El accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en la línea 14-010, cerca de Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados un tren Alvia de Renfe y un tren de Iryo, ha generado un procedimiento judicial en fase de diligencias previas (número 36/2026) ante el Tribunal de Instancia de Montoro.
En este contexto, ha surgido una situación que apunta a posibles maniobras dilatorias por parte de Renfe en la identificación de su cobertura de responsabilidad civil. La compañía aseguradora QBE Europe SA/NV Sucursal en España se personó formalmente en los autos el 29 de enero de 2026, presentando una póliza, vigente durante todo el año 2026 y que cubre específicamente a Renfe Viajeros y al conjunto del Grupo Renfe. En su escrito, QBE solicitó expresamente ser tenida por comparecida como aseguradora de la responsabilidad civil de Renfe, comprometiéndose a seguir las actuaciones judiciales.
Meses después, el 27 de abril de 2026, la aseguradora Everest Insurance (Ireland) DAC Sucursal en España presentó un escrito en el que adjuntaba tanto el documento de personación de QBE como una copia de la póliza mencionada. Everest, que había sido previamente señalada como posible responsable civil directo, interpuso un recurso de revisión contra un decreto judicial y, en paralelo, solicitó al juzgado que requiriera a Renfe para que identificara todas las pólizas de responsabilidad civil de explotación que tuviera contratadas, además de confirmar si mantenía alguna póliza con Everest más allá del seguro obligatorio de accidentes de viajeros.
Este cruce de escritos revela que, a pesar de la clara personación temprana de QBE como aseguradora principal de Renfe en materia de responsabilidad civil, Renfe no habría facilitado de forma inmediata y transparente la información sobre su cobertura al juzgado ni a las otras partes. La intervención de Everest sugiere que la operadora ferroviaria podría estar generando confusión o demora al no aclarar de manera diligente cuál es la póliza activa para responder por los daños derivados del accidente.
La póliza de QBE, cuyas condiciones particulares detallan como asegurados al Grupo Renfe (incluyendo Renfe Viajeros, Renfe Mercancías y otras filiales), tiene como objeto cubrir las indemnizaciones por daños corporales, materiales y perjuicios ocasionados involuntariamente a terceros durante la vigencia del contrato, derivadas de la actividad de transporte ferroviario de viajeros y mercancías, entre otras. Su periodo de cobertura coincide exactamente con la fecha del siniestro (1 de enero a 31 de diciembre de 2026).
La aparente falta de colaboración inmediata de Renfe en la aportación de la documentación relevante ha obligado a otras aseguradoras a intervenir para aclarar su posición y evitar situaciones contradictorias en el procedimiento. Esta dinámica puede interpretarse como una estrategia para dilatar el proceso judicial, complicando la determinación de responsabilidades civiles y retrasando la posible tramitación de indemnizaciones a las víctimas y perjudicados.
En los procedimientos penales con responsabilidad civil derivada, la identificación clara y pronta de las aseguradoras es fundamental para agilizar la fase de instrucción y garantizar los derechos de todas las partes. La situación generada en torno al accidente de Adamuz pone de manifiesto posibles deficiencias en la gestión procesal por parte de Renfe, que podrían estar prolongando innecesariamente la resolución del caso.
Los tribunales tendrán ahora que dirimir estas cuestiones, requiriendo presumiblemente a Renfe que confirme de forma definitiva sus coberturas de responsabilidad civil y evite futuras confusiones que perjudiquen la marcha ordinaria de la justicia.