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La Policía investiga a una ONG por la compra de materiales para artefactos explosivos caseros y entregárselo a los invasores

Un mes después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la ciudad autónoma vive un clima de tensión creciente. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre varios miembros de la ONG No Name Kitchen, identificados tras adquirir junto a grupos de migrantes grandes cantidades de salfumán (aguafuerte), papel de aluminio y acetona en supermercados de la ciudad.

Según fuentes policiales citadas por varios medios, esos productos —de venta libre— pueden combinarse en botellas de plástico para generar una deflagration y liberar gases al ser arrojados. Artefactos de este tipo se habrían usado en los últimos días contra militares, policías y vecinos que se manifestaban. Los activistas no fueron detenidos en el momento de la identificación porque no existían pruebas directas que vincularan la compra con los ataques.

La investigación se abrió tras avisos de empleados de comercios, extrañados por el volumen de las adquisiciones. Parte de los compradores serían inmigrantes de origen marroquí, algunos alojados en el CETI. La Policía rastrea también si el patrón se ha repetido en otros establecimientos y dónde se guarda el material.

El contexto: un mes de saturación y protestas

El 30 y 31 de julio de 2026 cruzaron la frontera de Ceuta entre 70.000 y 80.000 personas, según las distintas estimaciones oficiales y policiales. La mayoría regresó a Marruecos en los días siguientes, pero el Gobierno cifra en unos 5.000 los que permanecen; autoridades locales y fuerzas de seguridad elevan la cifra hasta 10.000. El CETI quedó colapsado y surgieron asentamientos improvisados en playas como El Trampolín y Benítez.

El balance humanitario es grave: las autoridades españolas registraron 82 muertes; organizaciones como Caminando Fronteras elevan la cifra. Hubo miles de atenciones sanitarias, distribución masiva de alimentos y un aumento de denuncias por agresiones, incluidas agresiones sexuales.

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Los vecinos han salido a la calle de forma reiterada para exigir la devolución a Marruecos de quienes no tengan derecho a asilo y el desmantelamiento de los campamentos. En algunas jornadas las protestas derivaron en enfrentamientos, quema de chabolas e intentos de bloquear la ayuda humanitaria. El Gobierno de Ceuta y colectivos de servicios esenciales siguen reclamando más medios y soluciones. El Consejo de Ministros prevé aprobar un plan de emergencia de 165 millones de euros.

Ataques a militares y civiles

En 72 horas se produjeron tres emboscadas contra patrullas militares. El último episodio, el domingo 30 de agosto en San Amaro, consistió en el lanzamiento de botellas con líquido corrosivo a modo de cóctel molotov; tres personas fueron detenidas y los efectivos resultaron ilesos. Días antes hubo lanzamientos similares contra soldados y contra manifestantes civiles. Una vecina relató que las botellas de plástico “se deshacían” al impactar y provocaban explosiones fuertes.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado que las Fuerzas Armadas se están convirtiendo en “objetivo a batir”. También se han registrado ataques con piedras y palos a vehículos militares, con heridos leves.

Quién es No Name Kitchen y qué dicen las partes

No Name Kitchen nació en Serbia en 2017 y está presente en Ceuta desde 2021. Se define como un colectivo de activistas que ofrece comida, asistencia médica, ropa y apoyo legal a personas en movimiento. Ha litigado contra devoluciones en caliente y elaborado informes sobre menores y condiciones en frontera.

En las semanas previas a esta investigación, varios de sus voluntarios ya habían sido detenidos. Interior atribuyó algunas detenciones a resistencia a la autoridad y a “alentar a grupos violentos”; la ONG sostiene que documentaban intervenciones policiales y que se les criminaliza por su labor humanitaria. Una activista francesa fue condenada a una multa por agredir a un agente.

Circulaban además acusaciones de que la organización había repartido spray de pimienta. Newtral verificó que no hay pruebas de ello y que el coordinador de la ONG, Ric Fernández, lo negó y lo calificó de “bulo para desprestigiarnos”. El Español indica que, al cierre de su reportaje del 31 de agosto, No Name Kitchen no había respondido a las preguntas sobre la nueva investigación.

Parece claro que la ONG cuenta con financiación de Open Society Foundations (George Soros) y está relacionada con grupos antifa. Vox ha anunciado denuncia penal por posible organización criminal, atentado a la autoridad y otros delitos, además de pedir la ilegalización y una auditoría de fondos europeos.

¿Será este el motivo por el que el gobierno de Sánchez no está haciendo nada en Ceuta?

Lo que está y lo que no está acreditado

Lo que sí consta, según fuentes policiales y EFE, es:

  • Identificación de activistas de No Name Kitchen en compras masivas de salfumán, aluminio y acetona junto a migrantes.
  • Uso posterior de artefactos de ese tipo contra militares y manifestantes.
  • Investigación abierta, sin detenciones inmediatas por falta de nexo directo en el momento de la compra.

Lo que no está judicialmente demostrado es que la ONG fabricara o entregara los artefactos concretos usados en los ataques, ni que existiera un plan coordinado de “instrucción” para fabricarlos. Esa es precisamente la línea que la Policía dice estar investigando.

Ceuta sigue siendo una olla a presión: miles de personas sin alojamiento estable, servicios públicos al límite, protestas vecinales, ataques a las fuerzas de seguridad y un choque político entre el Gobierno central, el Ejecutivo local y la oposición. La investigación sobre No Name Kitchen se suma a ese escenario, no lo resuelve. El resultado dependerá de si las pesquisas consiguen vincular de forma sólida las compras con los artefactos lanzados.

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