Acabamos de conocer que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la actual presidente de la SEPI, Belén Gualda González, y a otras 24 personas por los amaños en la trama Leire Díez.
La noticia, de última hora, supone un nuevo y durísimo golpe a las cloacas del PSOE y al entramado de influencias que rodea a empresas públicas estratégicas del Estado. El magistrado Pedraz ha decidido ampliar la investigación en la pieza secreta de la conocida como trama Leire Díez, incluyendo ahora a la actual presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a un total de 25 personas entre altos cargos, exdirigentes socialistas y empresarios.
Según los indicios recabados por la UCO de la Guardia Civil, se investiga el presunto amaño sistemático de contratos públicos en la SEPI y otras empresas públicas como Enusa (empresa pública del sector nuclear en la que la propia Leire Díez ocupó un cargo de relevancia) o Mercasa. Los investigadores apuntan a una red organizada que habría utilizado su influencia política para orientar adjudicaciones millonarias a cambio de comisiones ilegales.
Resulta especialmente llamativo el contraste con la narrativa que algunos medios afines al Gobierno —encabezados por figuras como Silvia Intxaurrondo (de TVE)— intentaron vender durante meses: que Leire Díez era solo una “simple militante de base” o una “fontanera sin relevancia”. Desde hace meses queda claro que era muchísimo más que eso. La investigación la sitúa como uno de los ejes centrales de una trama junto a figuras de alto nivel como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Esta pieza se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y organización criminal para manipular contratos públicos por valor de decenas de millones de euros. La trama, bautizada internamente como “Hirurok” (“los tres juntos”), habría operado con una sofisticada red de contactos en la Administración y empresas públicas para favorecer a determinados empresarios a cambio de contraprestaciones económicas.
La imputación de la actual presidenta de la SEPI eleva considerablemente el nivel de la investigación. La SEPI es un instrumento clave del Estado: controla empresas estratégicas como Navantia, Correos, RTVE o Hunosa, y gestiona rescates millonarios con dinero público. Que su máxima responsable actual figure entre los imputados evidencia que los problemas no se limitan a la etapa anterior, sino que podrían extenderse en el tiempo.
El juez Pedraz mantiene aún parte de la causa bajo secreto de sumario, aunque se espera que lo levante próximamente para que la opinión pública pueda conocer con detalle el alcance de esta red corrupta.
Mientras tanto, crece la indignación ante la aparente normalidad con la que el Gobierno ha gestionado (o ignorado) estas graves acusaciones. La trama Leire Díez ya no es un caso aislado de una “militante de base” como nos pretendían vender los del famoso «club de los 61»: es una investigación que toca directamente las cloacas del PSOE y la utilización partidista de empresas y recursos públicos.
Este nuevo varapalo judicial llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo y obliga a preguntarse hasta dónde llega realmente la influencia de esta red y cuántos contratos más se vieron afectados.
(Por Lourdes Martino)
