El 19 de mayo de 2026, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama (Juzgado Central de Instrucción nº 4) imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Lo citó a declarar para el 2 de junio. En un auto de unas 85-88 páginas, Calama lo sitúa como el “vértice” o líder de una “estructura estable y jerarquizada” que habría facilitado el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021 a cambio de comisiones (alrededor de 1,9-2 millones de euros presuntamente para Zapatero y su entorno, incluida la empresa de sus hijas).
La investigación se basa principalmente en informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), cooperación internacional (Francia, Suiza, EE.UU. vía Homeland Security) y evidencias documentales y financieras obtenidas en registros (despacho de Zapatero y empresas vinculadas). Zapatero niega rotundamente las acusaciones y asegura que toda su actividad ha sido legal.
Sin embargo, esta imputación —la primera de un expresidente en democracia por hechos de este tipo— genera dudas razonables sobre su solidez, el contexto político y posibles motivaciones estratégicas.
La UDEF: de la inacción selectiva a la acción contra Zapatero
Uno de los elementos más controvertidos es el protagonismo repentino de la UDEF. En noviembre de 2025, el jefe de la unidad, Fernando Alonso (nombrado en 2022 bajo el ministro Marlaska), presumía en privado de “librarse de presiones” al evitar investigar corrupción política. Según fuentes policiales recogidas por The Objective, Alonso transmitía: “Nos estamos librando de todo esto” y “no quiero líos”. La unidad había perdido la mitad de sus efectivos, se mantenía al margen de macrocausas como Koldo, Begoña Gómez, el hermano de Sánchez o Negreira (dejando todo a la UCO de la Guardia Civil) y generaba percepción de “Policía domesticada”.
De repente, en 2025-2026, la UDEF lidera detenciones, registros y el grueso de la investigación contra Zapatero y su círculo (incluidos directivos de Plus Ultra). Esta contradicción alimenta la sospecha de selectividad política: actuar con fuerza contra una figura del PSOE histórico (Zapatero) mientras se autocensuraba en casos cercanos al Gobierno actual. Críticos hablan de “voladura controlada” o instrumentalización para “sacrificar” a Zapatero y blindar al Ejecutivo de Sánchez.
En defensa de la investigación: la reapertura se impulsó por evidencias internacionales de blanqueo (posibles fondos venezolanos de PDVSA/CLAP) y por la Fiscalía Anticorrupción. La UDEF ha investigado históricamente a todos los partidos. Pero el contraste con su pasividad previa erosiona la credibilidad pública.
El recorrido judicial y las coincidencias polémicas
El caso comenzó en 2021 con una querella de Manos Limpias en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que archivó parcialmente por error formal. Se reabrió en 2024-2025 por blanqueo internacional. La magistrada Esperanza Collazos se inhibió hacia la Audiencia Nacional. Inicialmente correspondió al Juzgado nº 2 (juez Ismael Moreno), quien se abstuvo por antecedentes. Por reparto ordinario, llegó a Calama.
La coincidencia del indulto al hermano de Calama por el Gobierno de Zapatero en 2011 añade otra capa de duda sobre la apariencia de imparcialidad, aunque el reparto fue automático.
La hipótesis de “cerrar el asunto” (non bis in idem)
Una teoría que circula es que la imputación serviría para “judicializar” ahora el caso de forma que, en caso de archivo o absolución, se blindara a Zapatero frente a futuras investigaciones (cosa juzgada o prescripción). Esto encajaría en un contexto donde el PSOE podría querer “limpiar” su pasado mientras el Gobierno actual enfrenta sus propios escándalos. El auto se describe como interpretativo (mensajes, flujos financieros, “facturación ad hoc” vía la empresa de las hijas), lo que abre la puerta a defensas sólidas.
Puntos en contra: no hay cosa juzgada previa sobre estos hechos concretos. Existen indicios (mensajes como “ZP interviene”, contactos con Ábalos o Escrivá, flujos offshore) que justifican continuar la instrucción. La presunción de inocencia rige hasta sentencia firme.
Conclusión: un caso que erosiona la confianza institucional
La imputación de Zapatero marca un hito judicial, pero llega envuelta en sombras: una policía económica que pasó de la inacción a la acción selectiva, un juez con vínculo familiar indirecto, un timing político oportuno y evidencias que, aunque existentes, dependen en gran medida de una unidad bajo sospecha de politización.
Sea cual sea el desenlace (el 2 de junio será clave), este procedimiento refuerza la percepción de que en España las instituciones de control (Policía, Fiscalía, jueces) sufren alta tensión política. La transparencia, la recusación si procede y el escrutinio riguroso de las pruebas serán decisivos. Por ahora, prima la cautela: indicios serios que merecen investigación, pero también dudas legítimas que no se pueden ignorar.
