Por Antonio Barrera (abogado)
La noticia de que en 2027 la edad ordinaria de jubilación subirá hasta los 67 años no es una sorpresa, sino la culminación de un calendario aprobado hace más de una década. La reforma impulsada en tiempos de Mariano Rajoy y diseñada por Fátima Báñez ya dejó escrito el camino: subir de forma gradual la edad legal y reservar la salida a los 65 años para quienes acrediten una carrera de cotización suficientemente larga.
Por eso, presentar ahora el cambio como una novedad absoluta es, como mínimo, una forma perezosa de contar una realidad que lleva años en marcha. Silenciosa, sutil, pero que siempre estuvo en marcha.
Lo relevante no es tanto la fecha sino el fondo del problema. El sistema español de pensiones funciona como un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de los jubilados del presente, y eso exige que haya una base amplia de trabajadores cotizando para sostener a una población pensionista cada vez más numerosa.
Dicho de forma más amplia, el sistema de pensiones comparte con un esquema Ponzi una dependencia crítica del flujo de entradas: necesita que siga habiendo suficientes cotizaciones para pagar las prestaciones de quienes ya están jubilados. Esa similitud, sin embargo, es solo superficial: en un Ponzi hay engaño deliberado, promesas falsas de rentabilidad y un mecanismo diseñado para beneficiar a los primeros participantes a costa de los últimos; en las pensiones públicas hay una arquitectura legal, una finalidad social y una redistribución regulada por ley.
La diferencia técnica importa, porque evita confundir un problema de sostenibilidad con un fraude. Pero el nervio del debate está precisamente en que, aunque no haya estafa, sí puede haber un desequilibrio estructural que obligue a reformar el sistema si la base de cotizaciones se estrecha, si la esperanza de vida sigue creciendo y si las carreras laborales continúan siendo más discontinuas.
Ahí está la cuestión de fondo: no se trata de comparar el sistema de pensiones con una estructura Ponzi, sino de reconocer que un sistema de reparto necesita una relación suficientemente sana entre quienes aportan hoy y quienes cobran hoy.
Ese desajuste no aparece por casualidad. España vive más años, y eso es una buena noticia, pero representa una tensión financiera para cualquier sistema de pensiones; además, los jóvenes tardan
más en incorporarse al mercado laboral y lo hacen, muchas veces, con más precariedad, interrupciones y cotizaciones insuficientes.
Si uno junta longevidad creciente, carreras laborales más tardías y una demografía menos favorable, el resultado es previsible: más pensionistas por cada trabajador que sostiene el sistema.
Me gustaría centrarme ahora la aplicación práctica de la teoría. Veamos cómo opera hoy la norma y qué cambiará en 2027: un trabajador con 38 años y 3 meses cotizados en 2026 puede jubilarse a los 65 años; si no alcanza ese mínimo, tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses. En 2027, ese umbral sube a 38 años y 6 meses: quien llegue, se retira a los 65; quien no, deberá esperar a los 67.
En la jubilación anticipada voluntaria, la referencia también se endurece. Hoy, quien tenga 38 años y 3 meses cotizados puede adelantar el retiro hasta los 63 años; a partir de 2027, ese acceso se mantiene para quien alcance 38 años y 6 meses, mientras que quien no llegue a ese nivel verá retrasada su edad de acceso.
En la anticipada involuntaria ocurre algo parecido: la edad de entrada depende de la cotización acumulada y, además, se aplican coeficientes reductores que recortan la pensión final.
Un ejemplo sencillo ayuda a verlo mejor. Si un trabajador nacido en 1960 llega a 2026 con 38 años y 3 meses cotizados, podrá jubilarse a los 65; si no, se irá a 66 años y 10 meses. En cambio, un nacido en 1961 con una carrera suficiente para alcanzar 38 años y 6 meses podrá mantener la retirada a los 65 en 2027; si no alcanza ese umbral, su edad ordinaria subirá a 67.
La norma, en definitiva, premia la cotización prolongada y penaliza las trayectorias fragmentadas.
Lo peor sería resignarse y convertir este debate en un lamento estéril del tipo “el sistema de pensiones no vale para nada”. Ese mensaje no contribuye a ningún tipo de cambio positivo, así como sirve de coartada perfecta para quienes quieren vender la idea de que el único futuro sensato es el ahorro privado, con fondos, seguros y productos financieros que prometen seguridad y suelen ocultar comisiones, incertidumbre y fiscalidad.
Hay que decirlo sin rodeos: el interés de bancos, aseguradoras y fondos de inversión es que la gente desconfíe del sistema público para empujarla hacia soluciones privadas.
El debate serio es otro. Hay que pelear por un sistema más robusto, por mejores salarios, por empleo más estable y por mejores cotizaciones, porque sin una base laboral amplia no hay reparto que aguante. También hay que discutir cómo adaptar el modelo a una sociedad más longeva sin
trasladar todo el coste a los mismos de siempre: trabajadores con carreras discontinuas, jóvenes precarizados y clases obreras que sostienen el sistema sin tener garantías claras de retorno.
Y hablando precisamente de la clase obrera, aquí hay que pegarnos un pequeño tirón de orejas: no estamos lo suficientemente implicados. Debemos organizarnos, salir a la calle y presionar si de verdad queremos conseguir cambios. Lejos de ideologías polarizadas que obligan, como quien tiene que pasar por una única calle si desea llegar a su destino, a posicionarse.
Reformar no significa desmontar; significa evitar que el problema se agrave y obligue mañana a recortes más duros.