No voy a votar. No por desinterés, ni por pereza, ni por esa pose de superioridad que a veces se confunde con la abstención. Voy a no votar porque el acto de depositar una papeleta no es neutro. En un régimen que se dice representativo, votar es aceptar que el procedimiento basta para convertir en autoridad legítima a quien ha ejercido el poder al margen de sus propios límites. Participar en la farsa, cuando la farsa ya ha mostrado de qué es capaz, no es civismo: es ratificación.
El argumento político
La política moderna descansa en un pacto sencillo: el ciudadano cede coerción a cambio de legalidad y protección. Cuando ese pacto se rompe y, aun así, se le convoca a renovarlo en las urnas, la convocatoria deja de ser un derecho y pasa a ser una demanda de absolución.
En marzo de 2020 el Gobierno declaró el estado de alarma y confinó a la población en términos que el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre el Real Decreto 463/2020, consideró una suspensión de derechos fundamentales incompatible con esa figura. El alto tribunal declaró inconstitucionales los preceptos que imponían el confinamiento domiciliario general: aquello no era una mera limitación, sino una suspensión, y la suspensión exigía el estado de excepción, con sus garantías parlamentarias más estrictas. Meses después, el mismo tribunal censuró el segundo estado de alarma: la prórroga de seis meses y la designación de autoridades delegadas. No lo dice un panfleto. Lo dice el intérprete de la Constitución, por mayorías ajustadas y con votos particulares, como ocurre cuando el poder judicial tiene que corregir al ejecutivo en caliente.
Un sistema que encierra a sus ciudadanos con un instrumento jurídico que luego se declara inconstitucional, y que a continuación les pide el voto para seguir gobernando, no está pidiendo participación. Está pidiendo que el agravio prescriba en la urna. La prescripción política no borra la inconstitucionalidad. Solo la cubre con una mayoría.
A eso se suma la campaña de vacunación presentada como deber cívico casi indiscutible, con pasaporte sanitario y restricciones a quien no se sometía, mientras la autorización era de emergencia y el debate sobre efectos adversos, duración de la inmunidad y proporcionalidad de las coacciones quedaba fuera del espacio tolerable. No hace falta aceptar la caricatura de “experimento” para ver el problema ético-político: se trasladó al cuerpo del ciudadano una decisión de Estado, y disentir se trató como falta de solidaridad. Quien administra el riesgo ajeno y luego convoca elecciones no está cerrando un ciclo. Está pidiendo que se olvide el modo en que se administró.
El mismo ejecutivo llega a la recta final de la legislatura con el entorno familiar y político bajo causa. No es un rumor de oposición. En junio de 2026 el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su asesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, por la trama de las mascarillas. El 14 de julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por su contratación en la Diputación de Badajoz; la sentencia no era firme y cabía recurso, pero el hecho político ya estaba sobre la mesa. El 21 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada de malversación: el procedimiento irá a jurado popular tras más de dos años de instrucción. En paralelo siguen abiertos, en la Audiencia Nacional, el caso Koldo y las adjudicaciones de obra pública —con Santos Cerdán entre los investigados— y la causa sobre la presunta trama de Leire Díez para interferir en procedimientos que afectaban al partido o al Ejecutivo.
Ninguna de esas resoluciones condena penalmente a Pedro Sánchez. Decir lo contrario sería mentir, y la mentira sobra cuando los hechos ya bastan. Lo que sí queda es un presidente que gobierna mientras su exministro de confianza entra en prisión, su hermano es inhabilitado y su esposa se sienta ante un jurado. Un sistema que pide el voto en esas condiciones no pide confianza. Pide que el elector separe al hombre de la casa, al partido de sus condenados y al Gobierno de las causas que lo rodean. Esa separación es exactamente lo que el voto concede.
El argumento histórico
España arrastra una tradición en la que la legalidad formal y la práctica del poder rara vez coinciden del todo. La Transición resolvió una dictadura con un pacto de olvido y una Constitución que, sobre el papel, limita al ejecutivo. Cuatro décadas después, el patrón que reaparece no es el de 1936 ni el de 1975: es el de un Estado que, ante la crisis, estira la excepción, delega sin control y, pasada la urgencia, no restituye ni repara con la misma prisa con la que ordenó.
El confinamiento inconstitucional es el ejemplo reciente más nítido de esa elasticidad, pero la frontera ofrece el ejemplo más crudo de la soberanía cedida. En mayo de 2021, en torno a 8.000 personas —algunas fuentes hablaron de más de 10.000— entraron en Ceuta en dos días, en buena parte menores, mientras la gendarmería marroquí relajaba el control en represalia por la atención médica dispensada en España al líder del Polisario. El Ejército acabó en la playa del Tarajal. Interior devolvió a una parte. La lección estratégica no se aprendió.
Cinco años después se repitió, a otra escala. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, miles de personas cruzaron desde Castillejos, en su mayoría a pie sobre las piedras del espigón de El Tarajal y en menor medida a nado. El Ministerio del Interior cifró en unas 72.000 las entradas irregulares de esos días; el parte de la Guardia Civil del 31 de julio hablaba de 49.200 y el presidente de la ciudad autónoma llegó a estimar 78.000. El propio informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras describió un proceso con planificación previa y documentó la participación de agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes durante el cruce. Las mafias, con capacidad de unos pocos cientos de personas al día, no explican un movimiento de decenas de miles. .
El coste humano no es una cifra de debate. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recuperó 82 cadáveres en aguas españolas vinculados a la entrada; Marruecos reconoció 14 en su territorio. ONG como Caminando Fronteras elevaron el recuento conjunto por encima del centenar. Una parte muy grande retornó a Marruecos en los días siguientes —Interior habló de más de 25.000 vueltas voluntarias ya el 31 de julio, a razón de unas 150 personas por minuto—, pero el hecho político permanece: en 48 horas entró en una ciudad española de unos 83.000 habitantes un volumen equivalente a la mayor parte de su población, y el Estado no lo impidió. Los informes desclasificados muestran que el CENIF elevó el riesgo a “muy alto” el 29 de julio y a “extremo” el 30, con lo que la sorpresa absoluta tampoco sirve de coartada.
Un Estado que no controla su perímetro —ni en 2021 ni en 2026— y, sin embargo, pide legitimidad electoral, confunde el rito con el hecho. Ceuta no es un incidente migratorio. Es la prueba de que la frontera sur puede abrirse cuando Rabat decide no sostenerla, y de que Madrid no tiene una respuesta propia.
El argumento social
La prueba de un orden político no es el discurso del día de la Constitución. Es lo que hace con quien lo ha perdido todo.
En La Palma, la erupción del Tajogaite (septiembre-diciembre de 2021) destruyó 1.345 viviendas y dejó a miles sin casa. Cinco años después, decenas de familias siguen en viviendas modulares y de madera instaladas como solución de emergencia: contenedores oxidados que los propios afectados llaman barracones. Se han movilizado cientos de millones; la reconstrucción, según la plataforma de afectados, rondaba el 60 % al cumplirse el lustro. El alquiler en Los Llanos de Aridane casi se ha duplicado. El volcán fue un hecho natural. El tiempo de espera es político.
En Valencia, la DANA del 29 de octubre de 2024 mató a más de doscientas personas —el recuento oficial se estabilizó en torno a 220-230, con autopsias e identificaciones— y arrasó l’Horta Sud. El escándalo documentado no es una cifra secreta de miles de muertos, que no se sostiene cuando hay familias, forenses y registros, sino la cadena de fallos previos y posteriores: alerta tardía o mal comunicada, coordinación fallida entre Generalitat y Administración central, y una semana en la que el voluntariado llegó antes y con más claridad que el Estado. Discutir si “engañaron con el número” desvía el núcleo: se falló en avisar y en socorrer, y el debate público derivó en pulso partidista sobre quién tenía la competencia. Las víctimas no eran un argumento. Eran el argumento.
En Adamuz, el 18 de enero de 2026, un Iryo descarriló y embistió a un Alvia: 46 muertos. La investigación judicial y de la Guardia Civil apunta a la rotura de un carril, a una soldadura defectuosa y a indicios de anomalía horas antes, sin alerta que parara los trenes. Peritos señalan un defecto de vía del que Adif tenía constancia meses antes, clasificado como mantenimiento preventivo. Las víctimas han acudido a la Agencia Ferroviaria Europea denunciando pasividad del Ministerio de Transportes. No es exacto decir que “no se investiga”: se investiga. Es exacto decir que la infraestructura pública mostró un fallo anunciable y que la rendición de cuentas política ha sido más lenta que el duelo. El ministro de aquel ramo, años antes, es el mismo Ábalos que el Supremo ha condenado por otra causa. La vía y la condena no son el mismo expediente. El ciudadano no tiene por qué fingir que son mundos separados.
Tres desastres, una frontera rota dos veces y un entorno presidencial en los juzgados. El común denominador no es la ideología del gobierno de turno —en La Palma, en Valencia y en las vías hay competencias cruzadas—, sino la distancia entre el ciudadano dañado y la instancia que debía protegerle.
El argumento económico
El saqueo no siempre tiene forma de confiscación espectacular. A veces es presión fiscal alta sobre rentas del trabajo y del pequeño negocio, combinada con un gasto que no se traduce en lo que el contribuyente puede verificar: vivienda digna tras un volcán, alerta a tiempo ante una riada, carril íntegro en una línea de alta velocidad, una valla que no depende del humor de Rabat.
El sector primario español lleva años en la calle por una suma de factores que no se resuelven con un eslogan: costes de energía y de insumos, competencia de importaciones con estándares distintos, burocracia de la Política Agraria Común y objetivos ambientales diseñados en Bruselas y aplicados en Madrid con poca atención a la viabilidad de la explotación familiar. Se puede aceptar que el clima cambia y que la sequía y el calor extremo aumentan el riesgo de incendio —eso no es un cuento: es la lectura dominante de la evidencia— y, a la vez, rechazar que esa evidencia sirva de coartada para no gestionar el monte, para abandonar el medio rural y para cargar sobre el agricultor y el ganadero el coste simbólico de una falsa transición que otros no pagan. Incendiar el relato para no invertir en prevención es una forma de política. Destruir márgenes del campo y llamar a eso modernidad, otra.
Los impuestos no son injustos por existir. Son abusivos cuando financian un aparato que, en los momentos en que se mide, no entrega protección proporcional, y cuando parte de ese aparato —contratos de mascarillas, enchufes, adjudicaciones bajo investigación— aparece después en sentencias y sumarios. El contribuyente de Paiporta, de Los Llanos, del tren a Huelva o del Tarajal no está financiando un seguro. Está financiando una promesa que se cobra por adelantado y se discute después, a veces ante un juez.
El argumento ético
La ética de la obediencia política tiene un límite clásico: no hay deber de acatar lo que el propio orden jurídico declara nulo, ni deber de agradecer una protección que no llegó. Consentir, en cambio, sí genera un efecto. Cada papeleta cuenta como aceptación del marco en el que esas decisiones fueron posibles y quedaron sin reparación efectiva.
Se objeta que no votar beneficia al adversario, que la abstención es un voto en blanco regalado, que la alternativa es peor. Es un argumento de táctica, no de legitimidad. Si ambos bloques han administrado el mismo Estado —las mismas vías, la misma frontera, la misma lentitud reconstructora, la misma facilidad para decretar y la misma dificultad para responder—, elegir entre ellos no corrige la fuente del poder. Solo alterna al beneficiario inmediato. Y quien hoy pide el voto lo pide con un exministro condenado a 24 años, un hermano inhabilitado, una esposa pendiente de jurado y una ciudad española que en julio de 2026 vio entrar, en dos días, a decenas de miles de personas porque la frontera no se sostuvo.
Tampoco es un argumento ético decir que “alguien tiene que gobernar”. Alguien gobernará de todos modos. La pregunta es si mi acto añade consentimiento. Puedo pagar impuestos porque la coerción no me deja otra salida. No puedo, con la misma necesidad, fingir que elijo a quien me coacciona. La papeleta es el único trámite en el que el sistema todavía simula pedir permiso. Negárselo es el único trámite en el que el ciudadano todavía puede no mentir.
No votar no derriba un régimen. No sustituye a la organización, ni al control judicial, ni a la prensa, ni a la solidaridad de barrio que en Valencia llegó antes que el Gobierno. Solo impide que el régimen anote mi nombre en la columna de los que dieron por bueno el procedimiento. Después de un confinamiento declarado inconstitucional, de barracones que duran años, de una riada mal avisada, de Ceuta abierta en 2021 y otra vez en julio de 2026, de un carril roto con avisos previos, de un entorno presidencial salpicado por condenas y juicios orales, y de una presión fiscal que no compra seguridad, la legitimidad no se restaura en un colegio electoral. Se restaura, si acaso, cuando el poder responde por lo que hizo. Hasta entonces, la abstención no es huida. Es la única forma de no firmar.
