La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una sentencia por la agresión en el centro de salud de Los Castros, en Santander. Esta situación lamentable ocurrió el 5 de mayo de 2022. El tribunal ha condenado a Borja R. G. a doce años de prisión por el ataque contra un médico y un celador que se encontraban desempeñando su labor asistencial en el momento de los hechos. La resolución judicial considera acreditada la violencia ejercida y la gravedad de las consecuencias sufridas por el facultativo, quien perdió la visión de un ojo a raíz de la agresión.

El zumbado arremetió contra el médico mientras este atendía sus funciones profesionales
De acuerdo con los hechos probados, el condenado accedió de forma violenta al centro sanitario y arremetió contra el médico mientras este atendía sus funciones profesionales. Los golpes causaron lesiones de gran entidad, con secuelas permanentes e irreversibles. Cuando el celador acudió para auxiliar al facultativo, también resultó herido durante el altercado.
Además de la pena de prisión, la sentencia establece indemnizaciones económicas. El agresor deberá abonar 147.569 euros al médico por las lesiones, las secuelas y los perjuicios derivados, incluida la pérdida de visión. Asimismo, deberá indemnizar al celador con 15.845 euros por los daños físicos y las consecuencias sufridas. El tribunal ha destacado la especial gravedad de lo sucedido al tratarse de un ataque cometido en el interior de un centro sanitario y contra profesionales que prestaban un servicio público esencial. La resolución pone de relieve tanto el impacto físico como el daño psicológico ocasionado a las víctimas.

En el mismo procedimiento, la Audiencia también ha condenado a la madre del acusado al pago de una multa de 900 euros como autora de un delito leve de amenazas en el contexto de los hechos juzgados. La sentencia todavía no es firme y puede ser objeto de recurso ante instancias superiores. Este caso vuelve a poner de manifiesto la preocupación existente por las agresiones a profesionales sanitarios y la necesidad de reforzar su protección mientras ejercen su labor asistencial.
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