La campaña del 29-N no se entiende como una sucesión de torpezas del Gobierno, sino como la última fase de un proyecto que viene de lejos.
Quedan poco más de cuatro semanas para que los españoles acudan a las urnas, y conviene no tomarse este tiempo como un trámite. Lo que se decide el 29 de noviembre no es solo quién ocupará La Moncloa durante los próximos cuatro años. Y lo que puede ocurrir de aquí a esa fecha está abierto. Quien dé por hecho que todo transcurrirá con normalidad quizá peque de ingenuo.
Para interpretar el presente hay que mirar atrás, y hacerlo cuantas veces haga falta. El punto de partida, a mi juicio, está en el año 2000. La mayoría absoluta del Partido Popular fue vivida por una parte de la izquierda como una anomalía que no debía repetirse. De aquella herida surgió una alianza amplia —que con el tiempo acabaría integrando al independentismo y a quienes nunca han condenado el terrorismo— con un propósito compartido: cerrar el paso a la derecha de manera duradera. No bastaba con ganarle elecciones; había que despojarla de legitimidad. Instalar en la conciencia colectiva la idea de que la democracia pertenece a un solo lado del espectro y de que el otro es, por naturaleza, sospechoso.
La referencia histórica no es casual. El Frente Popular sigue funcionando como modelo y como mito. Una parte de la izquierda española no ha dejado nunca de concebir la política como la prolongación de un conflicto que quedó injustamente cerrado en 1939, y la reescritura de aquella historia forma parte del combate actual. Precisamente por eso conviene conocerla bien: los historiadores han documentado las graves irregularidades de la izquierda del Frente Popular que rodearon el recuento electoral de febrero de 1936. Olvidarlo sería imprudente, ya que hubo un fraude electoral masivo con destrucción de cientos de miles de votos que iban a la derecha.
José Luis Rodríguez Zapatero fue quien abrió esta etapa, más como ejecutor que como estratega. Pedro Sánchez la ha llevado a su plenitud. Y entre uno y otro hay una frase que lo resume todo, aquella confidencia captada por un micrófono abierto: «nos conviene que haya tensión». No fue un desliz. Fue una declaración de método. La crispación no es un efecto indeseado de este Gobierno, sino una herramienta. Por eso es un error leer muchas de sus decisiones como fruto de la improvisación o la incompetencia. Lo que desde fuera parecen torpezas responden, con frecuencia, a un cálculo frío y, desde su lógica, bastante eficaz.
Veamos la vivienda. Tras casi ocho años en el poder sin una política seria que haya aliviado el problema, el Gobierno ha convocado estas elecciones después de perder en el Congreso sus decretos sobre la materia. Y, sin embargo, el foco de la protesta no apunta a quien ha tenido la responsabilidad, sino a la oposición. Se elige un caso concreto, se le da proyección nacional, se sitúa —cómo no— en Madrid, y se moviliza la calle contra quien no gobierna España. Las centrales sindicales, que tanto callaron durante estos años, han encontrado de pronto motivos para una huelga general. Lo extraño no es la protesta; lo extraño es la dirección que toma.
Lo mismo sucede con la enseñanza pública. Durante años, ninguna comunidad parecía tener problemas educativos dignos de movilización. Ahora, con las urnas a la vista, el conflicto estalla y lo hace, de nuevo, en Madrid. Puede tratarse de una coincidencia. Pero las coincidencias que se repiten con tanta precisión empiezan a parecerse mucho a un guion.
Hay asuntos de mayor calado. La llamada «ley de nietos», que ampliará notablemente el número de personas con derecho a la nacionalidad y al voto, merece ser examinada no solo como una medida de reparación histórica, sino por su efecto potencial sobre el censo electoral. Y la gestión de la situación en Ceuta, producto de la sumisión de Pedro Sánchez ante Rabat, admite también otra lectura: la de un conflicto que conviene mantener vivo, porque permite señalar como extremistas a quienes defienden la españolidad de la ciudad. Una vez más, la tensión rinde.
Me atrevo a formular una conjetura, y la presento como tal. El Gobierno sabe que las encuestas no le son favorables. Si eso es así, su margen de maniobra se estrecha a dos posibilidades: alterar las condiciones en que se vota o alterar las condiciones en que se celebra la votación. Frente a lo primero, la última garantía son las instituciones que aún mantienen su independencia: la Junta Electoral Central, los tribunales, los interventores y apoderados en cada mesa, y una ciudadanía vigilante. Frente a lo segundo, solo cabe estar atentos a cualquier crisis, exterior o interior, cuya gravedad pudiera invocarse para alterar el calendario.
No pretendo alarmar, sino llamar a la responsabilidad. Si el objetivo de fondo de este proyecto ha sido siempre que la alternancia deje de ser posible, cabe esperar que no se renuncie a él sin resistencia del actual Frente Popular comandado por Sánchez. Por eso el 29 de noviembre no es una cita más. Es la ocasión de demostrar que en España el poder todavía se gana y se pierde en las urnas, y que quien lo pierde lo entrega.
Treinta y cuatro días. Conviene vivirlos con los ojos abiertos. Esto dejará de ser una guerra híbrida entre la derecha y la izquierda, para pasar a ser una guerra plena. La izquierda hará todo lo posible para dejar de ser subcampeona.
