La organización Abogados Cristianos ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC), por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. La denuncia se centra en la negativa de Conde-Pumpido a abstenerse en las deliberaciones sobre la ley de amnistía, a pesar de la supuesta incompatibilidad derivada de la participación de su esposa, la magistrada Clara Martínez de Careaga, en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre dicha norma.
La querella se presenta el mismo día en que el TC inició un pleno monográfico de cinco días para deliberar sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) contra la ley de amnistía, aprobada en junio de 2024 tras negociaciones entre el PSOE y partidos independentistas. Esta norma, que busca amnistiar a implicados en el procés catalán, ha generado una intensa polémica jurídica y política. Abogados Cristianos argumenta que Conde-Pumpido incurrió en una causa de abstención obligatoria, según el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prohíbe a un magistrado participar en casos en los que tenga un «interés directo o indirecto».
El motivo de esta supuesta incompatibilidad radica en el papel de Clara Martínez de Careaga, esposa de Conde-Pumpido y magistrada del Tribunal Supremo, quien, como vocal del CGPJ, participó en el informe sobre la ley de amnistía aprobado el 21 de marzo de 2024. Aunque Martínez de Careaga se adhirió a un voto particular discrepante, redactado por la vocal Mar Cabrejas, que defendía que «no existe una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía», Abogados Cristianos sostiene que su participación compromete la «apariencia de imparcialidad» del presidente del TC debido al vínculo conyugal.
La querella imputa a Conde-Pumpido tres posibles delitos: prevaricación judicial dolosa (artículo 446 del Código Penal), subsidiariamente prevaricación judicial culposa (artículo 447) o prevaricación administrativa (artículo 404), y cohecho impropio (artículo 420). Según Abogados Cristianos, la negativa de Conde-Pumpido a abstenerse vulnera el principio de imparcialidad judicial, garantizado por el artículo 24.2 de la Constitución Española, causando un «perjuicio irreparable a la confianza pública en la administración de justicia».
Además, la denuncia incluye una acusación más grave: la supuesta colaboración secreta de Conde-Pumpido con el Gobierno de Pedro Sánchez en la redacción de la ley de amnistía. Basándose en informaciones periodísticas, Abogados Cristianos señala que el presidente del TC habría trabajado con el Ejecutivo para garantizar la validación de la norma, lo que podría constituir un delito de cohecho impropio si se demostrara alguna contraprestación o promesa a cambio de su intervención. La querella solicita diligencias como la declaración de Conde-Pumpido, su esposa y otros magistrados del TC, así como el acceso a sus dispositivos electrónicos para investigar posibles contactos con el Gobierno.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha afirmado que Conde-Pumpido ha actuado como «el brazo judicial» del Gobierno para «legitimar las cesiones a los secesionistas a cambio de la permanencia de Sánchez en Moncloa», calificando estas acciones como «totalmente ilegales».