El estado de Florida (EEUU) ha tomado una postura firme contra la geoingeniería y la modificación del clima, aprobando una legislación que prohíbe estas prácticas en el estado. Según un informe reciente, el Senado de Florida aprobó el Proyecto de Ley 56, que declara ilegal cualquier actividad relacionada con la manipulación intencional del clima o la atmósfera, como la siembra de nubes o la inyección de aerosoles en la estratosfera. Esta iniciativa, respaldada por el gobernador Ron DeSantis, convierte a Florida en el primer estado de EEUU en criminalizar estas prácticas, estableciendo sanciones que incluyen multas de hasta 100.000 dólares y penas de prisión de hasta cinco años por violaciones.
La legislación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, responde a preocupaciones crecientes sobre los posibles impactos ambientales y de salud pública de las intervenciones atmosféricas a gran escala. Los defensores de la ley argumentan que estas prácticas, a menudo asociadas con la dispersión de sustancias químicas para alterar el clima o bloquear la radiación solar, carecen de regulación adecuada y podrían causar daños impredecibles a los ecosistemas, la agricultura y la salud humana. En particular, el proyecto de ley también exige que los aeropuertos públicos presenten informes mensuales al Departamento de Transporte de Florida sobre cualquier aeronave equipada para liberar sustancias que alteren el clima, con la pérdida de financiación estatal como consecuencia para aquellos que no cumplan.
Florida no está sola en esta cruzada. Otros estados, como Montana, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Pensilvania, están explorando leyes similares para restringir la geoingeniería. Por ejemplo, Montana ha aprobado una legislación que prohíbe prácticas como la inyección de aerosoles estratosféricos, aunque permite la siembra de nubes para la gestión de recursos hídricos. Estas iniciativas reflejan un creciente escepticismo hacia los proyectos de geoingeniería, que algunos críticos vinculan a experimentos no regulados que podrían estar afectando el medio ambiente sin el consentimiento público.