El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha reconocido una indemnización de 219.723,74 euros a la familia de una joven de 24 años fallecida en agosto de 2025. La causa: una trombosis venosa cerebral masiva que no se diagnosticó a tiempo. Entre el 20 y el 30 de julio de ese año, la joven acudió reiteradamente al centro de salud de Suances (hasta en cuatro ocasiones) y al Hospital Sierrallana de Torrelavega (tres veces) con intensos dolores de cabeza y vómitos persistentes. En la primera visita a Urgencias, la «impresión diagnóstica» fue gastroenteritis. Le dieron tratamiento sintomático y la enviaron a casa con control por su médico de Atención Primaria.
Los síntomas no remitieron. Volvió. Y volvió. Tras las reiteradas visitas, el propio servicio de Urgencias del hospital solicitó un TAC craneal urgente… que nunca se practicó. La enviaron de nuevo a su domicilio. Al día siguiente la encontraron tirada en el suelo, desorientada. Ya era tarde: una trombosis cerebral masiva. Ingresó en estado crítico en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y falleció el 14 de agosto de 2025.
El SCS ha estimado íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial. Los informes reconocen que la atención «no fue la adecuada en tiempo y forma» y «no se adecuó a la práctica clínica habitual ni a los protocolos de actuación vigentes». Señalan «inicios de retraso diagnóstico» y destacan que debieron tenerse en cuenta los antecedentes de toma de anticonceptivos orales como criterio de alarma. La indemnización es de poco más de 200.000 euros, una cantidad que, como se ha señalado con amargura en redes, «es un insulto». Una muchacha de 24 años con toda la vida por delante, una familia destrozada y un sistema sanitario que, una vez más, confunde un cuadro neurológico potencialmente mortal con un simple trastorno digestivo.
Desgraciadamente este no es un caso puntual sino el el reflejo de un patrón alarmante en la sanidad pública española: diagnósticos precipitados, pruebas no realizadas, altas tempranas y una peligrosa tendencia a minimizar síntomas graves, especialmente cuando el paciente es joven. La «gastroenteritis» se ha convertido en un cajón de sastre peligroso.
Casos que se repiten como un eco siniestro. Solo en los últimos años, los ejemplos se acumulan:
- En Málaga, el SAS deberá indemnizar con 218.515 euros a la familia de una mujer a la que diagnosticaron gastroenteritis cuando en realidad sufría un síndrome coronario agudo (infarto). La demora de apenas 74 minutos redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia (superiores al 91 % con atención inmediata)
- En Galicia, el Sergas ha sido condenado en varios casos similares: un hombre de 65 años murió de un infarto dos horas después de que le diagnosticaran gastroenteritis vírica en el PAC de Verín (indemnización de 60.000 euros a viuda e hijas). Otra menor de 3 años falleció por una infección por E. coli tras un diagnóstico erróneo de gastroenteritis y falta de pruebas (60.000 euros).
- En Sevilla, un hombre murió por obstrucción intestinal tras dos altas médicas por «gastroenteritis». Su esposa e hija reclaman más de 280.000 euros.
- En Valencia, una mujer de 69 años falleció en urgencias del Hospital General tras 36 horas sin ser atendida por nadie, a pesar de padecer una pancreatitis aguda. Indemnización: 225.000 euros.
- En Cataluña, una joven de 21 años murió por trombosis venosa cerebral tras acudir a urgencias con cefaleas invalidantes, vómitos y pérdida de visión. Le diagnosticaron toxoinfección alimentaria y covid. El TAC tardó más de nueve horas.
Los datos de la asociación El Defensor del Paciente son demoledores: en 2025 se registraron 14.986 denuncias por presuntas negligencias médico-sanitarias (récord), de las cuales 951 terminaron en muerte (153 más que en 2024). Las causas más frecuentes: errores diagnósticos, altas precipitadas, retrasos en pruebas y sobrecarga de los servicios de Urgencias y Atención Primaria.
La sanidad pública española está herida. Listas de espera interminables, rotación constante de médicos muy jóvenes y una cultura que a veces prioriza «mover» pacientes en lugar de investigar a fondo.
Cuando una joven de 24 años con cefalea intensa, vómitos persistentes y factores de riesgo (anticonceptivos) es enviada a casa tres veces sin un TAC, no estamos ante un «error humano aislado» que ningún médico de los que la atendieron, por supuesto va a asumir ni va a ser penalizado. Estamos ante un fallo sistémico. La indemnización de poco más de 200.000 euros no repara nada. No devuelve a una hija, a una hermana, a una mujer con toda una vida por vivir. Solo pone cifra a una tragedia evitable. La familia de esta joven de Cantabria ha obtenido un reconocimiento oficial de la mala praxis. Pero la verdadera justicia no se mide en euros.
(Por Lourdes Martino)
