En nuestro país, donde la corrupción es el pan nuestro de cada día, el testimonio de un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Audiencia Nacional ha sacado a la luz, una vez más, el escandaloso latrocinio perpetrado por la familia Pujol. Según el agente, los Pujol ingresaron en cuentas andorranas casi 5.000 millones de las antiguas pesetas –equivalentes a 30 millones de euros– en efectivo y de «origen desconocido» entre 1992 y 2004.
Este dinero, movido con la astucia de quienes se creen que están por encima de la ley, no proviene de herencias mágicas ni de negocios legítimos, sino que huele que apesta a comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, un saqueo sistemático de las arcas públicas durante décadas de poder absoluto.
La cifra total exacta de cuánto ha robado o defraudado el clan Pujol durante años no existe de forma oficial y definitiva, ya que el juicio en la Audiencia Nacional sigue en curso y aún no ha emitido una sentencia firme que cuantifique el total probado. Sin embargo, las estimaciones policiales, judiciales y de la Fiscalía varían enormemente según la fuente y el periodo considerado, y suelen referirse a fortuna oculta, ingresos ilícitos, beneficios no justificados o dinero blanqueado procedente supuestamente de comisiones ilegales (mordidas del 3% o similares en adjudicaciones públicas catalanas).
Aquí un resumen de las cifras más relevantes y citadas en investigaciones oficiales:
- La estimación más repetida y documentada por la UDEF (Policía Nacional): alrededor de 290 millones de euros en total amasados por el clan en cuatro décadas de supuesta corrupción (desde finales de los 70 hasta 2014). Esta cifra aparece en informes clave de 2019 remitidos al juez José de la Mata, y se atribuye principalmente a Jordi Pujol Ferrusola como gestor, beneficiando al núcleo familiar (Jordi Pujol, Marta Ferrusola y los siete hijos). Se considera «ingresos pergeñados» a través de actividades corruptas.
- Otras estimaciones policiales anteriores: En 2014, Interior cifró en unos 1.800 millones de euros el dinero movido por la familia en paraísos fiscales (Europa y América), aunque esta era una cifra de movimientos totales, no necesariamente de beneficio neto.
- En 2017, la UDEF habló de al menos 70,4 millones de euros de beneficio presuntamente ilícito desde 1990 (una cifra más conservadora y limitada en el tiempo).
- Algunas fuentes policiales antiguas apuntaron a hasta 500 millones de euros en patrimonio oculto.
Pero lo más indignante no es solo el robo en sí, sino el ensordecedor silencio que rodea el juicio actual contra Jordi Pujol y sus siete hijos que lleva celebrándose desde el pasado mes de noviembre. Estamos en marzo de 2026, y el proceso en la Audiencia Nacional por delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental avanza a paso de tortuga, con apenas ecos en los medios principales.
¿Por qué no se habla del monumental saqueo que dejó a Cataluña con un agujero económico y moral? Parece que el «procés» independentista, esa gran cortina de humo orquestada por el propio Pujol, sirvió no solo para dividir a la sociedad, sino para distraer de sus fechorías. Mientras predicaba moralidad y nacionalismo exacerbado, su clan acumulaba fortunas ocultas en paraísos fiscales, robando a manos llenas de los contribuyentes que financiaban su régimen.
El clan Pujol no es una familia cualquiera; es un ejemplo paradigmático de cómo el poder corrompe absolutamente. Jordi Pujol, el «molt honorable» que fue presidente de la Generalidad durante 23 años, construyó un inmenso imperio basado en el nepotismo y la extorsión. Sus hijos, como Jordi Pujol Ferrusola –el primogénito–, se dedicaron a «negocios» que incluían transferencias millonarias a través de sociedades en Panamá y Suiza, con comisiones por operaciones inmobiliarias sospechosas.
La UDEF ha detallado movimientos de más de 5.000 millones de pesetas entre hermanos, todos por importes idénticos y en las mismas fechas, lo que apunta a una concertación criminal para blanquear fondos ilícitos.
Y no olvidemos las famosas notas manuscritas de la ya fallecida Marta Ferrusola, la «madre superiora», ordenando transferencias con códigos como «misales» por millones de pesetas.
Esto no es una herencia del abuelo Florenci, como han intentado vender los del clan; es un pillaje descarado, con millones de euros que actualmente siguen ocultos en el extranjero.
Pero la crítica no se detiene en los Pujol. ¿Dónde estaban los partidos políticos mientras esto ocurría? Convergencia i Unió (CiU), el partido de Pujol (el Junts actual) fue el epicentro de esta mafia, pero el resto de la clase política española y catalana miró para otro lado durante años. El PSOE, el PP y hasta los independentistas actuales han encubierto o minimizado el escándalo para no perturbar sus alianzas.
Y los independentistas, herederos ideológicos de Pujol, usaron el «procés» como escudo para amnistiarse mutuamente, ignorando que su ídolo robó miles de millones que podrían haber ido a sanidad, educación o infraestructuras.
En las redes sociales apenas se menciona el juicio, con posts esporádicos que destacan la lentitud del proceso o la «neblina» de la policía patriótica.
Peor aún es el papel del sistema judicial. El caso Pujol lleva arrastrándose desde 2014, con procesamientos confirmados en 2021, pero el juicio no empezó hasta 2025. ¿Por qué tanta demora? Inspectores admiten que no han aclarado el origen de los fondos debido a la antigüedad y la falta de cooperación internacional…
La Audiencia Nacional ha perdido a «33» testigos clave y pide ayuda para localizarlos. Algunos jueces han descrito el patrimonio desmedido de los Pujol como derivado de «actividades corruptas», pero el sistema permite que estos delincuentes sigan en libertad, disfrutando de sus fortunas robadas.