la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra María Leire Díez, militante del PSOE, acusándola de delitos graves como tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Esta acción legal surge a raíz de la publicación de audios por el medio El Confidencial, en los que se sugiere que Díez intentó obtener información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una unidad clave en la investigación de casos de corrupción que afectan a figuras políticas de alto nivel.
La denuncia de ASESGC se basa en los audios revelados por El Confidencial, que documentan una reunión en la que Leire Díez, junto con otros individuos, supuestamente buscó información contra Balas a cambio de favores en procedimientos judiciales. Según la asociación, estas acciones no solo comprometen la independencia y credibilidad de la Guardia Civil, sino que también obstaculizan la administración de justicia, afectando directamente a funcionarios públicos cuya labor es crucial en la lucha contra la corrupción.
La reunión en cuestión involucró a Díez, los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, y el abogado Jacobo Teijelo.
En los audios, se alude a la posibilidad de que Hamlyn, un industrial residente en Dubai y acusado en una trama de hidrocarburos por defraudar presuntamente 145 millones de euros a Hacienda, proporcionara información comprometedora a cambio de beneficios en su procedimiento judicial. Esta situación ha sido interpretada por ASESGC como un intento de manipular el sistema judicial y desprestigiar a la UCO, una unidad que ha estado involucrada en investigaciones sensibles, incluyendo aquellas relacionadas con el caso Koldo y otros asuntos que afectan a exmiembros del Gobierno y familiares del presidente.
La denuncia acusa a Leire Díez de varios delitos, entre los que se destacan:
- Tráfico de influencias: Se alega que Díez utilizó su posición o conexiones para intentar influir en procedimientos judiciales a favor de Hamlyn, a cambio de información que pudiera dañar la reputación de Balas.
- Cohecho: La asociación sugiere que hubo una oferta de beneficios ilegales, como la intercesión en procesos judiciales, a cambio de información comprometedora.
- Obstrucción a la justicia: Se considera que las acciones de Díez podrían haber obstaculizado la labor de la UCO y, por extensión, la administración de justicia, al intentar desestabilizar a uno de sus mandos clave.
Estas acusaciones no solo apuntan a un posible abuso de poder, sino también a una interferencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas, lo que ha generado una amplia preocupación entre los miembros de la Guardia Civil y otros sectores de la sociedad.
La denuncia de ASESGC no es la primera acción legal contra Leire Díez por este asunto. Anteriormente, Vox presentó una querella contra ella y otros participantes de la reunión por delitos similares, solicitando que se investigue a fondo el caso y que se admita a la formación política como acusación popular. Además, el PSOE abrió un expediente interno a Díez, negando cualquier implicación oficial del partido en las acciones descritas en los audios.
La presentación de esta denuncia por parte de una asociación de guardias civiles añade una dimensión adicional al caso, ya que proviene de un colectivo directamente afectado por las supuestas acciones de Díez. La ASESGC argumenta que los hechos denunciados son «especialmente graves» porque comprometen no solo la integridad de la UCO, sino también la confianza pública en las instituciones de seguridad y justicia.