La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado sin titubeos que el Papa León XIV “avala las políticas” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en vísperas del encuentro entre el presidente y el Pontífice y de la visita apostólica a España que comenzará el próximo 6 de junio.
Una afirmación de tal calibre no puede quedar sin respuesta por parte de la Santa Sede. Que un Gobierno intente capitalizar la visita de un Papa para blanquear su imagen y vender una supuesta bendición papal a su agenda política no es nuevo, pero sí resulta especialmente llamativo cuando proviene de un Ejecutivo que ha elevado el laicismo masónico militante a categoría de doctrina de Estado.
El mismo presidente que pretende destruir la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, expulsar a la comunidad monacal que cuida de ella, que ha eludido sistemáticamente los funerales religiosos por las víctimas del COVID, la DANA o el accidente de Adamuz, ahora se convierte en más papista que el Papa y anuncia su asistencia a la misa que León XIV celebrará en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio.
Esta contradicción no es casual. Es cálculo político puro. Ante las crecientes dificultades internas —corrupción, erosión institucional y pérdida de credibilidad—, Sánchez busca en la sotana papal un escudo de respetabilidad que su propio Gobierno ha contribuido a desgastar durante años.
Decir que el Santo Padre “avala las políticas del Gobierno” no es una mera opinión política. Es atribuir al líder espiritual de más de 1.200 millones de católicos en el mundo una toma de partido explícita en favor de un proyecto político concreto que representa el mal y la corrupción, con sus leyes sobre el aborto, la eutanasia, la memoria histórica, el separatismo, la educación, invasión de España por la inmigración ilegal o la ideología de género. Este gobierno avala a los regímenes dictatoriales, que esclavizan a sus ciudadanos, que pisan los derechos humanos y la Cruz
Afirmaciones de este tipo comprometen la neutralidad y universalidad de la Iglesia. La diplomacia vaticana es legendaria por su prudencia y por evitar entrar en disputas partidistas. Sin embargo, existe un límite: cuando un Gobierno se atreve a poner en boca del Papa un respaldo que este no ha dado, el silencio deja de ser neutralidad para convertirse en complicidad tácita. Qui tacet consentire videtur. Quien calla, otorga.
El silencio del Vaticano otorgaría una instrumentalización burda de la figura papal con fines electorales y de imagen, sobre todo a un personaje como Sánchez, que se ha convertido en un paría de la diplomacia mundial. No se le pide al Vaticano que entre en la refriega política española ni que desmienta cada titular interesado, se le exige, por elemental higiene institucional, que recuerde con claridad que el Papa sólo habla de principios evangélicos —dignidad humana, justicia, acogida al que sufre, defensa de la vida y de la familia— pero no otorga cheques en blanco a programas políticos partidistas y anticatólicos.
La agenda de León XIV en España es claramente pastoral: encuentros con jóvenes, obispos, migrantes, obras de caridad, la misa en la Sagrada Familia y la bendición de la torre de Jesucristo. El Pontífice vendrá a predicar el Evangelio, no a legitimar a un Gobierno corrupto. Si el Ejecutivo pretende convertir cada gesto de cortesía institucional o cada llamada a la solidaridad en un “aval papal”, la Santa Sede tiene la responsabilidad moral y diplomática de marcar distancias.
Dejar que se instale la narrativa de que “el Papa está con Sánchez” supone un engaño a los católicos españoles y una manipulación de la opinión pública. El Vaticano aún está a tiempo de recordar, con la elegancia y firmeza que le caracterizan, que la Iglesia no es un actor político al servicio de ningún Ejecutivo, y que sus pastores no vienen a España a dar plácemes partidistas, sino a anunciar a Cristo. El silencio, en esta ocasión, no sería prudencia. Sería un error.
