España vuelve a despertar con la cruda realidad que los números oficiales ya no pueden ocultar. En el primer trimestre del año, el paro ha sumado 231.500 personas, el peor registro desde 2013 y la mayor subida trimestral desde entonces. La tasa de paro ha escalado hasta el 10,8% hasta marzo. Además, suben a 78.500 los hogares con todos sus miembros en paro. Después de años tragando discursos triunfalistas sobre la “recuperación” y los “récords de empleo”, la economía española da un nuevo y preocupante paso atrás.
Este alarmante dato demuestra una gestión económica que prioriza el clientelismo, el gasto público descontrolado y la intervención constante sobre la creación real de empleo productivo. Mientras el Gobierno se empeña en vender una imagen de fortaleza, la calle y las empresas viven otra cosa muy distinta: incertidumbre, costes energéticos disparados, burocracia asfixiante y una falta de confianza que ahuyenta la inversión.
¿Y ahora qué va a hacer el Gobierno? La pregunta ya no es retórica. Lo más probable es que, como viene siendo habitual, responda con más de lo mismo: convocar miles de nuevas plazas de funcionarios, engordar las administraciones públicas y seguir hinchando el sector público a costa del contribuyente. Porque esa es la receta favorita de este Ejecutivo: cuando falla la economía real, se crea empleo artificial a golpe de decreto y de presupuesto. Más asesores, más interventores, más estructura administrativa. El problema es que ese empleo no genera riqueza, solo reparte la que otros producen… hasta que ya no queda nada que repartir.
Y mientras tanto, la deuda pública sigue desbocada. España acumula un endeudamiento histórico que roza niveles insostenibles, tanto en términos absolutos como en su capacidad real de devolución. Una deuda que sigue creciendo sin control y que, junto al repunte del paro, constituye el verdadero termómetro de la situación económica del país. Y ya no valen las encuestas de opinión ni los eslóganes. Estos dos indicadores —paro y deuda— son implacables: revelan la verdadera salud de una nación que lleva demasiado tiempo viviendo por encima de sus posibilidades.
Este repunte del desempleo es especialmente grave y no hay excusa de guerras, ni plandemias, ni shocks externos de primer orden que lo justifiquen. Es el fruto de las nefastas políticas internas: reformas laborales que desincentivan la contratación indefinida, una fiscalidad que castiga el esfuerzo y la inversión, y una energía cada vez más cara por la obsesión ideológica con la transición “verde” sin garantías de suministro a precios competitivos. Como apunte, en Italia han conseguido reducir el paro a niveles históricos y su tasa se sitúa en el 5,3%, casi la mitad que la de España (10,8%).
Los ciudadanos no merecen ser tratados como meros espectadores de un experimento ideológico que ya ha demostrado su ineficacia.. El aumento del paro no representa un simple dato estadístico: son familias que pierden su principal fuente de ingresos, jóvenes que emigran, autónomos que cierran y pymes que tiran la toalla porque no aguantan más.
El Gobierno sabe de sobra que el modelo actual no funciona. Pero todo apunta a que, en lugar de aplicar reformas estructurales valientes —flexibilidad laboral real, reducción del gasto improductivo, atracción de inversión y bajada de impuestos—, optará por más parches, más propaganda y más funcionarios.
En España no se necesita que haya más empleados públicos, sino más empresas que contraten, más emprendedores que arriesguen sin ser torpedeados con burocracias e inspecciones absurdas y un Gobierno que deje de ahogar la economía productiva. Si no se hace algo para evitarlo, los datos como los de este primer trimestre seguirán repitiéndose. Y cada vez serán más difíciles de maquillar. La realidad, por mucho que moleste, es terca: España vuelve a sufrir, y el paro y la deuda son los testigos mudos de un país que se va pique.
(Por Laura González)