La nulidad de los Créditos ICO Covid19: El engaño del estado, el ICO pagará el 80% del crédito «NADIE QUEDARÁ ATRÁS»

Las operaciones financieras llamadas ICO´s COVID 19, se han convertido en una pesadilla para los autónomos y empresarios que en plena pandemia contrataron con las entidades bancarias estos productos financieros. Hemos oído a múltiples clientes contarnos cuál fue el método que los bancos utilizaron para colocar estos productos, hemos llegado a la conclusión, que todo fue un engaño ideado desde el Gobierno de España, utilizando su célebre frase de la Agenda 2030, “Nadie quedará atrás”.

Las consultas de los afectados que solicitan los servicios profesionales de nuestro bufete Quercus Jurídico, para que estudiemos sus casos e iniciemos acciones judiciales, están aumentando y las demandas que hemos interpuesto en los juzgados solicitando la nulidad de estos contratos, se han multiplicado por 4  en lo que va de año. Los tribunales ya empiezan a darnos la razón decretando la nulidad de las cláusulas de garantía solidaria persona, que obran en los contratos de créditos ICO COVID 19 concedidos por los bancos. Todo ello es consecuencia de la propaganda realizada por el propio Presidente del Gobierno, en sus ya tristemente famosos “Aló Presidente”, donde daba el parte de guerra, a la atemorizada población española, prometiéndoles lo que no era cierto. 

Los Tribunales han reconocido en sus sentencias, que los avalistas firmaron las pólizas con la falsa creencia de que sólo pagarían el 20% del importe acreditado, y que del resto, (el 80%) se haría cargo el Estado por medio del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Recordemos cómo Pedro Sánchez nos dijo, que el Estado iba a conceder cientos de miles de millones de euros y que el Instituto de Crédito Oficial, avalaría el 80% de los créditos que solicitaran los empresarios y los autónomos para que sus empresas pudieran sobrevivir a ese encierro ilegal al cual sometieron a toda España, arruinándola para décadas y para varias generaciones.

 Los casos que nos encontramos son calcados unos de los otros. La comercialización de estos ICOs fue muy similar, por parte de todos los bancos (casi siempre Caixabank Santander, Sabadell y BBVA). El banco se convertía en comercializador y asesor, además de prestatario, de unas pólizas de préstamo o crédito ICO Covid 19, destinadas para las empresas y autónomos con domicilio social en España. 

Los empleados de los bancos asesoraban a los clientes, telefónicamente, ya que no se podía acudir a la oficina nada más que con visitar concertada, recomendándoles que en vez de renovar sus pólizas de crédito, era mucho mejor que solicitaran uno de los créditos de la línea ICO Covid 19 avalados por el Instituto de Crédito Oficial y que además esta era la única opción financiera que les ofertaban para no cerrar la empresa. 

Al administrador único de una pequeña empresa, que era cliente de un banco  desde hacía muchos años, se le hacía firmar como garante solidario, junto con miembros de su familia, con la excusa que era necesario para poder concederle el crédito ICO Covid 19 o ICO IF – ICO COVID 19 y THOMAS COOK.

La entidad bancaria aseguraba que si el empresario no pudiera pagar el crédito ICO, el Estado, como avalista, se haría cargo del mismo en un porcentaje del 80%, a causa del aval que prestaría el ICO para la concesión de la operación. Tal hecho no era cierto.

Los bancos redactaban por su cuenta y unilateralmente, el contrato ICO, con las condiciones particulares y generales preestablecidas por el banco en un contrato en masa, sin dar ocasión a los empresarios a negociar cláusula alguna, incluida la de garantía solidaria, que como persona física,  ellos y sus familiares iban a otorgar en el préstamo por imperativo del banco.

Existía una falta de información, precontractual, recibida por parte del banco, en el momento de la firma. En muchos casos en ausencia de fedatario público que revisara la legalidad de las cláusulas insertadas en las pólizas.

Ni antes, ni durante, ni posteriormente, se les informaba a los empresarios y sus garantes de las características del préstamo que firmaba, en qué consistía la garantía personal prestada, la cual era solidaria, ni que riesgos corría su patrimonio en caso de impago del préstamo ICO Covid 19. La información recibida, era prácticamente nula y la poca información telefónica que se les dio, fue tremendamente equivoca. 

Se produjo, por parte de los bancos, un asesoramiento desleal para con los contratantes.

Posteriormente se ha tenido noticia, de que este producto era un producto estrella para los departamentos comerciales de los bancos en los primeros meses de la pandemia de Covid 19, y que había orden de comercializarlo con prioridad a otros productos financieros. Es más, este producto servía como enganche para forzar a los empresarios y autónomos que lo solicitaban, a contratar otros productos de los bancos, en lo que se llama en el argot bancario, venta cruzada. 

De haber sido informados los empresarios, por parte de los bancos, de que el aval personal no era provisional hasta la concesión por el ICO del aval definitivo, que el ICO no pagaría el 80% del crédito en caso de impago y que además la garantía solidaria del aval personal era por el cien por cien, esto hubiera llevado a las empresas prestatarias  y a los garantes solidarios, a no plantearse la solicitud de este tipo de préstamo, al crearse un importante riesgo financiero para ellos, como personas firmantes.

Nos encontramos, en consecuencia, ante unas malas prácticas bancarias generalizadas, donde la desinformación del cliente sobre producto que contrataba, le ha llevado a prestar el consentimiento viciado por un error en las características del mismo. El propio banco que le había asesorado para que contratara, tampoco le informó de las consecuencias de la fianza personal y solidaria prestada. Ha existido en los créditos ICO´s, un quebranto del derecho a la información del cliente.

Las últimas sentencias, han dado la razón a los clientes, y los jueces han dictado las mismas a favor de los empresarios que garantizaron personalmente su préstamo ICO, reduciendo su responsabilidad al 20 %, a consecuencia de la errónea y falsa información que desde los bancos y desde el Gobierno se transmitió a los españoles durante la pandemia.

Esta línea jurisprudencia de los tribunales españoles, abre una gran oportunidad para todos aquellos pequeños empresarios que todavía tienen la oportunidad de solicitar la nulidad de sus créditos ICO y de  la deuda personal contraída a causa de estos productos bancarios.