Como muchos sabrán, la plataforma Movistar Plus+, propiedad de Telefónica, ha iniciado las pruebas técnicas para incorporar Canal Red, el canal televisivo de extrema izquierda impulsado por Pablo Iglesias. Según publican múltiples medios, el canal podría estar disponible para los abonados en las próximas semanas o durante el mes de marzo. Lo que hasta ahora era un proyecto minoritario —emitido principalmente en YouTube y en TDT en Madrid— ganará así acceso a millones de hogares gracias a una de las principales operadoras del país.
Canal Red se presenta como un medio “alternativo” de izquierdas, pero su trayectoria revela un patrón preocupante de difusión de información falsa y ataques personales. Un caso reciente es el del bulo contra la periodista Rebeca Crespo. Esta semana se viralizó una secuencia de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que mostraban supuestamente a Rebeca Crespo disfrazándose con un niqab en el metro de Madrid para fabricar una noticia. Canal Red se hizo eco de este montaje y, según ha contado la propia periodista, dedicó varios minutos de programación a insultar y difamar a la comunicadora, acusándola de manipulación y engaño. Posteriormente, se verificó que las imágenes eran un fraude creado con IA, y Crespo ha desmentido rotundamente la acusación, anunciando que tomará medidas legales contra quienes propagaron el bulo —con Canal Red en cabeza de su lista—.
La hipocresía resulta evidente: los mismos que exigen censura en redes sociales por “combatir los bulos” son los que más los amplifican cuando sirven a su agenda ideológica. Pero la responsabilidad no recae solo en Iglesias y su equipo. Telefónica, empresa estratégica en telecomunicaciones, cuenta con una participación significativa del Gobierno de Pedro Sánchez a través de la SEPI, empresa pública que ostenta alrededor del 10% del capital desde 2024. Esta entrada estatal, justificada como “protección de intereses nacionales”, ha costado miles de millones al erario público y ha generado fuertes críticas por su impacto en el valor bursátil. En este contexto, permitir que un canal de extrema izquierda —y con un historial de desinformación— entre en su oferta parece más un gesto político que una decisión comercial neutral.
Podemos, el partido que cofundó Iglesias, se encuentra prácticamente extinguido electoralmente, con una relevancia marginal en el panorama actual. Sin embargo, sigue recibiendo espacios privilegiados en platós televisivos y ahora, gracias a Telefónica, en una plataforma de pago masiva. No tiene sentido que se mantenga artificialmente vivo un proyecto ideológico tan radical y cuestionable, mientras se ignora el pluralismo real y la veracidad informativa.
La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar. En redes sociales, especialmente en X, se ha desatado una oleada de indignación con llamadas explícitas al boicot contra Movistar Plus+. Cientos —y posiblemente miles— de abonados han anunciado que tramitarán bajas contactando al servicio de atención al cliente (1004), argumentando que no piensan financiar contenidos sesgados, propaganda de ultraizquierda disfrazada de progresismo o “checas digitales”. Mensajes que se han hecho virales animan a cancelar suscripciones de forma masiva para enviar un mensaje claro: los clientes no están dispuestos a pagar por una televisión que prioriza agendas ultraizquierdistas sobre la calidad y la neutralidad.
Si prospera este boicot ciudadano, dejará una mella económica suficiente como para que Telefónica recapacite y dé marcha atrás. La compañía debería priorizar a sus abonados —que pagan religiosamente sus facturas— antes que favores políticos o experimentos ideológicos. Si no lo hace, el daño a su imagen y a su cuenta de resultados podría ser irreversible. Los consumidores tienen el poder.
(Por Lourdes Martino)