Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa y candidato a las presidenciales francesas de 2027, ha vuelto a exhibir su programa radical. En un debate televisado sobre pobreza y poder adquisitivo, el veterano izquierdista defendió un techo máximo de herencia de 12 millones de euros por heredero. Todo lo que supere esa cifra se gravaría al 100 %. Es decir, el Estado se lo queda íntegramente. Paralelamente, propone exonerar de impuestos las herencias por debajo de 150.000 euros y computar todas las donaciones y transmisiones a lo largo de la vida.
El objetivo declarado es financiar una “garantía de autonomía” de 1.337 euros mensuales para los jóvenes (el umbral de pobreza para una persona sola), especialmente estudiantes a partir de los 18 años y, en enseñanza profesional, desde los 16. Mélenchon lo presenta como un “círculo virtuoso”: los ricos pagan y el Estado recupera el dinero vía actividad económica. Forma parte de un paquete más amplio que incluye elevar el SMIC a 1.700 euros netos, jornada de 32 horas, jubilación a los 60 años (con 40 años cotizados), planificación ecológica centralizada, nacionalizaciones, salida de la OTAN y la conversión de cientos de miles de millones de deuda francesa en manos del BCE en préstamos a interés cero que nunca se devolverían.
Pocos días después, el eco llega a España. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio (la coalición liderada por Ada Colau que agrupa a Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Sumar), presenta su programa para las elecciones del 29 de noviembre. La medida estrella es casi idéntica, solo que más agresiva en el umbral: tope de 10 millones de euros por heredero, con tipo marginal del 100 % sobre todo lo que exceda. Entre 5 y 10 millones se aplicaría un 75 %, y entre 800.000 y 5 millones un 50 %. Las donaciones en vida cuentan y se eliminan las bonificaciones autonómicas. Por debajo de 120.000 euros se rebajan los tipos.
Bustinduy lo justifica con la retórica habitual: “Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida”. “¿Qué mérito hay en nacer en una familia rica? ¿Qué apellido vale 10 millones de euros?”. “Suficiente ventaja en la vida es nacer rico”. El dinero confiscado, asegura, irá a los servicios públicos. Es la misma lógica de Mélenchon, adaptada al mercado electoral español y a la obsesión por la “concentración de poder económico”.
Por qué es una locura económica y jurídica
Estas propuestas no son simples subidas de impuestos. Son confiscaciones disfrazadas de progresividad. En España, el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y el artículo 31 prohíbe expresamente que el sistema tributario tenga “alcance confiscatorio”. Un tipo del 100 % sobre un tramo es, por definición, confiscatorio: el heredero no recibe nada de esa parte. Los críticos (y no solo de la derecha) lo han señalado de inmediato.
Económicamente, el daño es mayor. Quien sabe que, a partir de cierto umbral, el Estado se queda con todo lo que deje a sus hijos deja de acumular, invierte menos, se deslocaliza o estructura su patrimonio de otra forma (trusts en el extranjero, empresas en jurisdicciones más amistosas, etc.). Francia y España ya sufren fugas de capital y de talento; estas medidas las acelerarían. En el caso de empresas familiares o participaciones significativas, forzar la venta de activos para pagar el impuesto puede acabar en una nacionalización de facto, como han advertido analistas franceses respecto a la propuesta de Mélenchon. El resultado previsible no es más igualdad real, sino menos capital, menos inversión, menos empleos bien pagados y más dependencia del Estado.
La idea de que “nacer rico” es un privilegio ilegítimo que debe ser anulado ignora que la mayoría de las grandes fortunas se construyen con riesgo, trabajo, innovación o reinversión durante generaciones. Castigar la transmisión intergeneracional del patrimonio desincentiva precisamente el ahorro y la acumulación de capital productivo que financian las pensiones, la innovación y el crecimiento. El argumento de que solo afecta al 0,01 % o al 1 % más rico es irrelevante: el capital es móvil y las expectativas importan. Si el Estado anuncia que se queda con todo a partir de X millones, el comportamiento de quienes pueden alcanzar esa cifra cambia mucho antes.
Además, la promesa de financiar prestaciones universales con estos ingresos es ilusoria. Las estimaciones serias sobre la recaudación de un techo a 12 millones en Francia son mucho más modestas de lo que afirma LFI, y la fuga de capitales y la elusión reducirían aún más el rendimiento. En España, donde ya existen impuestos sobre el patrimonio y sucesiones elevados en algunas comunidades, el efecto neto sería similar: menos base imponible a medio plazo.
La coincidencia no es casual
La sincronía entre Mélenchon y Bustinduy no es coincidencia. Ambos pertenecen a la misma familia ideológica de la izquierda radical europea que prioriza la redistribución confiscatoria y el control estatal sobre los incentivos al crecimiento y el respeto a la propiedad. Mientras Francia se prepara para una campaña en la que Mélenchon podría llegar a la segunda vuelta, en España el Frente Amplio intenta arrastrar al PSOE hacia estas posiciones en plena precampaña. El mensaje es el mismo: el Estado decide cuánto es “suficiente” para que una familia deje a sus hijos, y el resto es “patrimonio de todos”.
Es una visión que trata el patrimonio acumulado como sospechoso por defecto y al esfuerzo de generaciones como un privilegio a corregir. En la práctica, es la receta clásica para empobrecer a todos a largo plazo mientras se concentra más poder en manos de los políticos. Si se implantara, el verdadero legado no sería más igualdad, sino menos capital, menos libertad y más Estado.

