La verdad, tarde o temprano, sale a la luz, aunque sea con cuentagotas. Pero lo importante es que haya medios y autoridades que comiencen a reconocer lo que muchos hemos estado criticando durante estos tres últimos años: la censura tan brutal impuesta en medios de comunicación y redes sociales si se mostraba una opinión distinta al relato oficial.
Hace escasos días, el periódico estadounidense ‘The Wall Street Journal’ ha publicado un artículo de opinión que lleva por título «La censura de Covid demostró ser mortal» y cuyo subtítulo dice lo siguiente: «El gobierno y las empresas de redes sociales se confabularon para sofocar a los disidentes que resultaron tener razón«.
Además, hemos conocido a través de varios medios extranjeros que un Juez Federal de Luisiana ha limitado los contactos entre el gobierno de Biden y las redes sociales. Cargos de departamentos como el de justicia, sanidad, seguridad, FBI e incluso los CDC (Centros de control y prevención de enfermedades) entre otros, no podrán reunirse con plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter con «el propósito de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a la retirada, eliminación, supresión o reducción de contenidos protegidos por la libertad de expresión». Tampoco podrán enviar correos electrónicos, llamar o enviar cartas a esas plataformas para influir sobre sus contenidos.
Una de las conclusiones del fallo es que la decisión evita que las agencias gubernamentales ejerzan una influencia excesiva en las empresas de redes sociales. El fallo sienta un precedente que podría impactar casos futuros relacionados con el papel del gobierno en la regulación del discurso en línea.
En estos años pudimos comprobar como eran censurados y eliminados de las redes sociales científicos y médicos de reconocido prestigio como Robert Malone o Peter McCullough por intentar alertar a la población sobre la peligrosidad de los experimentos. Es tan solo un ejemplo de los cientos de cuentas que fueron canceladas en las redes y los miles de contenidos tanto científicos como de opinión que fueron y son suprimidos.
Twitter, YouTube, etc, tienen que rendir cuentas por crímenes de guerra y por actos contra las constituciones y el Derecho de cada país.
No se puede pasar página con lo que ha hecho y sigue haciendo esa odiosa gentuza.
Toda la plantilla de los últimos tiempos merece años de cárcel. Incomunicada, como nos han querido tener ellos.