron irregularmente 63.970 personas, un 12,5% más que el ejercicio anterior. La industria sigue el mismo ciclo expansivo.»
De modo que si estos datos son ciertos, o al menos de parecida magnitud, con cada invasor que traen al obispo los ojos les hacen chiribitas como al Tío Gilito: es dinero para la saca. Así que por mucho que monseñor amague los gestos de la boca sinuosa de disimulos, la CEE se escuda en el evangelio para defender intereses económicos y políticos en los que está implicada. Sí. Tras participar en el negocio de la trata en su etapa final que posibilita las anteriores, suma el tartufismo de envolverse en la palabra divina. Pero si esto es un escándalo en sí mismo, otro no menor es que no solo los contribuyentes sino los cristianos sinceros no lo denuncien.
Ahora bien, la cuestión no termina ahí en los intereses económicos directos citados sino en el proceso judaizante que sufre la Iglesia Católica agravado por Bergoglio. Un proceso que pretende esconder una realidad histórica incontrovertible: que el judaísmo y el cristianismo no son solo diferentes sino también opuestos. Pero en vez de defender nuestro cristianismo con el magnífico proyecto civilizatorio que dio a luz a la Hispanidad, se colabora con el proceso judaizante de construcción de la pax judaica. Un proyecto según la cual el cristianismo debe desaparecer junto con las sociedades nacionales tradicionales cristianas que deben ser saboteadas y diluidas mediante invasiones descontroladas. Es tremendo que la propia CEE actual, obnubilada por obtener beneficios de intereses materiales a corto plazo, o presa de ideologías buenistas suicidas, o consciente de la traición en algunos casos, colabore en esta demolición.