El Gobierno ha intensificado la presión sobre las comunidades autónomas en relación con la aplicación de la Ley de Vivienda, advirtiendo que retirará la financiación estatal a aquellas que no cumplan con la normativa aprobada al final de la anterior legislatura. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, lanzó un ultimátum a las regiones, indicando que si no implementan la ley de alquileres, no recibirán fondos estatales para sus políticas de vivienda en el próximo Plan Estatal de Vivienda. Esta advertencia se dirige especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras comunidades gobernadas por el PP, que han criticado duramente las palabras de la ministra.
Durante una intervención en televisión, Rodríguez fue clara: «No podemos tratar de la misma manera a las comunidades que cumplen con la Ley de Vivienda y ayudan a sus ciudadanos que a aquellas que, por razones políticas, se niegan a cumplirla». La ministra recordó que gran parte de las inversiones de las autonomías dependen del Estado y que condicionará la financiación al cumplimiento de la normativa. Esta medida es vista como un claro desafío para las comunidades que han mostrado resistencia, especialmente Madrid.
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Como era de esperar, Díaz Ayuso respondió de inmediato, criticando tanto la ley como las amenazas del Gobierno central. A través de su cuenta en la red social X, la presidenta madrileña afirmó: «No podemos limitar los precios de la vivienda, porque no funciona y es un ataque a la propiedad privada». También cuestionó si el Gobierno aplicaría las mismas medidas a regiones como el País Vasco o Cataluña, que han recurrido la Ley de Vivienda o que no cumplen otras normativas estatales.
Otros gobiernos regionales del PP también han manifestado su rechazo. La consejera de Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, calificó las declaraciones de la ministra como «inaceptables» y un ejemplo del «afán intervencionista» del Ejecutivo central. Por su parte, desde la Comunidad Valenciana, la Generalitat lamentó la interferencia del Gobierno en competencias autonómicas, acusando a Rodríguez de tensionar aún más el mercado de alquiler.
En contraste, Aragón, otra región liderada por el PP, aseguró que ya está cumpliendo con la normativa mediante un plan de vivienda que incluye una inversión de 400 millones de euros, financiado con fondos propios.
La Ley de Vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, deja en manos de las autonomías la decisión de aplicar o no medidas como la limitación de precios en zonas de alquiler tensionadas. Hasta ahora, solo Cataluña ha implementado este tipo de regulación, mientras que otras regiones, como Navarra, País Vasco y Asturias, han mostrado interés, aunque sin acciones concretas. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, así como Castilla-La Mancha, bajo el gobierno del socialista García-Page, no han dado señales de que vayan a aplicar estas medidas.
La amenaza del Gobierno de cortar la financiación es vista por algunos como un intento de forzar la implementación de la Ley de Vivienda en todo el territorio, mientras que los gobiernos regionales afectados lo consideran un chantaje y un ataque a su autonomía.