Ayer el argumento era de legitimidad. Hoy tiene nombre, juzgado y una frase. Jusapol Madrid ha difundido esta madrugada la confesión de un miembro del clan de Los Rocho: el plan, dice, era asesinar a la juez que instruyó la causa del hermano de Sánchez. Su líder declaró a la UCO que le pidieron «eliminar» a la magistrada. El Debate publica el relato de un exmiembro del clan, conocido como Moto Ratón, que rompió con el grupo en 2024: «Yo… la querían eliminar… Eliminar significa matarla. Un susto no la iban a dar». La juez es Beatriz Biedma, la que llevó la causa por la que la Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación.
El clan de Los Rocho confiesa.
El plan; «asesinar a la Juez que instruyó la causa del hermano Sánchez».
Su líder declaró a la UCO que le pidieron «eliminar» a la juez.
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— Jusapol Madrid (@jusapolmadrid) October 5, 2026
No es un rumor de red social. Es una pieza de la causa que ya instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, la misma en la que el 28 de septiembre admitió a Biedma como acusación particular, al menos por calumnias y obstrucción a la Justicia, y la citó a declarar el 8 de octubre. Según la declaración de Cintia Rocho a la UCO, el contacto llegó a través de Luis José Sáenz de Tejada, exjuez expulsado de la carrera en 2022 y gestor del canal Magistrado Anticorrupción TV, que le habría facilitado datos de la vida privada de la magistrada. Biedma señala esos contactos con narcotraficantes de Badajoz como parte de las llamadas cloacas del PSOE, la trama en la que también se investiga a Leire Díez, a Santos Cerdán y a la gerencia del partido por presuntas maniobras para desacreditar a quien instruía el caso del hermano del presidente.
Hasta aquí, lo que hay. No hay una sentencia que diga que Pedro Sánchez ordenó matar a una juez. Afirmarlo sería adelantar el juicio y regalarle la coartada de la exageración. Lo que sí hay es bastante para no tratarlo como política normal: un clan narco declara que el encargo era eliminarla; un exmiembro traduce esa palabra por matarla; la juez se persona porque entiende que la quisieron apartar del procedimiento; y el procedimiento es, precisamente, el de la familia del jefe del Gobierno. En un Estado de derecho eso se investiga hasta el final. En una democracia que se respeta, además, no se pide el voto como si la urna pudiera absolver lo que el sumario todavía no ha cerrado.
La mafia no es un insulto: es un método
Mafia, aquí, no es un adjetivo de mitin. Es una forma de operar. La mafia no necesita que el capo firme cada encargo. Le basta con un entorno que cobra, coloca, presiona y, cuando un juez no se deja, busca quién le meta miedo. El caso Koldo ya puso precio a las mascarillas y acabó con Ábalos condenado a 24 años. La causa del hermano acabó en inhabilitación. La de Begoña Gómez está en la antesala del jurado. La de Leire Díez investiga si hubo una estructura para torcer instructores. Y ahora un clan de Badajoz entra en el mismo expediente, no como metáfora, sino como interlocutor al que, según la UCO, se le pidió que actuara contra la magistrada.
Ese es el método: la ley para los demás, el atajo para los suyos. Cuando el atajo ya no es un contrato amañado ni una factura falsa, sino el nombre de una juez en boca de un clan, la diferencia entre partido y organización deja de ser semántica. Quien organiza unas elecciones con ese expediente abierto no está convocando al pueblo. Está pidiendo que el pueblo mire a otro lado el tiempo suficiente para renovar el poder que se investiga a sí mismo.
«Querían matarla»
🔴🔴 Un miembro del clan de Los Rocho confiesa a El Debate el verdadero plan con la juez del hermano de Sánchez
✍️ @entrammbasaguas https://t.co/3zL4raxoek
— El Debate (@eldebate_com) October 5, 2026
Lo que esto hace con el voto
Se dirá que las elecciones las organiza la Administración, no el partido; que hay junta electoral, mesas, apoderados, recuento. Es cierto en el procedimiento y falso en la sustancia. Unas elecciones son limpias cuando el que puede perderlas no controla a quien las juzga, ni a quien investiga a los suyos, ni el relato de lo que está permitido decir antes de votar. No hace falta rellenar urnas de madrugada para sesgar un resultado. Basta con que el ciudadano crea que da igual, porque quien gane heredará el mismo aparato, o con que quien denuncia al poder aparezca al día siguiente en un sumario de amenazas.
La pregunta no es si el 100 % de las actas saldrá cuadrado. Es si tiene sentido legitimar, con una papeleta, a un sistema en el que la juez del hermano del presidente tiene que personarse como víctima porque un clan dice que la querían matar. Participar en eso no es civismo. Es aceptar que el procedimiento sigue siendo válido aunque el procedimiento esté siendo atacado por quienes viven de él.
Tampoco sirve el consuelo de que «para eso están los tribunales». Los tribunales están, y por eso Biedma sigue instruyendo y Pedraz sigue citando. Pero el voto no es un tribunal. El voto es consentimiento. Si el consentimiento se presta mientras se investiga si quisieron apartar a la juez a través de un clan, el consentimiento llega tarde y llega sucio. No limpia el sumario. Lo tapa con una mayoría.
El hilo con lo anterior
El confinamiento declarado inconstitucional, los barracones de La Palma, la alerta que no llegó en Valencia, el carril de Adamuz, Ceuta abierta en 2021 y otra vez en julio de 2026, el campo asfixiado y la presión fiscal no eran agravios sueltos. Eran el mismo pacto roto: protección a cambio de obediencia, y ni protección ni límite. Esta noticia es el límite que falta. Un poder que no puede garantizar la integridad de la juez que juzga a su familia no puede pedir, en serio, que se confíe en la integridad de la elección que lo mantiene.
¿Servirá para algo votar? Servirá para que quien gobierne diga que el pueblo ha hablado. No servirá para abrir el sumario, ni para devolver a los palmeros a una casa, ni para reponer la valla de Ceuta, ni para que una magistrada deje de mirar por encima del hombro. ¿Serán limpias? Serán regulares en lo que se cuenta. No serán limpias en lo que importa, que es si el que convoca puede perder sin intentar torcer a quien lo investiga.
No voy a participar en algo que organiza quien tiene a su hermano inhabilitado, a su exministro condenado, a su esposa camino del jurado y, en el mismo haz de causas, un clan declarando que el plan con la juez era eliminarla. Que lo investiguen. Que condenen a quien corresponda. Hasta entonces, la papeleta no es un derecho que yo esté obligado a ejercer. Es la coartada que les falta. No se la doy.
