El abogado Rubén Gisbert ha presentado una querella contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y su esposo, el también juez Jorge Martínez Ribera. En la denuncia, presentada este 24 de febrero, acusa a la juez de graves delitos como prevaricación, coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. Esta acción legal se basa en audios recientemente publicados que evidencian la supuesta injerencia del marido en el procedimiento, reavivando las críticas sobre la imparcialidad de la instrucción.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, bajo la dirección de Nuria Ruiz Tobarra, asumió la causa principal de las riadas en diciembre de 2024, acumulando múltiples denuncias relacionadas con las muertes. La juez ha imputado a figuras como la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, enfocando la responsabilidad en el Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón (PP). Sin embargo, ha rechazado repetidamente investigar a órganos dependientes del Gobierno central, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pese a solicitudes de la Guardia Civil.
Polémicas Previas en Torno a la Juez
Ruiz Tobarra no es ajena a las polémicas. En agosto de 2025, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación contra ella por presunto sesgo ideológico y la intromisión de su marido en el procedimiento. Testimonios de víctimas indicaban que Martínez Ribera participaba en interrogatorios, aunque la querella inicial de Manos Limpias por estos hechos fue archivada por falta de pruebas. La magistrada calificó las acusaciones como una «campaña difamatoria» con tintes machistas, negando cualquier irregularidad.
Otras querellas han marcado el camino. En abril de 2025, el juez Fernando Presencia Crespo y la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) denunciaron a Ruiz Tobarra por prevaricación, alegando que excluyó al Estado como responsable civil subsidiario, dejando indefensas a las víctimas. En junio de ese año, Manos Limpias presentó otra denuncia por prevaricación, coacciones y amplificación de bulos sobre el número de fallecidos, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la desestimó en octubre de 2025, defendiendo la autonomía de la juez en la instrucción.
Además, defensas de imputados como Pradas han solicitado al CGPJ la suspensión de Ruiz Tobarra, acusándola de conducir la causa con un «inequitativo e inaceptable sesgo». La juez ha sido criticada por descalificar informes de la Guardia Civil y por seleccionar peritos con presuntos vínculos al PSOE, como un candidato a alcalde que exculpó al Gobierno central.
La Querella de Rubén Gisbert: Detalles y Motivaciones
Rubén Gisbert representa a familias de víctimas en piezas separadas del sumario (n°692.18-24, 692.68-24, entre otras). En su querella, presentada ante el tribunal competente, alega que Ruiz Tobarra violó principios constitucionales de imparcialidad e independencia al permitir la injerencia de su marido, un hecho ahora respaldado por audios publicados por Okdiario el mismo 24 de febrero. En las grabaciones, Martínez Ribera interroga a una víctima, solicita datos clave y da instrucciones a funcionarios, pese a no tener atribuciones.
Los delitos imputados se amparan en artículos del Código Penal como el 172 (coacciones), 199.2 (revelación de secretos), 402 y 404 (prevaricación), 451 (encubrimiento) y 408 (omisión del deber). Gisbert pide la apartación inmediata de la juez por «faltas muy graves» y obstrucción a la justicia. En su anuncio en X, Gisbert afirmó: «EMPEZAMOS EL DIA, QUERELLA CONTRA LA JUEZ DE LA DANA… Y aún no he desayunado… ‘QUE SE HAGA JUSTICIA AUNQUE CAIGA EL CIELO'».
Y aún no he desayunado…
“QUE SE HAGA JUSTICIA AUNQUE CAIGA EL CIELO” pic.twitter.com/T0araFucKg
— Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) February 24, 2026
Esta no es la primera vez que Gisbert choca con la juez; en mayo de 2025, solicitó imputar a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, pero fue rechazado.
La querella de Gisbert podría reabrir debates sobre la independencia judicial y la gestión de la riada. Si prospera, podría llevar a la recusación de Ruiz Tobarra, alterando el curso de una instrucción que ya acumula nueve meses de enigmas no resueltos. Mientras tanto, víctimas y familias continúan exigiendo justicia.