La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este martes, desde primera hora de la mañana, un registro en el domicilio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ubicado en la ciudad de Valencia.
La operación, ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, se enmarca en la investigación del conocido como caso «Koldo» (aunque sería mejor llamarlo caso «PSOE»), una causa que indaga en presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y obra pública durante la pandemia.
Según fuentes jurídicas, los agentes buscan documentación vinculada a adjudicaciones de obra pública que podrían haber sido amañadas durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021). Las diligencias, que se mantienen bajo secreto judicial, también incluyen registros en las sedes de varias constructoras en la región, con el objetivo de recopilar pruebas sobre posibles pagos de comisiones en efectivo y en especie.
El caso Koldo, nombrado así por el exasesor de Ábalos y ex portero de pvticlvub, Koldo García, investiga una presunta trama de corrupción en la que se habrían adjudicado contratos de forma irregular. El empresario Víctor de Aldama, también imputado, ha señalado en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo que se pagaron comisiones para favorecer a ciertas empresas en licitaciones de obra pública, mencionando directamente al exministro y a su entorno. Entre las pruebas aportadas por Aldama se incluyen conversaciones por WhatsApp y notas manuscritas que, según él, implican a Ábalos y García en estas prácticas.
Durante el registro, los agentes han procedido a incautar dispositivos electrónicos, incluido el teléfono móvil de Ábalos, que será clonado para su análisis. No se prevén detenciones por el momento, según fuentes cercanas a la investigación. La vivienda registrada, situada en la Avenida de la Constitución de Valencia, pertenece íntegramente al exministro desde 1992, tras la liquidación de la sociedad conyugal con su entonces esposa, según un informe patrimonial elaborado por la UCO en marzo de 2025.
Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE en febrero de 2024, ha negado en dos comparecencias previas ante el Tribunal Supremo cualquier implicación en el cobro de comisiones. Además, ha solicitado en varias ocasiones que se aparte a la UCO de la investigación, acusándola de filtraciones sobre su vida privada con “tintes de venganza”. Sin embargo, tanto el juez instructor como la Sala de Apelación del Supremo han rechazado estas peticiones, respaldando la continuidad de las pesquisas.
El operativo de este martes supone un paso relevante en la investigación, que apunta a posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Las sospechas se centran en la relación entre Ábalos, Koldo García y empresarios como Aldama, quienes habrían participado en una red para beneficiarse de contratos públicos. Entre las acusaciones, se destaca que Ábalos pudo haber recibido contraprestaciones, como el uso de un chalé en Cádiz y pagos relacionados con una hipoteca de su pareja, gestionados por su exasesor.
La investigación también ha puesto el foco en empresas como Obras Públicas y Regadíos SA, Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL, señaladas por Aldama como vinculadas a las adjudicaciones irregulares. Además, la UCO ha identificado transferencias bancarias sospechosas realizadas por Koldo García a un hijo de Ábalos, así como la gestión de un crédito hipotecario, lo que refuerza la hipótesis de que García actuaba como testaferro del exministro.
Este registro, el primero autorizado por el Supremo en un inmueble de Ábalos, ha generado un fuerte revuelo político, especialmente en el seno del PSOE, donde el exministro fue una figura clave como secretario de Organización y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. A pesar de ello, fuentes de La Moncloa, siguiendo en su línea de tomar a los españoles por tontos, han transmitido “absoluta tranquilidad” frente a las posibles repercusiones del caso para el Gobierno.
La operación sigue en curso, y el secreto judicial podría levantarse en los próximos días tras el análisis del material incautado. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando para esclarecer el alcance de la trama de corrupción y la implicación de José Luis Ábalos en ella.