Por Alfonso de la Vega
Se ha conocido una reveladora conversación entre dos generales de la Guardia Civil. Bueno, entre un amenazante tipo uniformado que exige la omertá mafiosa sobre una tropelía y su subordinado, un hombre de honor que trata de satisfacer la famosa divisa de la Benemérita y al que en el colmo del cinismo o de carencias cognitivas o semánticas su jefe se permite calificar de “desleal”.
Se ha demostrado repetidamente que el socialismo posee una gran capacidad corruptora en todos los ámbitos como demuestra desgraciadamente cuando alcanza el poder. Parecería que tuviese un especial interés en degradar a la Benemérita hasta intentar convertirla en una especie de banda de mercenarios armados sin honor ni dignidad. Durante la presente Restauración borbónica ya hubo un primer intento en el periodo ominoso filipino con el anterior director socialista. El personaje lo tenía todo: hombre de confianza del gran líder, falsificador de su currículo profesional, chorizo incluso de fondos de los huérfanos de las víctimas del terrorismo, cocainómano, putero, fugado de la Justicia y capturado en Laos… todo un ejemplo de prohombre socialista cuya sombra es alargada seguido por otros dirigentes actuales que el lector ya conoce.
Pero lo de ahora aún es peor, si cabe. Robos o desfalcos a lo Roldán aparte, hoy se trata de la desnaturalización de la propia Benemérita, del intento de corromper desde la jerarquía impuesta a una de las más importantes y prestigiosas instituciones españolas, impidiendo que cumpla con su cometido de defender a la ciudadanía y perseguir la delincuencia, incluso amenazando y represaliando a sus subordinados los oficiales y agentes que pese a todo tratan de cumplir con su deber. De los socialistas ya no cabe sorpresa alguna pero cuesta creer que militares profesionales de máximo rango, pechera multi-condecorada y fajín a juego, se degraden hasta comportarse como si fuesen mercenarios de una banda de jaques o chantajistas tabernarios: «te voy a dar dos hostias«. Un insulto a la Institución y a su uniforme, una traición a España. Tampoco deja de sorprender que los ministros del Interior y de Defensa de la Corona se hayan podido degradar de magistrados jueces con algún prestigio profesional hasta chapotear en su indigno desempeño actual.
El suceso comentado ha pasado al ámbito judicial y es de esperar que conlleve consecuencias. Pero este escándalo no es el único, ni el peor. Marlasca ha sido reprobado por el Congreso y el Senado. Una vergüenza descalificadora para un pretendido «demócrata». El Tribunal Supremo dio la razón al honrado coronel López de los Cobos y dictaminó que su cese por parte del ministro Marlaska fue ilegal, por lo que el Ministerio del Interior debía restituirle. El ministro y juez pese al revolcón judicial bochornosamente se negó a dimitir. La UCO, acreditada y meritoria unidad de élite anti delictiva de la Guardia Civil, se ha presentado hace unos días en la sede de la propia Institución en la calle madrileña de Guzmán el Bueno para intentar comprobar por orden del juez una grave sospecha: si el PSOE se confabuló con altas jerarquías de la benemérita promocionadas por los socialistas, para poner obstáculos o impedimentos abriendo expedientes o inspecciones internas a mandos de la Policía Judicial y la UCO mientras desarrollaban las pesquisas de casos judiciales que afectan al Partido Socialista.
Fuentes de la propia Institución entienden que se estarían produciendo graves ejemplos de arbitrariedad para favorecer a secuaces o favoritos de Marlasca mientras se discrimina o persigue a mandos capaces y honrados. Tanto para favorecer acciones políticas sectarias socialistas como incluso para dificultar la lucha contra el narcotráfico.
Lo sucedido formaría parte de un presunto proceso golpista en curso de ataque del Ejecutivo para neutralizar las instituciones democráticas y someterlas al poder despótico socialista. Además de a los miembros de las FSE afectaría a los intentos para neutralizar a jueces y fiscales no adictos al sanchismo.
Esto no puede ni debe seguir así. La gente honrada y en especial la que tiene posibilidad de hacer algo en función de su posición institucional debe reaccionar y colocar a cada cual en su lugar.
Por orden de responsabilidades llama la atención el pasotismo del Jefe del Estado convertido en un lamentable don Tancredo incapaz de cumplir sus juramentos de cumplir y hacer cumplir la constitución, con el agravante de ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas de las que forma parte la Guardia civil.
Mucho de lo que se va conociendo parece indudable que entra en el código penal aunque la fiscalía dependa del famoso “one”, presidente del gobierno de la Corona al que el Congreso le ha pedido la dimisión, respondido con el correspondiente risueño corte de mangas. Otro demócrata ejemplar,
La Comunidad de Madrid ha protestado con toda razón, lo de este mando es un menosprecio sectario e inadmisible a todos los madrileños. El oficial lacayuno debe ser cesado sin demora. Como sus jefes, pero mucho me temo que no caerá esa breva cuando se carece de honor ni se preserva la dignidad de las instituciones. La propia directora socialista de la Guardia Civil durante su toma de posesión irónicamente había prometido ser inflexible con la corrupción y declarado que «Ninguna estrategia política y ningún abuso particular pueden marchar la inmensa limpieza con la que la Guardia Civil afronta cada día su trabajo por España«. Pero ¡lástima! Ha sido imputada el pasado 2 de julio por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por su presunta implicación en la trama para desactivar causas judiciales incómodas para el Gobierno o el entorno de Sánchez. Y ahí sigue, sin dimitir ni ser cesada aunque solo fuese por disimular. Entre ellos se protegen, ¿hasta cuándo?
Posdata
Ya escrito este texto se ha conocido la cobarde y salvaje agresión policial sufrida por un joven aficionado madrileño que ha sufrido una lesión tremenda mientras celebraba pacíficamente la victoria de la selección española de fútbol frente a Francia por parte de uno de los energúmenos uniformados a las órdenes de Marlasca. Se trata de un hecho canallesco, injustificable, gravísimo, que debe ser castigado de modo ejemplar, fulminante y contundente. Otra muestra más de cómo el ministro socialista está degradando a las FOP bajo su mando en violentos hombre de estaca. No debe haber impunidad para estas peligrosas conductas delictivas y el agresor debe ser identificado y puesto a disposición judicial cuanto antes. Lo contrario es de cómplices.
