La muerte del abogado español del «Pollo» Carvajal recuerda a la del exdirectivo de PDVSA hallado ahorcado en 2019. Entre los dos casos hay siete años y un mismo trasfondo, el dinero del petróleo venezolano, que hoy alimenta varias investigaciones judiciales en España. Este artículo separa lo acreditado de lo alegado y de lo que no tiene respaldo documental.
El abogado Nielson de Souza Vilela, de unos 40 años, apareció muerto a primera hora del jueves 12 de noviembre en el trastero del edificio de la Gran Vía madrileña donde vivía. De Souza había defendido en España a Hugo Armando Carvajal, «El Pollo», exjefe de la inteligencia militar del chavismo. La noticia la adelantó The Objective. Hasta hoy no se conocen las causas de la muerte: ni la Policía, ni el juzgado de guardia, ni los forenses han dado información.
El caso ha recordado otra muerte ocurrida en Madrid hace siete años, la de un testigo clave del dinero de PDVSA. Ha vuelto a poner sobre la mesa una red de causas en la que aparecen un expresidente del Gobierno imputado, las cuentas del PSOE, la antigua financiación de Podemos, la República Dominicana y los viajes de la esposa del presidente.
El precedente: Juan Carlos Márquez, julio de 2019
Juan Carlos Márquez Cabrera, de 48 años, había sido secretario y alto directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Firmó en nombre de la petrolera los contratos de «asesoría» con las sociedades de Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, embajador de España en Caracas con Zapatero. Según la Fiscalía Anticorrupción, la familia Morodo cobró así unos 4,5 millones de euros de PDVSA entre 2008 y 2015, a través de sociedades como Aequitas y la panameña Furnival Barristers.
Márquez fue detenido en Barajas el 18 de julio de 2019 por una alerta de Interpol, a su vuelta de Estados Unidos. Declaró ante el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional). Se mostró dispuesto a colaborar y quedó en libertad con medidas cautelares. Tres días después, el 21 de julio, apareció ahorcado. Encontró el cuerpo su socio Carlos Prada, también investigado. Junto al cadáver había una nota de suicidio.
En agosto de 2019, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil investigaba si había intervenido un tercero, por unas manchas de sangre en la ropa. Sin embargo, los forenses acabaron descartando la participación de terceros y confirmaron el suicidio, según fuentes jurídicas citadas por Vozpópuli.
¿Cómo terminó el caso Morodo? En diciembre de 2024, la Audiencia Nacional condenó, por conformidad, a Raúl Morodo a 10 meses de prisión y a su hijo Alejo a dos años, solo por delitos contra la Hacienda Pública. Antes habían ingresado 1,41 millones de euros. No hubo condena por corrupción en las transacciones internacionales. En una pieza separada, el juez propuso juzgar a la viuda de Márquez y a Prada por ocultar a Hacienda fondos de PDVSA, con petición de decomiso autónomo frente a los hijos del fallecido.
Carvajal, el testigo que dice saberlo todo
En septiembre de 2021, mientras intentaba frenar su extradición, Carvajal declaró voluntariamente ante el juez Manuel García-Castellón. Afirmó que Venezuela había financiado a Podemos, señaló a Juan Carlos Monedero como receptor de pagos de PDVSA y dijo tener pruebas de negocios irregulares entre el entorno de Zapatero y Caracas. Según publicó entonces ABC, no aportó contratos, fechas ni cantidades. La Audiencia Nacional archivó en junio de 2022 la investigación sobre la financiación de Podemos.
Carvajal fue extraditado a Estados Unidos en 2023. En junio de 2025 se declaró culpable de narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas. Su sentencia se ha aplazado para que colabore como testigo contra Nicolás Maduro, capturado por EE. UU. en enero de 2026, y contra otros dirigentes chavistas. En junio de 2026 ofreció cooperar también con la justicia española en la causa contra Zapatero. Su abogado en España es el hombre hallado muerto esta semana.
Zapatero, primer expresidente imputado
El 19 de mayo de 2026, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Es el primer expresidente del Gobierno imputado en democracia. El juez lo investiga como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría cobrado por mediar en el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea en 2021. Están imputados también sus hijas, su secretaria, socios suyos y exdirectivos de la compañía.
El auto describe además una presunta estructura de intermediación en la venta de petróleo venezolano, con contactos con el Partido Comunista Chino y con empresas suizas interesadas en cargamentos de PDVSA. En una pieza separada, Zapatero está imputado por delito fiscal y contrabando por unas joyas sin declarar halladas en el registro de su despacho. El 6 de noviembre, el juez rechazó ampliar la imputación a malversación. El 11 de noviembre prorrogó la instrucción hasta el 28 de mayo de 2027. Hay pendiente una comisión rogatoria a EE. UU. para usar como prueba el móvil del empresario Rodolfo Reyes.
Hay más frentes, abiertos en este asunto, ya que Hazte Oír presentó en enero de 2026 una querella ante la Audiencia Nacional, y Manos Limpias pidió en 2025 a Washington sanciones bajo la Ley Magnitsky. Zapatero niega cualquier ilegalidad y le ampara la presunción de inocencia.
Los cupos de petróleo: el mecanismo
Desde las sanciones de 2017, PDVSA vendía buena parte de su crudo mediante «cupos»: asignaciones de cargamentos a intermediarios autorizados por el Ministerio del Petróleo, que entonces dirigía Delcy Rodríguez. Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, asegura que se benefició de uno de esos cupos. Ha aportado a la Audiencia Nacional un sobre de PDVSA, fechado el 4 de febrero de 2020, con cupos por 250 millones de dólares. Esa fecha es posterior al llamado Delcygate en Barajas.
Otras versiones van más allá. Según el libro Todos los hombres de Sánchez y empresarios citados por The Objective, China habría pagado a Zapatero en 2021 cediéndole cupos de crudo venezolano. Ninguna resolución judicial ha acreditado esa afirmación, que por ahora se apoya en testimonios de parte.
¿Financiación ilegal del PSOE?
El juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2) investiga en una pieza secreta los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, sobre todo los relacionados con José Luis Ábalos y Koldo García. En septiembre se incorporó un contrato de 15 millones de euros de 2019, aportado por Aldama, que este vincula a la venta de petróleo venezolano. Aldama sostiene que Ábalos y Koldo le pidieron conseguir fondos para el partido. El Tribunal de Cuentas ha remitido la relación de aportantes al PSOE.
El PSOE no está imputado de momento por el juez Pedraz, como persona jurídica y ninguna resolución da por probada una financiación irregular. Ferraz dice estar «absolutamente tranquilo», niega cualquier financiación ilegal y acusa a Aldama de sembrar sospechas sin pruebas.
República Dominicana, el nodo caribeño
Santo Domingo aparece una y otra vez en estas causas. Aldama afirma haber llevado a Zapatero en un avión privado de Caracas a Santo Domingo y que durante el vuelo se habló de negocios y de minas de oro venezolanas. Zapatero reconoció en el Senado un único trayecto con él, de hora y media. Aldama dice tener también planes de vuelo de aviones Falcon con destino a la República Dominicana en los que habrían viajado Zapatero y familiares suyos. Empresarios citados por la prensa sostienen que el crudo venezolano llegaba a España usando el país caribeño como origen aparente. Ninguna de esas afirmaciones ha sido verificada judicialmente.
En cuanto a las supuestas inversiones de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez en la República Dominicana, de momento no ha encontrado ninguna resolución judicial, informe policial ni documento publicado que atribuya al presidente inversiones personales en ese país. Lo documentado es otra cosa: decenas de vuelos oficiales y secretos que se han ocultado al portal de transparencia del Falcon y del Airbus del Ejercito de Aire a la República Dominicana, de los que el Gobierno no ha dado detalle completo, y subvenciones de la AECID a entidades dominicanas. Son hechos verificables, de los que de momento no existen consecuencias judiciales.
Los viajes de Begoña Gómez
A petición del juez Juan Carlos Peinado, la UCO informó en marzo de 2026 de que Begoña Gómez viajó a la República Dominicana en un vuelo comercial de Air Europa entre el 1 y el 3 de junio de 2022, según la Guardia Civil para asistir a un congreso empresarial. La Oficina Nacional de Información del Pasajero solo conserva datos de cinco años y no recoge los vuelos oficiales. Una fotografía difundida por Vozpópuli la sitúa de nuevo en Santo Domingo en marzo de 2023, cuando su marido asistió a la Cumbre Iberoamericana. Gómez y su asesora se negaron a entregar sus pasaportes, alegando su condición de investigadas.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio de 2026 que Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. Ninguna de las causas abiertas relaciona, de momento, sus viajes a la Republica Dominicana con el petróleo venezolano ni con la trama de Aldama.
Lo que une los dos casos y lo que no
El hilo común es claro: dos personas cercanas a procesos sobre el dinero chavista y las inversiones en España de los jerarcas venezolanos han muerto en Madrid con siete años de diferencia. Márquez colaboraba con la justicia cuando murió. De Souza defendía al testigo que más ha prometido contar mucho mas sobre Zapatero, la financiación de la izquierda española y de sus mafias y Podemos.
Pero conviene no dar el salto. La muerte de Márquez se cerró como suicidio tras la intervención forense. La de De Souza Vilela aún no tiene causa conocida. No existe hoy ningún indicio público y conocido por la opinión publica, que relacione ninguna de las dos muertes entre si, ni con el reparto de los cupos del petróleo venezolano para financiar partidos políticos españoles, ni acaso, con la financiación de la campaña para la elección de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista
Con los datos disponibles, los hechos relacionados quedarían así:
Esta acreditada judicialmente la condena de los Morodo por delito fiscal; la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra y por las joyas; la apertura de juicio contra Begoña Gómez; el viaje de esta a Santo Domingo en 2022.
Se encuentra bajo investigación, sin resolución a presunta financiación irregular del PSOE y el contrato de 15 millones; la intermediación de Zapatero en cupos de petróleo; las circunstancias de la muerte de De Souza Vilela.
Lo legado por testigos o publicado sin confirmación son los pagos venezolanos a Podemos (causa archivada en 2022); los cupos chinos a Zapatero; los vuelos de su familia en Falcon a la República Dominicana.
Se mantiene la sospecha, sin respaldo documental conocido, de las inversiones personales de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en la República Dominicana.
La autopsia de De Souza Vilela y la declaración de Carvajal en Nueva York serán los próximos datos que permitan saber si esta historia tiene un hilo criminal de consecuencias previsibles o solo coincidencias.
De momento, el crimen de la Gran Vía madrileña no tiene consecuencias presumibles en la marcha de la campaña electoral del 29-N.
