La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación casi definitiva al registrar a la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid. Esta intervención, ordenada por el Tribunal Supremo, se centró en la clonación del correo electrónico corporativo del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, en el marco de una investigación por presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública.
La operación de la UCO en Ferraz forma parte de las pesquisas relacionadas con el denominado caso Koldo, una investigación que ha sacudido los cimientos del PSOE y del Gobierno de España. Este caso, liderado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, indaga en posibles amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones durante la etapa más crítica de la pandemia. En el centro de la investigación se encuentran figuras clave del PSOE, como Santos Cerdán, exsecretario de Organización y hasta hace poco número tres del partido, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
Un informe reciente de la UCO señala a Cerdán como una figura central en esta presunta trama de corrupción. Las acusaciones sugieren que habría participado en la adjudicación irregular de contratos públicos, lo que llevó a su imputación formal por parte del Tribunal Supremo. Cerdán, quien renunció a su escaño como diputado el pasado lunes, perdiendo así su aforamiento, ha sido citado a declarar el 30 de junio de 2025. Además, el juez ha autorizado a la UCO a investigar cerca de 500 cuentas bancarias y el patrimonio de los implicados para rastrear la trazabilidad de fondos relacionados con la trama.
Esta mañana, tres agentes de la UCO se han personado en la sede del PSOE en Ferraz con el objetivo de clonar el correo electrónico corporativo de Santos Cerdán, así como cualquier otra cuenta que pudiera haber utilizado exclusivamente durante su etapa como dirigente socialista. La operación, que ha durado aproximadamente una hora y media, no ha sido calificada como un registro formal, sino como un requerimiento de información ordenado por el juez Leopoldo Puente. El magistrado rechazó las peticiones de las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular (PP), de realizar un registro completo de la sede y del despacho de Cerdán, considerando que esta medida sería «limitativa de derechos» y no necesaria en este momento.
Los agentes han accedido a la quinta planta de la sede socialista, donde Cerdán tenía su despacho, y han realizado la clonación de los correos electrónicos. Además, la UCO ha extendido su operativo a otras instituciones, como el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, para recabar información adicional sobre las adjudicaciones investigadas. También se ha clonado el correo del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ampliando el alcance de la operación.
La entrada de la UCO en Ferraz ha generado una oleada de reacciones políticas y ha intensificado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el caso como «la causa de corrupción más grave conocida en la democracia española» y ha exigido la dimisión inmediata de Sánchez, así como la convocatoria de elecciones generales. Feijóo ha afirmado que los registros demuestran que la corrupción no es un problema aislado dentro del PSOE, sino que afecta al conjunto del Gobierno.
Por su parte, el PSOE ha defendido su colaboración total con la Justicia, subrayando que la operación en Ferraz forma parte de un procedimiento judicial normal y que el partido actúa con máxima transparencia. La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, ha señalado desde Murcia: «Encontrarán un aliado en el PSOE. Vamos a colaborar con máxima transparencia». Sin embargo, el partido también ha intentado contraatacar, solicitando en el Senado las comparecencias de Feijóo y del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para esclarecer su posible implicación con Koldo García, exasesor ministerial vinculado al caso.
Otros partidos, como Podemos, han aprovechado la situación para posicionarse. La exministra Irene Montero ha afirmado que «el bipartidismo es el problema», presentándose como una alternativa frente a PP y PSOE. Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los pocos líderes territoriales del PSOE que no ha sido contactado por Sánchez tras el escándalo, se ha mantenido al margen de las declaraciones públicas.
Un hecho que ha avivado la controversia es que, apenas un día antes del registro de la UCO, se observó un camión saliendo de la sede del PSOE con cientos de cajas precintadas. Según el PSOE, estas cajas contenían exclusivamente material de merchandising para las actividades del Orgullo LGTBI 2025, y el partido ha proporcionado documentos, albaranes y un inventario detallado para respaldar esta afirmación. Sin embargo, algunos sectores, especialmente desde la oposición y ciertos usuarios en redes sociales, han especulado sobre una posible destrucción de pruebas, calificando el movimiento de las cajas como sospechoso.
El PSOE ha desmentido categóricamente estas acusaciones, calificándolas de «bulos con intencionalidad política» y exigiendo una rectificación inmediata. No obstante, la coincidencia temporal entre la salida de las cajas y la operación de la UCO ha alimentado las sospechas y el debate público.
No es la primera vez que la sede del PSOE en Ferraz es objeto de investigaciones judiciales. En 1992, durante el caso Filesa, el juez Marino Barbero ordenó dos registros en la sede para investigar una presunta financiación ilegal del partido. Más recientemente, en octubre y noviembre de 2024, se llevaron a cabo diligencias relacionadas con el caso de las «bolsas de dinero», tras las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó haber entregado hasta 90.000 euros en la sede socialista en 2020. Aunque el PSOE desmintió estas acusaciones y alegó que los registros de acceso se borran mensualmente por motivos de protección de datos, la UCO dio veracidad a las entregas de dinero tras el volcado del móvil de Víctor Aldama, otro implicado en el caso.
El registro de la UCO en Ferraz ha sido descrito como un momento histórico por su relevancia política y su impacto en la opinión pública. Las imágenes de los agentes entrando en la sede han «hecho estallar las redes», según algunos medios, y han intensificado el clima de incertidumbre en torno al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. La reunión de urgencia convocada por Sánchez con el presidente catalán, Salvador Illa, en La Moncloa el mismo viernes refleja la gravedad de la crisis dentro del partido. Aunque Moncloa ha enmarcado esta reunión en la normalidad, el mutismo oficial sobre su contenido sugiere que el Ejecutivo está evaluando estrategias para contener el daño político.
La investigación, que también incluye la revisión del patrimonio de Cerdán y Ábalos, podría tener consecuencias de largo alcance. La posible implicación de figuras cercanas a Sánchez, combinada con la presión de la oposición y el escrutinio mediático, pone al Gobierno en una posición delicada. Además, la autorización del Tribunal Supremo para investigar cerca de 500 cuentas bancarias sugiere que la trama podría ser más extensa de lo inicialmente previsto, lo que podría derivar en nuevas imputaciones o revelaciones.