En un giro impactante durante el juicio del conocido como ‘Caso Ataúdes’, una extrabajadora de la Funeraria Castellana en Valladolid ha ratificado ante la Audiencia Provincial las acusaciones de fraude en cremaciones. Según su testimonio, los empleados realizaban un «cambiazo» de féretros y flores contratados por las familias, sustituyéndolos por versiones más económicas antes de la incineración, una práctica que internamente se denominaba «reciclaje». Esta revelación se produce en el contexto de una investigación que se remonta a hace dos décadas y que ha sacudido al sector funerario en Castilla y León.
Antecedentes del Caso
El ‘Caso Ataúdes’ gira en torno al grupo funerario liderado por la familia Morchón, propietarios de la Funeraria Castellana y otras entidades relacionadas. La trama fraudulenta fue destapada por la ‘Operación Ignis’ de la Policía Nacional en enero de 2019, que incluyó registros en las instalaciones del grupo y varias detenciones. Durante estos registros, se encontró casi un millón de euros en efectivo en el dúplex del dueño, lo que intensificó las sospechas de actividades ilícitas.
La investigación se inició gracias a las pruebas acumuladas por Justo Martín Garrido, un trabajador fallecido que intentó presionar a la familia Morchón para mejorar las condiciones de su jubilación. Martín documentó medio centenar de casos en los que se realizaba el intercambio de ataúdes, reutilizando los caros para revenderlos y usando versiones baratas o incluso palés para las cremaciones. Según los informes, los trabajadores amenazaron con revelar estas prácticas si no se les pagaban atrasos salariales de hasta tres años, alegando pérdidas financieras en la empresa.
Las cremaciones se llevaban a cabo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga, ya que el horno del tanatorio nuevo, inaugurado en febrero de 2013, presentaba problemas técnicos. Esto facilitaba el fraude, ya que las familias no presenciaban el proceso, permitiendo el cambio de féretros a pulso, una operación que requería varios empleados y logística específica.
Testimonio Clave de la Extrabajadora
En la segunda jornada de testificales del juicio, Sara Martínez Peña, quien trabajó como recepcionista y encargada de cafetería en el tanatorio viejo entre 2005 y 2006, confirmó haber oído el término «reciclaje» en conversaciones informales entre compañeros. Explicó que se refería al intercambio de ataúdes por modelos más económicos antes de la cremación, guardando los originales en un garaje para su posterior reventa en el tanatorio. De manera similar, las flores se modificaban para reutilizarlas en otros servicios.
Martínez Peña aseguró que esta práctica era conocida por todos los empleados, generando incluso «sonrisas cómplices» en el ambiente laboral. Tras la ‘Operación Ignis’, decidió contactar a los investigadores por recomendación de un amigo policía, al ver las noticias en televisión. No había denunciado antes por falta de pruebas concretas, aunque consultó con un policía municipal y un periodista en su momento.
Su despido en 2006, por tomar copas en horario laboral con su novio, no fue motivado por rencor, según declaró, y negó tener conocimiento previo de la extorsión de Justo Martín.
Otros Testimonios y Negaciones
Durante la misma sesión, María Belén Velasco, recepcionista con más de 20 años en la empresa, negó cualquier conocimiento del ‘cambiazo’ y atribuyó las cremaciones externas a los problemas del horno nuevo. Se mostró impactada por los registros policiales de 2019 y desconoció las amenazas laborales o la extorsión.
Gemma Parra Sanz y María Ángeles García-Porrero, otras trabajadoras, también negaron cualquier actividad delictiva en la funeraria. Por su parte, Fe Antonia Morchón, hermana del magnate fallecido, se acogió a su derecho a no declarar.
El instructor policial de la ‘Operación Ignis’ había testificado previamente que la operativa requería la participación de múltiples personas, confirmando la complejidad del fraude.
Procedimientos Legales y Acusaciones
El juicio, que se extenderá hasta junio en la Audiencia Provincial de Valladolid, involucra a 23 personas físicas, incluyendo a la viuda del fundador y sus tres hijos. El fiscal les acusa de delitos como organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran la Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.
La prueba incluye registros policiales, testimonios de empleados y el material recopilado por Justo Martín. Con dieciocho defensas implicadas, el caso destaca por su complejidad y el impacto en la confianza pública hacia el sector funerario.