Este 1 de octubre de 2026 el fiscal general de Florida, James Uthmeier ha anunciado una demanda contra Pfizer y su consejero delegado, Albert Bourla, por la forma en que se comercializó la vacuna de ARNm contra la COVID-19. Es una demanda civil de protección al consumidor, no una condena penal. Nadie ha “caído” todavía. Lo que sí ha empezado es el primer intento serio de Florida de llevar esas afirmaciones de marketing a un juzgado.
🚨 Florida Attorney General James Uthmeier announces LAWSUIT against Pfizer.
Accountability is coming. pic.twitter.com/qlhjx2JHHW
— Died Suddenly (@DiedSuddenly_) October 1, 2026
Qué se presentó y ante quién
Uthmeier presentó el 1 de octubre de 2026 una demanda de 49 páginas en el tribunal de circuito del 19.º distrito judicial, en el condado de St. Lucie, bajo la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act (FDUTPA). Los demandados son Pfizer Inc. y Albert Bourla a título personal.
La fiscalía estatal pide:
- una orden que impida la conducta descrita;
- multas de 10.000 dólares por infracción, o 15.000 si afectó a mayores o personas con discapacidad;
- la devolución de los beneficios ligados a las prácticas alegadas;
- costas y honorarios.
En su cuenta personal, Uthmeier escribió al día siguiente que, si los tribunales le dan la razón, las multas y las reclamaciones que puedan seguir podrían llegar a miles de millones, y que la legislatura de Florida podría usar ese dinero para un fondo destinado a residentes que hayan sufrido daños por las inyecciones. Eso es una hipótesis política, no una partida ya creada.
Lo que Florida alega
La demanda sostiene que, entre 2020 y 2023, Pfizer vendió la vacuna como un producto sin riesgos materiales relevantes mientras disponía, o tenía acceso, a datos sobre miocarditis, pericarditis, problemas en el embarazo, ictus, muertes y otros eventos adversos. El texto habla de mujeres embarazadas que abortaron y de adolescentes con ataques cardiacos como el reverso de una campaña que insistía en que el producto era seguro.
También acusa a la compañía de animar a vacunarse “para proteger a los demás” aunque los ensayos no se diseñaron para medir si la vacuna frenaba la transmisión. Y de haber usado tácticas desleales para dominar el mercado: más de 80.000 millones de dólares en ventas de la vacuna, cerca del 70 % del mercado estadounidense y europeo, y una subida del precio privado desde unos 30 dólares por dosis hasta 110–130 dólares en 2023, una vez acabada la fase de compra pública de emergencia. La queja cifra en al menos 1.500 millones la inversión de Pfizer en el desarrollo y habla de un gasto publicitario enorme para imponer el relato.
El escrito personaliza a Bourla. Recoge que en 2021, en una entrevista con el Atlantic Council, llamó “criminales” a quienes difundían lo que él consideraba desinformación sobre la vacuna, y sostiene que lo hizo mientras la empresa aseguraba en público una seguridad que, según Florida, no había comunicado del todo. La frase de la demanda es explícita: Pfizer partió de la idea paternalista de que las familias de Florida “no podían ser de confianza con la verdad”. Uthmeier lo repitió en vídeo: “Asumieron que las familias de Florida no podían ser de confianza con la verdad. Nosotros no estamos de acuerdo.”
En el mismo anuncio ligó la demanda a otra investigación, aún abierta según él, sobre Anthony Fauci y lo que llama el “estado biomédico”. Esa investigación no forma parte de esta querella.
Lo que Pfizer responde
Pfizer niega los hechos. Su comunicado dice que las alegaciones no tienen mérito, que responderá en el juzgado, y que sus declaraciones “han sido precisas y basadas en la ciencia”. Añade que está orgullosa de haber desarrollado la vacuna en tiempo récord “y salvado innumerables vidas”, que el producto se ha administrado a miles de millones de personas, que muestra un perfil de seguridad favorable en todos los grupos de edad y que ayudó a proteger frente a enfermedad grave, hospitalización y muerte.
Lo que ya estaba en el expediente regulatorio, al margen de la demanda
Parte del conflicto no es si existieron riesgos, sino cuándo se dijeron y cómo se vendieron.
La miocarditis y la pericarditis tras las vacunas de ARNm figuran en el etiquetado desde 2021. La FDA ha descrito el riesgo como mayor en varones menores de 40 años, y el más alto en varones de 12 a 17 años; la mayoría de los casos seguidos a corto plazo resolvieron síntomas, aunque algunos necesitaron cuidados intensivos y faltaban datos de secuelas a largo plazo. En junio de 2025 la FDA obligó a actualizar la ficha de Comirnaty y Spikevax: con datos de seguros de la fórmula 2023-2024, la incidencia no ajustada en los días 1 a 7 fue de unos 8 casos por millón de dosis entre 6 meses y 64 años, y de unos 27 por millón en varones de 12 a 24 años.
Sobre la transmisión, la propia ficha de preguntas de la FDA sobre Comirnaty decía que la comunidad científica aún no sabía si la vacuna reducía el contagio desde personas vacunadas que se infectaban. Eso choca con la consigna política de 2021 de que vacunarse era, sobre todo, un acto para proteger a los demás. El ensayo pivotal midió enfermedad sintomática, no transmisión. La eficacia relativa cercana al 95 % frente a enfermedad sintomática en los dos primeros meses no era lo mismo que una protección duradera contra infección o contagio, y esa distinción se diluyó en la comunicación pública.
El antecedente que complica el relato de “ya están cayendo”
En enero de 2025 se desveló el informe final del gran jurado estatal que Ron DeSantis pidió en 2022 para investigar “cualquier irregularidad” de las vacunas contra la COVID. No encontró actividad criminal imputable. Los jurados escribieron que no hallar delitos “no significa que no encontráramos problemas”, criticaron la relación demasiado estrecha entre la FDA y Pfizer y Moderna, pidieron más transparencia en los ensayos y una prohibición de la publicidad de fármacos, y acusaron a los fabricantes de haber agotado los plazos para aportar pruebas. No hubo procesamientos.
Florida no está sola en el terreno civil, y los casos previos muestran lo difícil que es el camino:
- Texas. Ken Paxton demandó a Pfizer en noviembre de 2023 por declaraciones engañosas sobre eficacia, duración y transmisión, y por presionar a redes sociales para censurar críticas. En diciembre de 2024 un juez federal desestimó el caso: inmunidad de la ley PREP (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) y, además, preempción federal. Paxton apeló el 8 de enero de 2025 ante el Quinto Circuito.
- Kansas. Kris Kobach demandó en junio de 2024 en el condado de Thomas por publicidad falsa sobre eficacia, seguridad en el embarazo y riesgo de miocarditis. Pfizer se llevó el caso a la federal. El 14 de mayo de 2025 el juez Daniel Crabtree lo devolvió al tribunal estatal. Sigue abierto.
La ley PREP es el muro habitual: otorga una inmunidad muy amplia a fabricantes de contramedidas cubiertas durante la emergencia. Por eso Uthmeier ha elegido un tribunal estatal y una ley de consumo de Florida, y ha metido a Bourla en la demanda. Es un intento de rodear ese muro, no una victoria.
