Fuentes jurídicas confirmaron a Onda Cero que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Mercedes González y a Manuel Llamas los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez (también conocido como las “cloacas del PSOE” o la trama para desestabilizar investigaciones contra el Gobierno y el partido).
Contexto del caso Leire Díez
El caso investiga una presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez (con presuntos vínculos con Santos Cerdán y otros dirigentes del PSOE) destinada a boicotear o desestabilizar causas judiciales y policiales que afectaban al entorno de Pedro Sánchez, al PSOE y al Gobierno. Esto incluía intentos de descrédito contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, filtraciones y presiones para obstaculizar investigaciones sensibles (como las relacionadas con Koldo García, José Luis Ábalos, el hermano de Sánchez o Begoña Gómez).
La UCO ha elaborado varios informes que apuntan a la cúpula de la Guardia Civil por supuestas connivencias o facilitación de estas maniobras.
Implicación de Mercedes González y Manuel Llamas
- Mercedes González (directora general de la Guardia Civil desde septiembre de 2024, militante socialista y exdelegada del Gobierno en Madrid): La UCO documentó al menos tres reuniones con Leire Díez (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y 2 de abril de 2025). Díez presumía de tener “control” sobre ella y mencionaba en mensajes y grabaciones su intención de “armar” actuaciones administrativas contra la UCO y abrir investigaciones internas por filtraciones.
González negó en su comparecencia en el Senado (junio 2026) cualquier participación en tramas contra la UCO, afirmó que los encuentros fueron “cafés” informales y que cortó la relación cuando Díez le pidió readmitir a un agente sancionado (implicado en el caso Koldo). Sin embargo, mandos de la UCO la contradijeron en declaraciones judiciales.
Se le vincula con la apertura de informaciones reservadas (expedientes internos) contra mandos de la UCO, calificados como “excepcionales” y presuntamente destinados a amedrentar a investigadores de casos sensibles.
- Manuel Llamas (Director Adjunto Operativo – DAO, máximo mando uniformado y “número 2” del cuerpo): Exjefes de la UCO como Rafael Yuste (exjefe) y Alfonso López Malo ratificaron ante el juez Pedraz que Llamas les indicó “ponerse de perfil” y no ser “proactivos” en investigaciones con “afectación política” (ej. caso del hermano de Sánchez). También se le atribuye la orden de abrir expedientes internos tras contactos relacionados con la trama.
Evolución reciente de la investigación
- El PP, como acusación popular, presentó un escrito pidiendo la imputación de González, Llamas y el antecesor de González (Leonardo Marcos), alegando indicios de prevaricación, obstrucción a la justicia, organización criminal y otros delitos.
- La Fiscalía Anticorrupción respaldó en gran medida esta petición, solicitando específicamente la imputación de González y Llamas por prevaricación y obstrucción (sin extenderla inicialmente a Marcos).
- El juez Santiago Pedraz ha citado a ambos como imputados para declarar el 16 de julio, según la información principal de la consulta. Esto marca un escalón importante en la causa, que ya ha imputado a decenas de personas (incluyendo a la presidenta de la SEPI y otros altos cargos) y ha incorporado testimonios clave de mandos de la UCO y fiscales.
Reacciones y consecuencias
- Interior (ministro Fernando Grande-Marlaska) ha defendido la “honestidad” de González y la cúpula, negando presiones.
- En el seno de la Guardia Civil hay tensiones internas significativas, con mandos que ven a la dirección política como ajena o perjudicial para la UCO.
- El caso ha generado fuerte polémica política, con el PP exigiendo responsabilidades y el Gobierno minimizándolo como ataques de la oposición.
