El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido formalmente investigado (imputado) por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el marco del caso Plus Ultra. Se le atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, según fuentes judiciales y policiales. Esta es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno es investigado penalmente en una causa por corrupción.
Contexto del caso Plus Ultra
La investigación se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, de capital venezolano y con escasa actividad en España. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional sospechan que parte de estos fondos públicos se utilizaron para blanquear capitales de origen ilícito, presuntamente procedentes de Venezuela (como comisiones, malversación en PDVSA o programas del chavismo).
La causa comenzó en un juzgado ordinario de Madrid (Instrucción 15, juez Esperanza Collazos) y pasó a la Audiencia Nacional en febrero/marzo de 2026 por su dimensión internacional y económica. El juez Calama mantiene el secreto de sumario, prorrogado hasta mediados de junio de 2026.
Vinculación con Zapatero: pagos a través de Análisis Relevante
El eje principal es el empresario alicantino Julio Martínez Martínez (“Julito”), amigo personal de Zapatero (salían a correr juntos) y administrador único de Análisis Relevante SL. Esta consultora:
- Recibió más de 460.000-707.000 euros de Plus Ultra por supuestas gestiones en Venezuela (2020-2025).
- Pagó a Zapatero y sociedades vinculadas a sus hijas (Laura y Alba Rodríguez Espinosa) alrededor de 460.000-661.000 euros por “asesoramiento verbal”, informes y consultoría global. Zapatero lo declaró como autónomo y defendió su legalidad.
La UDEF halló facturas a nombre de Zapatero, correos y un supuesto contrato que otorgaba a Martínez un 1% del rescate si se conseguía. Se investiga si estos pagos encubrían comisiones por intermediación política o blanqueo.
Julio Martínez Martínez fue detenido en diciembre de 2025 junto a directivos de Plus Ultra (presidente Julio Martínez Sola, CEO Roberto Roselli) y otros. Se le imputan apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. En mayo de 2026, el juez Calama le rebajó medidas cautelares (levantó prohibición de viajar por Schengen y firma quincenal) al considerar reducido el riesgo de fuga, aunque mantiene los indicios contra él.
Martínez oculta más de medio millón de euros en fondos en Miami (EEUU), trasladados desde Luxemburgo, con movimientos en 2025. Además, se le incautaron 300.000 euros en efectivo en su vivienda.
Imputación de Zapatero y operativa policial
Según fuentes de El Confidencial (19 de mayo de 2026), Zapatero está citado como imputado para el 2 de junio. Se indaga en un entramado que captaba fondos ilícitos (empresas buscando favores en Moncloa o gobiernos extranjeros) y los reintroducía vía consultorías.
Zapatero carece de aforamiento (renunció al Consejo de Estado en 2015), por lo que Calama puede investigarlo directamente. Sería el primer expresidente investigado por un juez ordinario.
