El 28 de octubre de 2026, un AVE de Renfe embistió por detrás a un Iryo detenido cerca de Urda (Toledo). El balance provisional es de 69 fallecidos, el peor accidente de alta velocidad en la historia de España. Una caída del sistema LZB provocó paradas automáticas; el centro de control de Adif en Atocha ordenó al AVE reanudar “con marcha normal” en lugar de “marcha a la vista”; fallaron sucesivas barreras de seguridad (protocolos, señales, supervisión visual durante unos 17 minutos). El ministro Óscar Puente calificó la orden de “inexplicable” y “errónea”, señaló a Adif y descartó dimitir. La oposición, en precampaña hacia el 29-N, exige rendición de cuentas. Ese es el hecho central.
El País, en cambio, ha publicado este 2 de noviembre un texto titulado “La tragedia empuja a la ultraderecha a una espiral de brutalidad”, con el antetítulo “Vox y otros grupos extremistas se lanzan en las redes y en la calle a insultar y criminalizar al Gobierno”. La pieza se centra en concentraciones de Falange, Revuelta, Solidaridad y Reconquista, en gritos de “Óscar Puente, asesino” o “Pedro Sánchez, hijo de puta”, en llamamientos de algunos ultras a “alzarse” y en la retórica de Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox. Una portada previa había anunciado que “el mundo” estaba “en vilo a la espera de la respuesta de la extrema derecha”.
El enfoque es manipulador hasta un extremo inaceptable por varias razones concretas.
Primero, invierte la causalidad y la jerarquía informativa. La tragedia no “empuja” a la ultraderecha a nada; la tragedia mata a 69 personas por una cadena de fallos técnicos y humanos bajo la supervisión del Ministerio de Transportes. La reacción política (agresiva, oportunista o indignada) es una consecuencia secundaria. Colocarla como sujeto y núcleo del titular convierte el hecho en un pretexto para el relato preferido del medio: el peligro que representa la derecha radical. Las víctimas, las familias, los audios del control de Atocha, el sistema LZB envejecido, la repetición de problemas tras Adamuz (enero de 2026) o la negativa del ministro a asumir consecuencias personales quedan en segundo plano o fuera del encuadre principal.
Segundo, homogeniza y dramatiza. Describe una “espiral de brutalidad” que incluye insultos, imputaciones de criminalidad y algún llamamiento al alzamiento. Los insultos en una protesta callejera son deplorables y habituales en todas las franjas ideológicas españolas desde hace años; no constituyen por sí mismos una “espiral de brutalidad” comparable a la violencia física o a la gestión que acaba en decenas de muertos. El lenguaje hiperbólico (“ebullición”, “carrera por mostrarse como el más duro”, “iracundo”) sirve para deslegitimar cualquier crítica dura al Gobierno como extremismo. El mismo medio y otros de su órbita no aplicaron un rasero equivalente cuando, tras otras catástrofes o crisis, la izquierda radical o los independentistas usaron retórica inflamatoria.
Tercero, funciona como escudo político en precampaña. El Gobierno de Pedro Sánchez acumula desgaste por gestión, corrupción y polarización. Un accidente ferroviario de esta magnitud, con indicios claros de errores y fallos sistémicos en infraestructura bajo su mandato, es políticamente letal. Desviar el foco hacia “la ultraderecha en ebullición” y “la espiral de brutalidad” permite presentar al Ejecutivo como víctima de la “ira” y el “antisanchismo”, en lugar de como responsable de la seguridad ferroviaria. Expertos citados en el propio artículo (sobre polarización y “voto protesta”) refuerzan el marco: el problema es la explotación emocional de la tragedia por la derecha, no la tragedia en sí ni las condiciones que la hicieron posible.
Cuarto, hay un patrón reconocible. Tras la dana de Valencia, los incendios o Adamuz, el mismo enfoque priorizó la “desinformación” o la “rabia” de la oposición sobre los fallos de prevención, coordinación o mantenimiento. Cuando el medio de referencia de la izquierda cultural y política decide que la historia principal de un desastre con 69 muertos es la reacción de sus adversarios, no está informando: está haciendo activismo editorial. La audiencia recibe primero el marco (“cuidado con la ultraderecha”) y solo después, si acaso, los datos del accidente.
Los hechos objetivos siguen siendo los mismos: dos trenes, una orden errónea desde Atocha, fallos encadenados, 69 muertos, un ministro que no dimite y una investigación en curso. Cualquier análisis serio debe empezar por ahí. El titular de El País no lo hace. Invierte el orden de las prioridades, patologiza la reacción política y protege narrativamente al poder en el momento en que más necesita ser escrutado. Eso no es periodismo crítico; es manipulación política de manual. Y en un país que acaba de enterrar a decenas de personas por un accidente evitable, resulta especialmente indigno.
