En un acto de puro autoritarismo disfrazado de “orden parlamentario”, la Mesa del Congreso —controlada por la mayoría de PSOE y Sumar— ha decidido este miércoles 13 de mayo de 2026 suspender de forma cautelar e indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles (EDA TV) y Bertrand Ndongo (Periodista Digital). La votación se basó en un informe de letrados sobre los primeros expedientes, pero ignora la esencia del problema: el miedo del Gobierno y sus socios a un periodismo incómodo que hace preguntas directas y filtra la verdad que los grandes medios ocultan.
Esta medida, inédita desde la reforma reglamentaria de julio de 2025 (impulsada precisamente para acallar voces críticas), supone un ataque frontal a la libertad de información. Suspende las credenciales mientras se tramitan los expedientes restantes, dando solo 10 días para alegaciones. En la práctica, es una expulsión temporal que puede convertirse en definitiva, todo orquestado por quienes se autoproclaman defensores de la democracia.
Expedientes fabricados contra periodistas incómodos
Vito Quiles acumula ocho (o nueve) expedientes; Ndongo, dos o tres. Las denuncias provienen casi exclusivamente del PSOE, Sumar, Podemos y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), un colectivo que parece más preocupado por proteger el statu quo que por la verdad. Los “delitos” imputados:
- Grabar en pasillos con el móvil (incluyendo a Zapatero o Sánchez, que no quieren rendir cuentas).
- Interrumpir ruedas de prensa con preguntas molestas.
- Llamar las cosas por su nombre (como calificar de “idiota” una actitud evasiva).
- Ejercer un periodismo de calle que molesta a los que prefieren el periodismo complaciente.
Según el nuevo Reglamento, estas conductas se catalogan como “graves” o “muy graves”, con sanciones que van desde días de suspensión hasta la revocación permanente. Pero la realidad es clara: lo que se castiga no es el comportamiento, sino la incomodidad que generan al poder. Periodistas tradicionales han hecho lo mismo durante décadas sin consecuencias.
Un Consejo Consultivo sesgado y una reforma a medida
La reforma de 2025 creó un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del que PP y Vox se autoexcluyeron por considerarlo un instrumento de control. PSOE, Sumar y el resto lo dominan por completo. Este órgano, junto con la APP, ha sido el motor de las denuncias sistemáticas. El resultado: un “deterioro del ambiente” que solo parece afectar a quienes cuestionan al Gobierno.
Mientras tanto, ¿dónde están las sanciones a filtraciones interesadas, a ruedas de prensa amañadas o al acoso real contra periodistas críticos fuera de la Cámara? El silencio es ensordecedor. Esta decisión no restaura el orden: lo pervierte, convirtiendo el Congreso en un búnker inaccesible para quien no aplauda el guion progresista.
Reacciones: defensa de la libertad frente al rodillo censor
PP y Vox han denunciado desde el principio esta caza de brujas como un ataque a la libertad de prensa. Para muchos españoles, Quiles y Ndongo no son “agitadores ultras” (el insulto favorito de la izquierda), sino de los pocos que persiguen a los poderosos por los pasillos y exigen respuestas. Su expulsión temporal es una victoria pírrica del Gobierno: silencia temporalmente las voces disonantes, pero refuerza la percepción de que en España, bajo esta mayoría, preguntar demasiado sale caro.
La medida es “indefinida” hasta resolver los expedientes, lo que puede derivar en meses de exclusión o revocación total si se acumulan “tres graves en un año”.
Este no es un episodio aislado de disciplina parlamentaria. Es el síntoma de un régimen que, ante la pérdida de narrativa, opta por la censura institucional. Expulsar a periodistas por hacer su trabajo no protege la democracia: la erosiona. Vito Quiles y Bertrand Ndongo pagarán hoy el precio de ser incómodos. Mañana, la pregunta será: ¿quién será el siguiente? El Congreso, con esta decisión vergonzosa, ha elegido el camino de la opacidad y el control. La libertad de prensa, una vez más, queda herida.
