Cinco noches de acampada han convertido la Puerta del Sol en un campamento. Los recuentos publicados hablan de más de mil tiendas y los comerciantes de la zona denuncian el perjuicio que sufren sus negocios. La plaza que es de todos lleva días siendo de unos pocos. El objetivo de los partidos del gobierno con este campamento de “guarros” es evitar que se desahucie al inquilino okupa de la Moncloa y desviar la atención de la opinión pública española, que hasta hace muy pocos días la tenía puesta en la invasión de Ceuta por parte de Marruecos, en la corrupción e Sánchez y los suyos, en las cloacas que amenazan jueces y en la no presentación de presupuestos por cuarto año consecutivo.
Frente a ello, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se niega a ordenar el desalojo. Sostiene que no hay disturbios y apela al derecho de reunión. La Comunidad le dio 48 horas para actuar. El Ayuntamiento le exigió la disolución inmediata y le trasladó, a él y al Ministerio del Interior, que había constatado adoquines, hornillos y un cuchillo de grandes dimensiones en el entorno. La respuesta del jueves fue un comunicado que promete «actuaciones procedentes» y no ordena nada.
La vivienda es un problema real causado por los mismos que se manifiestan y por el Gobierno. Pero el derecho de reunión no equivale a un título para apropiarse de una plaza durante semanas. El Sindicato de Inquilinas, promotor de la acampada, ha anunciado que seguirá «pase lo que pase», incluso después de que el Gobierno aprobara sus decretos de alquiler. Eso ya no es una concentración. Es un pulso a las instituciones y a los vecinos que viven y trabajan en el centro. Recordemos que ese presunto sindicato a recibido más de tres millones y medio de euros de subvenciones públicas.
Ante la parálisis, regresa la idea de que Madrid tenga su propia policía. Es una idea legítima. Como respuesta a Sol, es un espejismo.
La Constitución reserva la seguridad pública al Estado (art. 149.1.29.ª) y solo permite policías autonómicas «en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos». El de Madrid, según su texto consolidado en el BOE, solo atribuye a la Comunidad la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales (art. 26.1.27 y 26.1.28). No hay habilitación para un cuerpo propio, como sí la hay en el País Vasco, Cataluña, Navarra o Canarias. Crearlo exigiría reformar el Estatuto, con mayoría cualificada en la Asamblea y ley orgánica aprobada por las Cortes. Años de tramitación y una negociación que nadie vislumbra.
Las concentraciones en la vía pública dependen de la Delegación del Gobierno, que es la autoridad gubernativa según la Ley Orgánica 9/1983. La Comunidad es dueña de la Real Casa de Correos y responsable de protegerla como Bien de Interés Cultural, pero no puede ordenar por sí sola una intervención policial en la plaza. Una policía autonómica tendría la misma limitación. La decisión seguiría estando en el despacho del delegado.
Lo mismo vale para la Policía Municipal, a la que muchos vecinos miran como la solución más a mano. Puede hacer cumplir las ordenanzas de limpieza y ocupación de la vía pública, denunciar infracciones y actuar ante delitos flagrantes. Lo que no puede es disolver por sí sola una concentración amparada, mientras no se demuestre lo contrario, por un derecho fundamental. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le encomienda colaborar con las fuerzas estatales cuando estas se lo requieren, no dirigir la operación. Por eso el Ayuntamiento ha requerido a la Delegación en lugar de actuar por su cuenta.
Cuando tres administraciones tienen competencias solapadas y una de ellas decide no usar la suya, crear un cuarto cuerpo no cambia nada. Reproduce el problema con otro uniforme.
La Comunidad ya ha acudido a los tribunales y pide medidas cautelarísimas para el desalojo, y el alcalde estudia una querella. Es el camino correcto: que un juez determine quién incumple sus obligaciones y que cada administración responda por lo que hace o deja de hacer. En campaña, eso es lo que los madrileños deben exigir.
El debate sobre el modelo policial de Madrid puede darse. Pero hay que plantearlo como lo que es, una reforma estatutaria de largo recorrido, y no como remedio para una plaza ocupada. Sol no necesita otra policía. Necesita que quien tiene la competencia decida, y que responda ante los madrileños si no lo hace.
