Este miércoles ha saltado una noticia importante que podría abrir el camino para poner freno a determinadas decisiones de altos órganos judiciales que se toman sobre delincuentes en función de su ideología o para favorecer que Sánchez permanezca en el gobierno: la Audiencia Provincial de Sevilla ha planteado llevar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su controvertida sentencia en el caso de los ERE de Andalucía. Este planteamiento sin precedentes refleja las crecientes dudas sobre la compatibilidad de las decisiones del TC con el derecho europeo, especialmente en un caso que destapó una de las tramas de corrupción más graves de la historia reciente de España.
El escándalo de los ERE, que implicó el desvío de más de 680 millones de euros en ayudas públicas durante los gobiernos socialistas en Andalucía, llevó a la condena de figuras clave del PSOE como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, el pasado verano, el Tribunal Constitucional, presidido por Conde-Pumpido, estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por estos y otros ex altos cargos, anulando parte de las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla y ratificadas por el Tribunal Supremo. El TC justificó su decisión argumentando que las partidas presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz legitimaban las ayudas, una interpretación que la Audiencia sevillana considera ahora incompatible con el derecho de la Unión Europea.
En una providencia emitida este miércoles, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dado un plazo de diez días a las partes implicadas para que presenten alegaciones sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE. Los magistrados cuestionan si las valoraciones del TC respetan las normativas europeas y si los tribunales ordinarios deberían incluso desoír las sentencias del Constitucional en este caso, al entender que podrían estar legitimando conductas delictivas.
Cándido Conde-Pumpido fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional en enero de 2023, tras una renovación parcial del órgano impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Su designación no estuvo exenta de polémica: Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), ha sido históricamente vinculado al PSOE. Fundador de la asociación progresista Jueces para la Democracia (ahora denominada «Juezas y Jueces para la Democracia»), su trayectoria ha estado marcada por una clara afinidad con las posiciones socialistas, lo que ha levantado fundadas sospechas sobre su imparcialidad en casos como los ERE.
Juristas independientes han acusado a Conde-Pumpido de actuar como un protector de los intereses del PSOE, especialmente en casos de corrupción. En el asunto de los ERE, su decisión de amparar a Chaves, Griñán y otros ex cargos socialistas ha sido tildada de «indulto encubierto», una maniobra que, según la Audiencia de Sevilla, podría contravenir las exigencias europeas de lucha contra la corrupción política.
La figura de Conde-Pumpido no solo está en entredicho por sus decisiones judiciales, sino también por los escándalos que han salpicado a su entorno familiar. Su hijo, Cándido Conde-Pumpido Varela, abogado de profesión, ha protagonizado titulares por su vida personal y profesional. En 2023, Conde-Pumpido Varela fue detenido en Madrid en el marco de una investigación por presunta agresión sexual, un caso que generó un enorme revuelo mediático. Aunque finalmente no se presentaron cargos firmes contra él, el episodio dañó la imagen de su padre, quien como presidente del TC debe proyectar una autoridad moral incuestionable. En abril de 2024, el hijo de Conde-Pumpido volvió a ser detenido por, presuntamente, agredir a su ex-pareja. La Guardia Civil procedió a su detención tras la denuncia de la mujer, quien aseguró que le habría amenazado de muerte mientras viajaban en coche.
Estos escándalos, aunque personales, han alimentado las críticas hacia el presidente del TC, reforzando la percepción de que su liderazgo está marcado por una mezcla de favoritismo político y sombras extrajudiciales.
La iniciativa de la Audiencia de Sevilla de llevar este asunto al TJUE supone un reto a la autoridad de Conde-Pumpido y al Tribunal Constitucional. Si el tribunal europeo falla en contra de las sentencias del TC, podría sentarse un precedente devastador para la credibilidad del órgano garante de la Constitución española. Además, reavivaría el debate sobre la politización de la justicia en España y el papel de figuras como Conde-Pumpido, cuya trayectoria parece inseparable de los intereses del PSOE.
En un momento en que la confianza en las instituciones está en entredicho, este nuevo capítulo del caso ERE pone a prueba los límites del sistema judicial español. ¿Protegerá el TJUE los principios del derecho europeo frente a lo que algunos ven como un intento de blanquear la corrupción socialista? La respuesta podría marcar un antes y un después en la carrera de Cándido Conde-Pumpido y en la percepción de la justicia en España.
el tribunal Corrupto institucional, no es un organo judicial. es un organo politico