Las Naciones Unidas se enfrentan a una de las crisis de liquidez más graves de su historia reciente. Funcionarios de alto nivel, incluido el secretario general António Guterres, han admitido abiertamente que la organización está en riesgo real de quedarse sin efectivo y de sufrir un colapso financiero total. La causa principal es el rechazo o el retraso sistemático de muchos Estados miembros a pagar sus cuotas obligatorias. Guterres ha advertido a través de cartas a los 193 Estados miembros de un “peligro real de quedarnos sin dinero” y de un “colapso financiero inminente”. A finales de 2025 las cuotas impagadas del presupuesto ordinario alcanzaron un récord de alrededor de 1.560-1.570 millones de dólares. Estados Unidos, responsable de aproximadamente el 22 % del presupuesto regular, concentra la mayor parte de la deuda (cerca del 95 % según algunas estimaciones de funcionarios de la ONU, con cifras que superan los 2.000 millones si se incluyen atrasos y misiones de paz). China, Rusia y otros países también acumulan impagos o retrasos significativos.
El problema se agrava por una norma financiera anacrónica: la ONU está obligada a devolver a los Estados miembros como crédito los fondos no gastados, incluso cuando nunca los recibió. Guterres ha descrito esta situación como un “ciclo kafkiano” y una “carrera hacia la bancarrota”. En 2026 la organización se vio forzada a devolver cientos de millones que no había cobrado. Solo una minoría de países (alrededor de 55) pagó a tiempo al inicio del año. La liquidez llegó a ser tan crítica que se advirtió de la posibilidad de quedarse sin efectivo a mediados de año (julio-agosto), lo que habría obligado a medidas drásticas como el cierre temporal de la sede de Nueva York o la aplicación de recortes más duros.
Como respuesta, la ONU aprobó un presupuesto ordinario de 2026 reducido (alrededor de 3.450 millones de dólares, un recorte de aproximadamente el 15 %), con la eliminación de miles de puestos (cerca de 2.600-2.900). Se han aplicado medidas de ahorro extremas: reducción de gastos operativos, menor calefacción, apagado de escaleras mecánicas en algunas sedes y recortes en misiones políticas especiales y programas humanitarios. Pagos parciales posteriores de China, Estados Unidos y otros han aliviado temporalmente la situación, pero la precariedad estructural permanece.
Las agencias «especializadas», que dependen en parte de la financiación del sistema, también sienten la presión.
Impacto en el “sueño dorado” español
En el ámbito doméstico español, la debilidad financiera de la ONU y de sus organismos dependientes pone en cuestión las aspiraciones de algunos altos cargos del Gobierno a puestos internacionales bien remunerados.
Yolanda Díaz, vicepresidente segunda y ministro de Trabajo (de ideología comunista y líder del casi extinto Sumar), es candidata oficial del Gobierno español a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo tripartito dependiente del sistema de Naciones Unidas. Su candidatura se formalizó en 2026 y la elección está prevista para noviembre de 2026 (tomaría posesión en 2027 si resulta elegida). Compite, entre otros, con el actual director general. Un colapso o una profunda crisis presupuestaria de la ONU y de sus agencias especializadas reduciría inevitablemente los recursos y el atractivo de esos cargos “dorados” e inútiles.
Respecto a Mónica García (conocida popularmente como MeMa), ministro de Sanidad, la situación es algo distinta. Forma parte del Consejo Ejecutivo de la OM$, pero España no la ha presentado como candidata a la Dirección General. El Gobierno nominó finalmente a la médico María Neira, con larga trayectoria en la propia OMS, aunque circularon rumores sobre posibles aspiraciones de MeMa. Aun así, cualquier inestabilidad financiera grave en el sistema ONU afecta también a la OM$ y a los puestos de representación que ocupan políticos españoles.
Y no hay que olvidar el caso del exministro Miquel Iceta, actual embajador delegado permanente de España ante la UNESCO (organización dependiente de la ONU) desde diciembre de 2023. Un cargo cómodo en París, con sueldo estimado entre 140.000 y 160.000 euros brutos anuales más residencia, coche oficial y gastos de representación, que le permite seguir cobrando un “sueldazo” por una labor de representación diplomática de perfil bajo o más bien nulo. Iceta, que ha hecho de la política su único oficio durante décadas (sin carrera universitaria), es un ejemplo clásico de recolocación por lealtad: el premio a quien ha sabido mantenerse siempre cerca del poder, lamiendo el trasero a quien tocara, incluido Pedro Sánchez. Mientras tanto, acumula un patrimonio inmobiliario millonario: investigaciones periodísticas han revelado que este pájaro controla, principalmente a través de la sociedad Promoción de Locales Industriales SL, hasta 27 inmuebles (viviendas, locales, plazas de garaje, terrenos y naves industriales en Barcelona, Girona y Menorca) valorados en más de 10 millones de euros, muy por encima de lo que declaraba personalmente.
La realidad es que estos perfiles políticos han sido objeto de infinidad de críticas por su nefasta gestión en España. Convertir un organismo internacional en plan B o en premio de consolación mientras la casa matriz se desmorona por impagos no parece el escenario más sólido. La crisis de la ONU pone de manifiesto un problema de fondo: cuando los principales contribuyentes dejan de confiar, con toda la razón, en la eficacia y la neutralidad de la organización, el dinero deja de llegar. Y sin dinero, ni mandatos ambiciosos ni puestos “dorados” se sostienen.
(Por Lourdes Martino)
Te puede interesar: En un informe de la ONU se propone que se considere un delito cuestionar el «climacambiático»
