Un análisis difundido en medios afines al régimen marroquí sostiene que las autoridades de Rabat conocieron con antelación la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio de 2026 y que trasladaron avisos preventivos a Madrid y a la Unión Europea. El texto, adelantado por ESdiario y recogido después por otros medios, no ha sido desmentido de forma oficial por Marruecos.
El documento lo firma un experto en crisis identificado como A.S.A., descrito como próximo a las posiciones de Rabat. Según su relato, los servicios marroquíes interpretaron de inmediato las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo español que restringió las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado, detectaron actividad digital sospechosa y movimientos inusuales, y advirtieron a España y a capitales europeas “mediante canales oficiales de coordinación” antes de que se produjeran las primeras oleadas.
El mismo texto atribuye a Marruecos haber contenido después la crisis en “un tiempo récord que no superó las 72 horas”, con unidades de intervención rápida y refuerzo de zonas de seguridad. El mensaje implícito es doble: Rabat se presenta como socio eficaz y, al mismo tiempo, deja a Pedro Sánchez ante la pregunta de si recibió ese aviso y qué hizo con él.
Qué ocurrió en Ceuta a finales de julio
Los días 30 y 31 de julio de 2026 se produjo la mayor entrada irregular en Ceuta desde la crisis de 2021. Las cifras oficiales han oscilado. En las primeras horas se habló de 20.000 personas; Interior llegó a estimar unas 49.000 en 24 horas; más tarde el Gobierno situó la “estimación más razonable” en torno a 72.000, y varios medios han manejado la cifra de 80.000. La mayoría regresó en horas o días. A finales de agosto permanecían en la ciudad unos 5.000 adultos en situación irregular y entre 1.200 y 1.500 menores no acompañados. Hubo decenas de muertos al intentar bordear a nado el espigón de El Tarajal.
El detonante jurídico que citan tanto el análisis marroquí como numerosos reportajes españoles es la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fijó que el “rechazo en frontera” de la Ley de Extranjería solo cabe cuando se intentan superar elementos físicos de contención —las vallas—, no cuando se entra a nado. En esos casos debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución, con más garantías. El fallo se conoció a principios de julio. En las semanas siguientes aumentaron las llegadas a nado. El 29 de julio ya se habían contabilizado más de mil entradas por esa vía en nueve días.
Lo que dice el análisis filtrado
Según A.S.A., Marruecos:
- leyó de forma “temprana” las repercusiones de la sentencia del Supremo;
- envió “advertencias estrictas y preventivas” a Madrid “inmediatamente después” del fallo;
- detectó “flujos digitales sospechosos” y mensajes que animaban a cruzar a nado con la idea de que no habría consecuencias inmediatas;
- elaboró informes que describían el “mapa temporal y territorial” de la movilización;
- y, una vez desatada la avalancha, desplegó un dispositivo que, según el texto, cerró el episodio en 72 horas.
El experto español José María Gil Garre, citado en el mismo reportaje, sostiene que hay “evidencia suficiente” de que Marruecos “conocía estructuralmente el fenómeno”, había actuado antes sobre el mismo corredor y tuvo en julio “múltiples oportunidades para observar la escalada”. El periodista marroquí Ali Lmrabet ha argumentado, en la misma línea, que resulta poco creíble que Rabat desconociera una movilización de esa magnitud, dado el control que ejerce sobre carreteras, ciudades y redes.
No hay, de momento, un documento oficial marroquí que acredite el aviso concreto ni su contenido. Lo que existe es un análisis publicado en medios leales a Rabat, sin mentís.
La versión de Moncloa y las contradicciones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido que no hubo información que permitiera anticipar una avalancha de esa magnitud. El presidente ha dicho que el CNI compartió “informes de situación”, pero que ninguno describió la escala de lo que iba a ocurrir. Ha descartado la implicación de las autoridades marroquíes, ha elogiado su “cooperación instantánea” y ha atribuido la movilización a campañas en redes, mafias y, en su comparecencia de finales de agosto, a actores que sitúa en el entorno de Rusia, Israel y una “internacional ultraderechista”.
Esa versión choca con otras piezas del expediente público:
- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó a varios ministerios desde mediados de julio por el aumento anómalo de llegadas. Tres días antes de la avalancha intentó hablar con Sánchez; según fuentes ceutíes, no le cogió el teléfono y el jefe de Gabinete, Diego Rubio, le restó gravedad. El contacto directo con el presidente no se produjo hasta el 30 de julio, cuando la frontera ya se había roto.
- La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció que el CNI había trasladado información previa sobre el aumento de entradas a nado y sobre convocatorias en redes. Interior y Moncloa han minimizado el alcance de esos avisos.
- Medios como El Español y La Gaceta han publicado que Marlaska tuvo al menos tres informes de inteligencia en los días previos, uno de ellos referido a una operación “impulsada desde Marruecos y alentada por su Gobierno y por mafias afines” para cuestionar la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Interior no ha confirmado ese tenor.
- Ya a principios de agosto, una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí dijo a agencias que Rabat había alertado a España del riesgo derivado de la sentencia del Supremo. Aquella declaración era más acotada que el análisis de A.S.A., pero apunta en la misma dirección: Marruecos sostiene que no guardó silencio.
La oposición, varios socios del Gobierno y dirigentes socialistas como Emiliano García-Page han señalado a Rabat por permitir o estimular la avalancha. Encuestas publicadas en agosto indicaban que una amplia mayoría de españoles, incluido un porcentaje alto de votantes del PSOE, cree que Marruecos la consintió. El Ejecutivo, en cambio, se ha quedado casi solo en la tesis de que no hay indicios de participación marroquí.
Por qué la filtración presiona a Sánchez
El valor político del texto de A.S.A. no está en que pruebe, por sí solo, un pacto o una traición. Está en que Rabat, o un entorno próximo a Rabat, reivindica ahora haber sabido y haber avisado. Si eso fuera cierto, el relato de Moncloa —sorpresa, ausencia de alerta de magnitud, socio fiable— quedaría en evidencia. Si fuera propaganda, serviría igual para colocar a España a la defensiva: o ignoró el aviso o niega haberlo recibido.
El precedente de 2021 pesa en el debate. Entonces, más de 10.000 personas cruzaron a Ceuta en 24 horas en plena crisis diplomática por la acogida de Brahim Ghali. Años después, informes y piezas judiciales han documentado el uso de Pegasus contra teléfonos del presidente y de ministros, y el giro español sobre el Sáhara Occidental. La crisis de 2026 se produce en un clima de desconfianza mutua, con reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla reaparecidas en boca de ministros de Mohamed VI.
Lo que no está acreditado es el canal, la fecha exacta y el tenor del supuesto aviso a Madrid. Tampoco hay un desmentido formal de Rabat. Entre ambos silencios —el de Moncloa sobre si recibió esa alerta y el de Rabat sobre si la envió de verdad— se mueve la noticia que resume la captura: que Marruecos dice haber sabido la “invasión” de Ceuta y haber avisado a Sánchez.
