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Terremoto en Venezuela: Irregularidades, saqueos, bloqueos a la ayuda y fallos que agravan el sufrimiento de las víctimas

El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un doble terremoto (7,2 Mw premonitorio y 7,5 Mw principal, separados por apenas 39 segundos) con epicentros cerca de San Felipe (Yaracuy) y Yumare. Afectó gravemente Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. Las cifras oficiales varían (entre unos 200 y más de 900 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos), mientras reportes ciudadanos y plataformas de ayuda registran miles de personas desaparecidas o en busca de familiares.

La tragedia natural se ha visto agravada por irregularidades denunciadas en la respuesta: corrupción estructural previa que multiplicó las muertes por colapsos de edificios, saqueos oportunistas (y acusaciones contra fuerzas de seguridad), bloqueos y confiscaciones de ayuda humanitaria, y una respuesta oficial criticada por lenta, insuficiente y politizada. Mientras llega ayuda internacional (EE.UU., Ecuador, Panamá, Emiratos Árabes Unidos con 10 millones de dólares, ONU y otros países), en el terreno persisten denuncias de obstáculos que impiden que llegue a las víctimas.

Corrupción en la construcción: muertes “previsibles” por décadas de abandono

Una de las irregularidades más señaladas es que muchos edificios colapsaron por mala calidad en la construcción, permisos irregulares y falta de fiscalización sísmica durante años. Expertos y análisis comparan el caso con el terremoto de Turquía: la corrupción permitió construcciones sin normas mínimas de seguridad, maximizando víctimas.

Edificios se convirtieron en “montañas de hormigón y hierros retorcidos” mientras otros resistieron. Hospitales ya colapsados por la crisis previa carecían de recursos, y rescatistas improvisaban con cuerdas, linternas y manos desnudas. En Vargas y Caracas, personas permanecieron bajo escombros sin auxilio durante horas (incluso 12 o más).

Esto se percibe como una injusticia estructural: la corrupción “mató antes del terremoto”. Venezuela ocupa puestos muy bajos en índices de corrupción mundial, y el colapso institucional (abandono de infraestructura, sistemas de emergencia vacíos) dejó al país vulnerable.

Saqueos: caos, oportunismo y acusaciones contra la seguridad

En zonas como Catia La Mar (La Guaira) se reportaron saqueos masivos a comercios mientras llegaba ayuda. Centenares de personas cargaron alimentos, bebidas y otros bienes; la policía estaba desplegada pero el control era difícil por la multitud y la tensión.

Además de saqueos ciudadanos oportunistas, hay denuncias directas de que efectivos policiales (PNB, GNB) estarían robando recursos de la ayuda que llevan los ciudadanos o confiscando suministros de centros de acopio voluntarios. Voluntarios reportan que “la policía está robando la ayuda” y recomiendan entregar directamente a los necesitados.

También se menciona saqueo de edificios caídos y propiedades de víctimas. Estos hechos agravan el desamparo de quienes lo perdieron todo.

Bloqueos, confiscaciones y politización de la ayuda: “No dejan pasar”

A pesar de la solidaridad internacional y la movilización de la sociedad civil, múltiples reportes (principalmente de oposición, Vente Venezuela, voluntarios y medios independientes) denuncian bloqueos sistemáticos:

  • En Morón (Carabobo), piquetes de PNB y GNB bloquearon durante horas (y días) la entrada de camiones y ciudadanos que llevaban ayuda humanitaria desde otras regiones. Se acusa a la alcaldesa chavista de hacer propaganda política mientras se impedía el paso.
  • En La Guaira, se denunció que se cerraba el acceso a voluntarios, sociedad civil y periodistas. En el Poliedro de Caracas, funcionarios se negaban a abrir el registro para permitir el ingreso de ayuda, alegando trámites que retrasaban la asistencia urgente a víctimas bajo escombros.
  • Confiscaciones de suministros en centros de acopio, especialmente los vinculados a Vente Venezuela u oposición. La diáspora (ej. despacho de abogados en Madrid) organiza recogida de ayuda mientras se acusa al régimen de confiscar insumos en zonas afectadas.
  • En Tucacas (Falcón), un grupo de vecinos armados solo con palas y mandarrias rompió un cordón policial para rescatar a compatriotas, porque las autoridades impedían el paso.

Denuncias recurrentes: “los cuerpos policiales y gobiernos estatales/municipales roban las ayudas, saquean edificios caídos, no dejan que gente de Vente Venezuela ayude ni que profesionales presten servicios”.

La respuesta oficial ha sido criticada por limitada, tardía (primera alocución horas después) y centrada más en control que en agilizar rescates. Rescatistas sin combustible ni equipo adecuado; ayuda “a cuentagotas” en algunas zonas.

Víctimas: desamparo, desaparecidos y resiliencia ciudadana

Miles de familias buscan desaparecidos (plataformas ciudadanas como aidvenezuela.net reportan decenas de miles de registros). Testimonios de La Guaira, Catia La Mar, Caraballeda y Los Corales describen espera angustiosa por ayuda que no llega o llega tarde.

Mientras el Estado muestra debilidad, la sociedad civil y la diáspora se organizan: mapas ciudadanos en tiempo real para reportar atrapados, vías bloqueadas, refugios y centros de acopio; centros de recogida en Madrid; donaciones a organizaciones como World Central Kitchen, Cáritas Venezuela o Save the Children. Vecinos rescatan con sus manos; voluntarios exigen apertura de accesos.

Contexto y perspectivas

La ayuda internacional está llegando (equipos de rescate de EE.UU., Colombia, etc., y contribuciones de muchos países), y se declaró emergencia. Sin embargo, las denuncias de irregularidades —bloqueos, robos, confiscaciones y politización— provienen mayoritariamente de ciudadanos, oposición y medios independientes, en un contexto de profunda polarización política y colapso institucional previo.

El gobierno argumenta coordinación de la ayuda recibida, pero las quejas de lentitud y obstáculos persisten en redes y reportes de campo.

En resumen, el doble terremoto expuso y agravó fallas estructurales de décadas (corrupción en construcción, instituciones vaciadas) y generó nuevas irregularidades denunciadas: saqueos (ciudadanos y presuntamente por fuerzas de seguridad), bloqueos a la ayuda solidaria, confiscaciones de insumos y una respuesta que muchos califican de insuficiente y politizada. Las víctimas enfrentan no solo la naturaleza, sino dificultades artificiales para recibir auxilio oportuno.

La resiliencia del pueblo venezolano —diáspora, vecinos, voluntarios— está siendo clave, pero se requiere transparencia total en la distribución, investigación independiente de las denuncias de robos y bloqueos, y que la prioridad absoluta sean las vidas atrapadas bajo los escombros, sin distinción política.

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