Las matanzas de Paracuellos (noviembre-diciembre de 1936) fueron el mayor episodio de ejecuciones extrajudiciales organizadas en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil española. Miles de presos fueron extraídos de las cárceles de Madrid bajo el pretexto de traslados o liberaciones y fusilados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz (Soto de Aldovea). Estos hechos se enmarcan en la represión del bando republicano en Madrid en el otoño de 1936, cuando el Gobierno presidido por Francisco Largo Caballero abandonó la capital y la Junta de Defensa, con Santiago Carrillo como consejero de Orden Público, asumió el control del orden público.
Contexto y desarrollo de las sacas
El 6 de noviembre de 1936, con las fuerzas del general Franco acercándose a Madrid, el Gobierno de Largo Caballero (PSOE, en coalición con el Frente Popular) evacuó la capital hacia Valencia. Quedó al frente de la defensa la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general José Miaja. Ese mismo día, Santiago Carrillo (entonces de 21 años, dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas y recién afiliado al PCE) fue nombrado consejero de Orden Público. Designó como delegado a Segundo Serrano Poncela.
Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre se realizaron numerosas “sacas”: convoyes de autobuses (a menudo de dos pisos de la Empresa Municipal de Transportes) y camiones salieron de cárceles como la Modelo, Porlier, San Antón y Ventas. A los presos se les decía que serían evacuados o liberados. Los convoyes se desviaron a parajes de Paracuellos del Jarama (arroyo de San José) y Torrejón de Ardoz, donde grupos de milicianos los fusilaron en grupos y los enterraron en zanjas comunes excavadas por vecinos locales movilizados. Hubo al menos una veintena de sacas mortales documentadas en días concretos (7, 8, 9, 18 y 24-30 de noviembre, y 1 y 3/4 de diciembre). Las ejecuciones cesaron en gran medida tras la intervención del anarquista Melchor Rodríguez García (“el Ángel Rojo”), nombrado delegado de prisiones.
Las víctimas no eran, en su inmensa mayoría, combatientes activos de una “quinta columna”. Se trataba de militares (muchos retirados o no sublevados), políticos, intelectuales (como el escritor Pedro Muñoz-Seca), clérigos (alrededor de 300 sacerdotes y religiosos), miembros de partidos de derechas, profesionales, comerciantes, estudiantes y menores. Las detenciones previas respondían a criterios ideológicos, religiosos o profesionales. Documentos de la época (listas de evacuación, actas de la Junta y archivos diplomáticos) muestran una operación sistemática, no espontánea de “incontrolados”.
Cifras y responsabilidad
Las estimaciones varían. La historiografía rigurosa (Hugh Thomas, Antony Beevor, Julián Casanova, Julius Ruiz y otros) sitúa las víctimas de Paracuellos y Torrejón entre unos 2.000-2.500 y 2.800. Estudios más detallados con identificación nominal (como los de José Manuel Ezpeleta o César Vidal) elevan la cifra identificada hacia los 4.000 o más, incluyendo casos adicionales. La Causa General y registros penitenciarios aportan datos nominales, aunque con limitaciones. En cualquier caso, constituye la mayor masacre organizada de la retaguardia republicana.
La responsabilidad política e institucional recae en las estructuras republicanas. El Gobierno de Largo Caballero, antes de abandonar Madrid, había dejado en marcha mecanismos de “evacuación” firmados por responsables de la Dirección General de Seguridad (Manuel Muñoz) y el ministro de la Gobernación Ángel Galarza. El Comité Provincial de Investigación Pública (checa de Fomento) y las Milicias de Vigilancia de Retaguardia participaron en la selección y ejecución. Julius Ruiz documenta que Carrillo “adoptó” una operación ya en marcha (que había empezado a finales de octubre, con sacas previas a Aravaca), facilitó apoyo logístico y político, y asumió en actas de la Junta la “responsabilidad total y absoluta” sobre los presos. Diplomáticos como Félix Schlayer le informaron de las matanzas; estas continuaron. Paul Preston señala a Carrillo como organizador principal de los traslados. Carrillo negó durante décadas haber dado órdenes directas o conocer los hechos, atribuyéndolos a incontrolados, aunque más tarde admitió una responsabilidad indirecta (no haber garantizado la seguridad de los convoyes).
Las checas (centros de detención y represión paralelos de partidos y sindicatos) operaban en Madrid desde julio de 1936. Investigaciones posteriores han identificado más de 300 en la capital, con miles de víctimas en 1936 (una parte significativa de clérigos). Paracuellos fue el episodio más masivo y sistematizado de esa oleada.
Narrativa posterior y blanqueo
Santiago Carrillo se convirtió décadas después en un actor clave de la Transición democrática como secretario general del PCE, lo que contribuyó a minimizar o relativizar su papel en 1936 en amplios sectores de la izquierda. Francisco Largo Caballero, conocido como el “Lenin español” por su discurso revolucionario (incluyendo declaraciones sobre la incompatibilidad del socialismo con la democracia y la posibilidad de guerra civil ante una victoria electoral de las derechas), presidía el Gobierno responsable políticamente de la situación en Madrid.
Pedro Sánchez ha reivindicado explícitamente a Largo Caballero. El 19 de mayo de 2021, en la clausura del 43.º Congreso Confederal de la UGT, lo presentó como “una persona fundamental en la historia del PSOE y de la Unión General de Trabajadores” que “ha sido mancillada”, “un sindicalista y un político consecuente con sus actos” que “actuó como hoy queremos actuar nosotros”, reaccionando ante la adversidad “con más democracia” y dignificando a los vulnerables. Lo llamó también “querido compañero” en ese contexto, enmarcando la defensa frente a la retirada de calles y placas en Madrid.
