Comentamos un tema surrealista con abogados en Palma de Mallorca. Llama poderosamente la atención el parecido de algunos de los más alarmantes crímenes en España, incluso por su parecido calcado a películas que todos hemos visto y que han marcado época en la historia del cine: un canónigo de la Catedral de Valencia que fue asesinado de forma calcada a lo sucedido en la película Primal fear, con Edward Norton y Richard Gere. Por otro lado, una descerebrada psicópata mató con docenas de puñaladas a un indefenso novio por cualquier motivo, que todavía no ha trascendido, en una escena idéntica a lo sucedido con la víctima de Instinto básico, protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone. Esto es el terrorismo callejero del que tanto han hablado, aunque con tan pocos frutos reales, las familias de Sandra Palo o Marta del Castillo.
Abogados en Palma de Mallorca comentan un asesinato al estilo Instinto básico
La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 25 años de prisión a Arletys Castillo por el asesinato de su pareja, Gerard, ocurrido en noviembre de 2023 en Sant Adrià de Besòs. Desde una perspectiva jurídica, tal y como explican abogados en Palma especializados en derecho penal, la planificación previa del crimen y la eliminación consciente de cualquier posibilidad de defensa encajan de forma directa en el delito de asesinato, lo que justifica una condena especialmente elevada incluso cuando existe un acuerdo que evita la celebración del juicio.
La mujer engañó a su novio para que participara en un supuesto juego sexual
Los hechos quedaron probados tras acreditarse que la mujer engañó a su novio para que participara en un supuesto juego sexual en el domicilio que compartían. Una vez sentado en una silla y con las manos atadas a la espalda, aprovechando la absoluta confianza de la víctima, comenzó a apuñalarlo de forma reiterada hasta causarle la muerte. El ataque fue extremadamente violento y prolongado, con un total de 118 puñaladas asestadas cuando Gerard aún estaba con vida. La sentencia describe un claro escenario de alevosía y ensañamiento, subrayando que la acusada incrementó de manera innecesaria el sufrimiento de la víctima, que murió tras un shock hipovolémico después de una agonía prolongada.
Tras el crimen, la condenada intentó desviar la investigación ofreciendo versiones contradictorias. En un primer momento aseguró que varios individuos habían entrado en la vivienda y atacado a su pareja, una versión que fue descartada rápidamente por la policía al no existir ningún indicio que la respaldara. Posteriormente, cambió su relato y acusó a la víctima de maltratarla de forma habitual, sosteniendo que había actuado en legítima defensa. La investigación policial y la sentencia judicial desmontan por completo esta versión, al no existir prueba alguna de violencia previa por parte de Gerard.
Erosionan la credibilidad de los verdaderos casos de maltrato y pervierten un sistema diseñado para proteger
Este intento de presentarse como víctima tuvo consecuencias más allá del proceso penal. El entorno de la acusada promovió campañas en redes sociales para recaudar dinero con el argumento de que se trataba de una mujer maltratada que necesitaba ayuda para pagar su defensa, difundiendo incluso rumores falsos sobre la víctima que también fueron descartados durante la instrucción. Desde la óptica de abogados en Palma con experiencia en violencia de género, este tipo de estrategias no sólo dañan gravemente a la persona falsamente acusada y a su familia, sino que también erosionan la credibilidad de los verdaderos casos de maltrato y pervierten un sistema diseñado para proteger a las víctimas reales.
Finalmente, la acusada alcanzó un acuerdo por el que aceptó una condena de 25 años de prisión, cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena y la inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de encarcelamiento. Además, deberá indemnizar a los padres y hermanos de la víctima con distintas cantidades en concepto de responsabilidad civil. Sólo en ese momento pidió perdón a la familia de Gerard, siendo la primera vez que reconocía su responsabilidad por los hechos.
Desde el punto de vista penal, la sentencia subraya la existencia de alevosía y ensañamiento, al quedar acreditado que la acusada planificó el crimen y anuló por completo cualquier posibilidad de defensa de la víctima. Según explican abogados en Palma, especializados en delitos graves, este tipo de conductas encajan plenamente en el delito de asesinato, incluso cuando el procedimiento concluye mediante un acuerdo que evita la celebración del juicio.
La mujer ideó un plan para anular cualquier posibilidad de defensa de la víctima
La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 25 años de prisión a Arletys Castillo por el asesinato de su pareja, Gerard, ocurrido en noviembre de 2023 en Sant Adrià de Besòs. La resolución judicial pone fin a un caso especialmente grave tanto por la violencia extrema de los hechos como por la estrategia posterior de la autora, que trató de presentarse como víctima de malos tratos tras haber matado a su novio de 118 puñaladas. La condena llega tras un acuerdo entre las partes, lo que ha evitado la celebración del juicio y ha supuesto una rebaja de la pena inicialmente solicitada.
Según se declara probado en la sentencia, la mujer ideó un plan para anular cualquier posibilidad de defensa de la víctima. Convenció a Gerard para participar en un supuesto juego sexual en el domicilio que compartían y logró que se sentara en una silla con las manos atadas a la espalda. Una vez inmovilizado y completamente indefenso, comenzó a apuñalarlo de forma reiterada hasta causarle la muerte. El tribunal subraya que el ataque se produjo cuando la víctima aún estaba con vida, prolongando de manera innecesaria su sufrimiento hasta que falleció a causa de un shock hipovolémico.
Desde el punto de vista penal, el fallo destaca la concurrencia de alevosía y ensañamiento. En este sentido, desde el ámbito del derecho penal se recuerda que la planificación previa y la anulación consciente de la defensa de la víctima son elementos que agravan notablemente la responsabilidad criminal. Desde la experiencia de un despacho especializado como Prolegali, explican en su análisis sobre el ejercicio del derecho penal que este tipo de conductas encajan plenamente en el delito de asesinato y justifican penas elevadas, incluso cuando existe un pacto de conformidad, debido a la especial crueldad demostrada.
El intento de la condenada de presentarse como víctima de malos tratos tras cometer el crimen
Especial relevancia adquiere el intento de la condenada de presentarse como víctima de malos tratos tras cometer el crimen, una estrategia que la sentencia desmonta de forma tajante. En este sentido, abogados en Palma con experiencia en violencia de género advierten de que las denuncias falsas no solo causan un daño irreparable a la persona acusada y a su familia, sino que además perjudican gravemente a las verdaderas víctimas y distorsionan un sistema creado para protegerlas.
Durante la investigación y en los meses posteriores al crimen, la condenada trató de desviar la atención policial con versiones contradictorias. En un primer momento aseguró que varios hombres habían irrumpido en la vivienda y atacado a su pareja, una hipótesis que fue descartada rápidamente por falta de pruebas. Más tarde, cambió su relato y sostuvo que había actuado en legítima defensa, acusando falsamente a Gerard de maltratarla de forma habitual. La sentencia deja claro que no existía ningún indicio objetivo de violencia previa por parte de la víctima y que esas acusaciones eran completamente falsas.
Este punto resulta especialmente relevante porque pone de relieve el daño añadido que pueden causar las denuncias falsas en un ámbito tan sensible como el de la violencia machista. Desde Prolegali, en su reflexión jurídica sobre los procedimientos de violencia de género, señalan que instrumentalizar este tipo de acusaciones no solo perjudica a la persona falsamente señalada y a su entorno, sino que también erosiona la credibilidad de las verdaderas víctimas y dificulta la correcta protección de quienes realmente sufren maltrato.
El entorno de la condenada promovió en redes sociales una campaña de recaudación de fondo
La estrategia de presentarse como víctima no se limitó al plano judicial. El entorno de la condenada promovió en redes sociales una campaña de recaudación de fondos para costear su defensa, describiéndola públicamente como una mujer maltratada. Incluso se difundieron teorías sin fundamento sobre supuestos contenidos ilícitos en el teléfono móvil de la víctima, extremos que fueron investigados y descartados por completo por los Mossos d’Esquadra. La familia de Gerard ha subrayado en todo momento el profundo dolor añadido que supusieron estas mentiras, prolongadas durante meses.
La resolución judicial no llega a concretar con certeza el móvil del crimen, aunque se barajan varias hipótesis. Una de ellas apunta a que Gerard tenía intención de poner fin a la relación, mientras que otra sugiere que la autora pudo actuar así tras descubrir que su pareja no disponía del patrimonio que ella creía. En cualquier caso, el tribunal considera que el motivo exacto no altera la gravedad de los hechos ni la responsabilidad penal declarada.
Además de los 25 años de prisión, la condena incluye cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la pena y la inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de encarcelamiento. En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar con 120.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y con 30.000 euros a cada uno de sus hermanos. Solo tras aceptar el acuerdo y la condena, Arletys Castillo pidió perdón públicamente a la familia de Gerard, siendo ésta la primera vez que reconocía el daño causado, pero es dudoso que nada de esto pueda reparar en nada semejante brutalidad y, encima de todo, acompañada de toda esa sarta de mentiras post mortem sobre la víctima.
Un inmigrante mata en Valencia a un canónigo de la Catedral en un crimen calcado a la película Primal fear
El juicio por el asesinato del canónigo de la Catedral de Valencia ha destapado una doble vida que hasta entonces permanecía oculta y que resultó clave para entender el contexto del crimen. Alfonso López Benito, sacerdote de 79 años, fue hallado muerto el 23 de enero de 2024, desnudo y asfixiado en su cama, en una vivienda propiedad del Arzobispado situada en la calle Avellanas, a escasos metros de la Catedral y del Palacio Arzobispal. El crimen causó una profunda conmoción en el ámbito eclesiástico y social, no solo por la violencia del desenlace, sino por lo que se descubrió después.
El canónigo llevaba años manteniendo encuentros sexuales con hombres adultos en situación de vulnerabilidad
Durante el juicio quedó acreditado que el canónigo llevaba años manteniendo encuentros sexuales con hombres adultos en situación de vulnerabilidad, a los que captaba ofreciéndoles dinero. Así lo confirmaron varios testigos, entre ellos el conserje del edificio, que relató un constante trasiego de indigentes, inmigrantes y personas con adicciones que acudían al domicilio del sacerdote. “Le gustaban los hombres adultos, lo más necesitados posible”, declaró, corroborando que aquella conducta era un secreto conocido por vecinos y entorno cercano.
El jurado popular ha declarado culpable a Miguel, un cocinero peruano que fue el único acusado por la muerte del canónigo. Aunque negó ser el autor material del crimen y aseguró ser inocente, siete de los nueve miembros del jurado consideraron probado que actuó de común acuerdo con otra persona no identificada, lo que le convierte en responsable penal de la muerte. La Fiscalía solicita para él 28 años de prisión por asesinato, robo con violencia y estafa. Desde la óptica de abogados en Palma especializados en derecho penal, este tipo de veredictos se apoyan en la valoración conjunta de indicios cuando no existe una prueba directa única, especialmente en delitos graves cometidos en entornos cerrados.
La ausencia de huellas o ADN del acusado en la escena del crimen
Uno de los aspectos más controvertidos del caso ha sido la ausencia de huellas o ADN del acusado en la escena del crimen, un argumento central de la defensa, que habla de una investigación con importantes lagunas. Sin embargo, otros elementos han resultado determinantes para el jurado, como el posicionamiento del teléfono móvil de Miguel, que lo sitúa en el piso de la calle Avellanas en el momento en que se produjo la muerte del sacerdote.
El acusado reconoció que conoció al canónigo en el verano de 2023 y que acudió a sus viviendas tanto en Valencia como en El Perelló, aunque negó haber mantenido relaciones sexuales con él. Durante el juicio, admitió haber mentido inicialmente “por vergüenza” y no supo explicar por qué, tras ser bloqueado por la víctima en el móvil, siguió intentando contactarle de forma insistente. También tuvo que responder por el uso de las tarjetas bancarias del canónigo, con las que retiró dinero y trató de obtener las claves llamando al banco.
Miguel sostuvo que un supuesto segundo implicado, al que identificó como Manuel, le entregó las tarjetas y el móvil del sacerdote asegurándole que estaba dormido. Según su versión, desconocía que estuviera muerto. No obstante, horas después del hallazgo del cadáver, envió varios mensajes suplantando la identidad del canónigo para, según dijo, “ganar tiempo” mientras decidía qué hacer. Desde la perspectiva de abogados en Palma con experiencia en delitos complejos y análisis de conducta, este tipo de actuaciones posteriores al crimen suelen ser interpretadas como indicios relevantes de participación y conocimiento de los hechos.
Quejas vecinales por años por las personas que frecuentaban el domicilio del canónigo
El Arzobispado de Valencia reconoció tras el asesinato que había recibido quejas vecinales años antes por las personas que frecuentaban el domicilio del canónigo, aunque aseguró no conocer la magnitud de su comportamiento. En un comunicado público expresó su pesar por el escándalo causado y calificó esas conductas de incompatibles con los compromisos sacerdotales asumidos en su ordenación.
El caso queda ahora a la espera de sentencia definitiva, pero el veredicto del jurado ya ha dejado claro que la muerte del canónigo no solo puso fin a una vida, sino que sacó a la luz una realidad oculta durante años y abrió un profundo debate sobre responsabilidad penal, pruebas indiciarias y los límites de una investigación criminal marcada por claroscuros.
