El Gobierno está a punto de aprobar un Real Decreto que impone criterios obligatorios de alimentación saludable y sostenible en hospitales, residencias y otros centros públicos/sociosanitarios (y también en otros espacios públicos). ANEDA, la asociación del sector del vending (máquinas expendedoras), pide que se corrija antes porque, tal como está, puede hacer inviables muchos puntos de venta y causar pérdidas económicas y de empleo.
Qué es el Real Decreto
Se trata del proyecto de Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Pablo Bustinduy). Salió a información pública en diciembre de 2025 y el ministro ha dicho que está listo y que su aprobación en Consejo de Ministros podría ser inminente (incluso se habló de fechas cercanas a finales de octubre de 2026).
Sigue la línea del Real Decreto 315/2025 de comedores escolares saludables. Sus objetivos principales son promover la dieta mediterránea, reducir ultraprocesados y frituras, priorizar productos frescos, de temporada, de proximidad y ecológicos, y mejorar la oferta en entornos sensibles (hospitales, residencias, centros de día, etc., públicos y privados de atención a dependientes).
Lo que afecta especialmente al vending:
- Al menos el 80 % de los productos de las máquinas deben ser saludables (agua, leche, fruta, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos, panes y sándwiches integrales, yogures sin azúcares añadidos, etc.).
- Los ultraprocesados o poco saludables (snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas, galletas, etc.) quedan limitados y no pueden colocarse en las filas más visibles.
- Las bebidas calientes se dispensan sin azúcar por defecto (máximo 5 g opcional).
- También se fomentan fuentes de agua potable gratuita.
Hay límites similares en menús y cafeterías (por ejemplo, máximo de raciones de ultraprocesados/frituras en régimen residencial o pensión completa) y se extiende a otros centros públicos.
Por qué reacciona ANEDA
La asociación comparte el objetivo de una alimentación más saludable, pero considera que el texto, en su redacción actual, tiene problemas serios:
- Problemas jurídicos (inconsistencias en la tramitación, posibles riesgos de anulación o de inseguridad jurídica para centros y operadores). Han enviado a varios ministerios una nota técnica con propuestas concretas para resolverlos sin cambiar los objetivos de salud pública.
- Falta de evaluación de impacto sobre autónomos y pequeñas empresas (el sector del vending está muy atomizado).
- Impacto económico y operativo estimado (en un escenario de aplicación estricta):
- Los centros públicos podrían perder unos 18 millones de euros al año en cánones (las tasas o royalties que les pagan las empresas de vending; actualmente generan unos 60 millones al año en el canal público; de esos 18, unos 8 corresponderían a hospitales y centros sanitarios/sociosanitarios).
- Riesgo de alrededor de 2.000 empleos (directos e indirectos) en el sector.
- En muchos hospitales y residencias, las máquinas son el único servicio de alimentación disponible de noche, fines de semana o cuando la cafetería está cerrada (para personal sanitario y familiares). Si el surtido no se ajusta a la demanda real, muchos puntos pueden volverse inviables → máquinas vacías, concursos desiertos y menos servicio.
Entre sus propuestas concretas destacan ampliar el plazo de adaptación del vending a 24 meses (como recoge la memoria del proyecto, frente a los 12 del articulado) y proteger los contratos en vigor.
En resumen: el Gobierno quiere regular de forma obligatoria la oferta alimentaria (incluida la de las máquinas) en hospitales, residencias y centros similares para reducir ultraprocesados y priorizar opciones más saludables. El sector del vending apoya la idea general pero alerta de que la norma, tal como está redactada y sin ajustes, puede generar problemas legales, pérdidas económicas para los centros y para las empresas, y dejar sin servicio de alimentación en horarios críticos. Piden diálogo y correcciones antes de una aprobación precipitada.
