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Gabriel Araujo y José Miguel Alvarado (Plataforma Elecciones Transparentes) alertan sobre un previsible nuevo fraude el 29N

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, José Miguel Alvarado, presidente de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET), ha entrevistado a Gabriel Araujo, secretario general de la Asociación de Peritos Judiciales en Informática (ANTPJI). En la conversación, grabada el 17 de noviembre, ambos han analizado las que consideran principales vulnerabilidades del sistema electoral español y los riesgos de fraude en los próximos comicios

El sistema electoral como sistema de seguridad de la información

Araujo parte de una premisa básica: el proceso electoral debe funcionar como un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), con exigencias claras de trazabilidad, continuidad y verificabilidad. Según el experto en ciberseguridad, estas garantías se ignoran sistemáticamente en España. Señala que, lejos de mejorar, el sistema ha retrocedido en algunos aspectos y que denunciar las debilidades genera rechazo incluso entre responsables políticos de distintos partidos (Marrlaska, Sánchez, Feijóo o Abascal), lo que interpreta como desconocimiento de los estándares internacionales de seguridad electoral.

La ausencia de escrutinio general y la dependencia de Indra

El principal fallo estructural que denuncian es la falta de escrutinio general (el recuento total de las actas) desde el año 2000, cuando se generalizó el recuento informatizado. La administración electoral se apoya casi exclusivamente en el recuento provisional de la empresa Indra, sin realizar un escrutinio propio. Documentos judiciales, entre ellos la respuesta de la Junta Electoral de Zona de Sevilla en las autonómicas andaluzas de 2015 (solicitada por Vox con la participación del juez Francisco Serrano y el periodista José María Arnezana), acreditan que no se ha hecho ese escrutinio general desde entonces. Se utiliza lo que ellos denominan “procedimiento atajo”: se toman directamente los datos de Indra.

Existen grabaciones en las que presidentes de juntas electorales de zona (Oviedo, Málaga, Toledo) admiten que no se hace el recuento completo y que solo se abren los sobres impugnados por los interventores. En Pamplona, según la plataforma, más del 90 % de los sobres permanecieron precintados. Araujo califica esta práctica como un incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG, a partir del artículo 140), que puede constituir delito electoral. Además, advierte de que los resultados que aparecen a las 22:00 h son sospechosos de estar pre-cargados, porque no se corresponden con un escrutinio real de las actas.

Vulnerabilidades del voto por correo

El voto por correo agrava la pérdida de trazabilidad. Aunque se han reforzado algunas medidas (vigilancia policial de centros), 16 embajadas envían los votos del Censo de Residentes Ausentes (CERA) sin pagar el porte en destino, sin documentación completa y sin código de seguimiento. Esto permite, según Araujo, que se pierda el control sobre el contenido de los sacos. Recuerda casos anteriores (como el de Albaida del Aljarafe, Sevilla, donde más del 40 % de los votos por correo presentaban firmas idénticas de un concejal socialista) y la existencia de más de un centenar de vulnerabilidades en la web de Correos. También menciona la posibilidad de manipular solicitudes en zonas concretas y problemas de censo (registros masivos en un mismo domicilio o en residencias).

La Ley de Memoria Democrática y la expansión del censo exterior

Un factor nuevo es la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. El 22 de octubre de 2022, Sofía Puente (entonces directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y hermana de Óscar Puente) dictó una instrucción que amplió el acceso a la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, sin necesidad de acreditar el exilio, pese a que una enmienda similar de Ciudadanos había sido rechazada en el Congreso. Esto ha permitido, según denuncian, la incorporación al censo de personas con vínculos muy lejanos (por ejemplo, un senador mexicano cuyo bisabuelo era español del siglo XIX). Algunos expedientes se habrían presentado fuera de plazo y se habrían corregido con Tipp-Ex. Vox y Jusapol impugnaron la medida; el Tribunal Supremo suspendió el derecho de voto a unos 160.000 beneficiarios, pero no a sus descendientes, lo que genera situaciones paradójicas. El objetivo, según Araujo, es diluir el peso del voto de los residentes en España. También se señala la intervención de consulados (como el de Rosario, vinculado a Begoña Gómez) que inscriben personas en municipios de origen de sus antepasados sin verificación adecuada.

Otros elementos de riesgo y llamamiento ciudadano

Araujo menciona el nuevo DNI digital con código QR, que en su opinión es más seguro contra la suplantación que el documento físico (a diferencia de otras aplicaciones administrativas). Sin embargo, insiste en la falta de una autoridad electoral independiente: la Junta Electoral Central está en el Congreso y el Ministerio del Interior gestiona el proceso, mientras Indra (con participación estatal y antecedentes de condenas por fraude) y la empresa Babel (también con antecedentes) intervienen en el recuento y el censo. En circunscripciones pequeñas, con la Ley de Hondt, pocos miles de votos (o el CERA) pueden decidir escaños; en 16 provincias la diferencia es inferior al 3 % y el voto exterior podría ser decisivo en 26 escaños. Hay 168 municipios donde los votos extranjeros superan a los locales.

La conclusión de ambos es que la LOREG es una buena ley, pero no se aplica en lo esencial: no hay escrutinio general verificable ni independencia real del proceso. Por ello animan a los ciudadanos a acudir a los escrutinios, anotar datos, denunciar irregularidades (especialmente la ausencia de escrutinio general, art. 141 LOREG) y no permitir que se impida la grabación de evidencias. El fraude electoral, sostienen, no es solo un problema de votos, sino la puerta de entrada a formas más amplias de corrupción.

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