La decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de mantener en libertad sin fianza al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, a pesar de las peticiones de prisión provisional por parte de las acusaciones populares, es un nuevo capítulo en la farsa que se ha convertido la lucha contra la corrupción en España.
Este lunes, mientras la sociedad observa atónita, el sistema judicial parece enviar un mensaje claro: los poderosos siempre encuentran una salida. Nos están tomando el pelo descaradamente, y esta resolución es una bofetada a la confianza ciudadana en la justicia.
El caso Koldo, que implica a Ábalos, a García y a Cerdán, entre otros, en una presunta trama de amaños de contratos públicos y cobro de mordidas, ha destapado un entramado de corrupción que salpica directamente al corazón del PSOE y al «1». Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 5 de junio de 2025, existen «sólidos indicios de criminalidad» contra Ábalos, incluyendo grabaciones que lo vinculan al reparto de dinero procedente de sobornos. A pesar de esto, el juez Puente ha optado por mantener las medidas cautelares existentes —comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país—, desoyendo las peticiones de prisión sin fianza formuladas por las acusaciones populares.
Koldo García, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar, una estrategia que huele descaradamente a maniobra dilatoria, especialmente tras intentar, sin éxito, aplazar su comparecencia por tercera vez. Ábalos, en cambio, ha negado reconocer su voz en los audios incriminatorios, insinuando incluso que podrían estar manipulados, una defensa tan poco creíble como conveniente. Estas grabaciones, realizadas por el propio Koldo entre 2019 y 2023, sitúan a ambos, junto al ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el epicentro de una trama que habría comenzado en Navarra y crecido hasta abarcar el Ministerio de Transportes.
La decisión del juez, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que también se opuso a la prisión provisional, refuerza la percepción de una justicia de dos velocidades: una para los ciudadanos comunes y otra para los privilegiados con conexiones políticas. ¿Cómo es posible que, ante indicios tan graves, el Supremo opte por mantener en libertad a dos figuras clave de un caso que ha sacudido los cimientos del gobierno? La respuesta parece evidente: el sistema protege a los suyos. La negativa a imponer prisión preventiva, casi un año y medio después de iniciada la investigación, es una afrenta a quienes esperan que la justicia actúe con firmeza contra la corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción, que en teoría debería ser un baluarte contra el abuso de poder, ha preferido solicitar el mantenimiento de las medidas cautelares existentes, argumentando implícitamente que no hay riesgo suficiente para justificar el encarcelamiento. Esta postura, junto a la decisión del juez, ignora el clamor de las acusaciones populares y de la sociedad en general ante la gravedad de las pruebas, que incluyen no solo los audios, sino también la contratación irregular de personas muy cercanas a Ábalos como la tal Jesica, la Miss Asturias o sus exmujeres.
El caso Koldo no es un caso aislado, sino un reflejo de la podredumbre que se ha instalado en las altas esferas del PSOE. Mientras Ábalos y Koldo esquivan la prisión, el presimiente Pedro Sánchez y su entorno guardan un silencio cómplice. La reunión entre Ábalos y Koldo García el pasado domingo, en el despacho del abogado del primero, para coordinar su estrategia procesal, es una muestra más de la impunidad con la que operan porque cuentan con un buen respaldo. ¿Dónde está la «mano firme» contra la corrupción que prometía el PSOE?
¡Nos están tomando el pelo!
La decisión de dejar en libertad a Ábalos y Koldo es un insulto a la inteligencia colectiva. Con indicios sólidos de corrupción, grabaciones incriminatorias y una trama que alcanza las más altas esferas del poder, el juez Puente y la Fiscalía Anticorrupción han optado por la tibieza, perpetuando la percepción de que en España la justicia es blanda con los poderosos. Nos están tomando el pelo descaradamente, y cada día que pasa sin consecuencias reales para los implicados en el caso Koldo erosiona un poco más la confianza en nuestras instituciones. Es hora de que la justicia deje de silenciar la verdad y actúe con la contundencia que este escándalo exige. España no puede permitirse seguir siendo el patio trasero de la impunidad.
(Por Lourdes Martín)