Este jueves nos hemos enterado de que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado unificar en una sola macrocausa las investigaciones judiciales por los fallecimientos de ancianos en residencias durante la «farsemia». Los magistrados argumentan que la existencia de múltiples querellas y denuncias —a las que podrían sumarse más— convertiría la unificación en un procedimiento excesivamente complejo, dilatado y que impediría analizar con la debida minuciosidad cada caso concreto. Cada muerte, sostienen, presenta características distintas que merecen un examen individualizado.
Esta decisión judicial no es, en sí misma, lo que más nos llama la atención. Lo verdaderamente escandaloso es el contexto en el que se produce: durante los meses más duros de 2020, miles de ancianos fallecieron en residencias de toda España, no solo en la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, el foco mediático y político se concentró de forma obsesiva y casi exclusiva en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso. No se defiende aquí a ningún gobierno autonómico concreto, por supuesto que no. Lo que resulta intolerable es el fanatismo partidista con el que ciertos medios y actores políticos trataron esta tragedia humana.
Mientras se lanzaban ataques diarios contra Madrid, se ignoraban deliberadamente —o se minimizaban— las muertes ocurridas en residencias de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía y otras comunidades. La mortalidad en estos centros fue un fenómeno nacional, con porcentajes especialmente elevados en varias autonomías gobernadas por distintos colores políticos.
Médicos Sin Fronteras elaboró en su momento un informe demoledor titulado “Poco, tarde y mal”, en el que describía escenas que erizaban la piel: ancianos encerrados en sus habitaciones, golpeando las puertas y suplicando salir, en medio de un desamparo sanitario evidente. El documento denunciaba el abandono estructural, la precariedad y la falta de protección para los residentes.
Pero hay un capítulo aún más doloroso y menos o nada aireado: lo que ocurrió dentro de muchos hospitales. Ancianos —algunos con deterioro cognitivo— fueron ingresados por patologías diversas, pero un resultado positivo en un «timotest» los convertía automáticamente en “casos COVID”. Muchos fueron incomunicados durante semanas, sin poder recibir visitas de sus familias. A no pocos se les aplicó sedación con morfina u otros protocolos que, en la práctica, aceleraron o provocaron el final. Todo ello mientras su dolencia principal podía ser otra muy distinta. Y no, no se trata de teorías conspirativas: son testimonios directos de familiares que vivieron el horror en primera persona.
Quien escribe estas líneas lo vivió con sus propios padres. El dolor sigue siendo tan intenso que resulta difícil contarlo sin que se quiebre la voz y se corte la respiración. Por eso, cuando alguien afirma que “a los ancianos se los cargaron”, no es una exageración retórica ni un ataque partidista: es la cruda percepción de quien vio cómo casi una generación entera de mayores, los que construyeron este país, fue tratada como un problema logístico (por decirlo finamente) más que como personas dignas de todos los cuidados.
La farsemia reveló fallos muy graves en la gestión de las residencias: protocolos de no derivación hospitalaria basados en edad o dependencia, falta de medios, aislamiento inhumano y, en algunos casos, decisiones sanitarias muy discutibles que priorizaron criterios estadísticos sobre el valor individual de cada vida. Estas deficiencias no fueron patrimonio de una sola comunidad autónoma. Ocurrieron en todo el territorio nacional.
Exigir justicia no debería depender del color del partido que gobierne la región donde ocurrieron los hechos. La memoria de los miles de ancianos fallecidos merece algo mejor que una guerra mediática selectiva. Merece una investigación rigurosa, sin sesgos, que llegue hasta el final en cada caso, sea en Madrid, Barcelona, Valladolid o Sevilla.
Porque lo que realmente importa no es señalar a un solo responsable político para usarlo como arma electoral. Lo que importa es que fueron todos y también reconocer que España falló como sociedad a la hora de proteger a sus mayores más vulnerables. Y que ese fallo fue colectivo, no exclusivo de un territorio.
El tiempo pasa, sí, pero el dolor de las familias permanece. Y con él, la obligación moral de no olvidar ni blanquear lo ocurrido. Ni en Madrid ni en el resto de España.
Salvador Illa, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, presidentes de las comunidades autónomas, consejeros de Sanidad, directores de hospitales, médicos que ejecutaron esas órdenes y profesionales que fueron cómplices silenciosos: que el peso de todas esas muertes os acompañe cada día de vuestra vida. Aunque dudo seriamente que tengáis conciencia suficiente como para que os atormente.
(Por Laura González)