Martín Aguirre, en el cargo desde marzo de 2023, ha justificado la decisión con el argumento de que “no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad”, según adelantó El País y confirmaron múltiples medios. Fuentes de su entorno señalan que se siente desautorizado tras los enfrentamientos constantes con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, y por el trato diferenciado que, a su juicio, han recibido otros delegados del Gobierno que sí han sido incluidos en las candidaturas socialistas (como Pilar Bernabé en la Comunitat Valenciana).
Motivos internos y exclusión de las listas
La renuncia llega unos diez días después de conocerse su exclusión de las candidaturas madrileñas del PSOE para el 29-N. Martín aspiraba a dar el salto al Congreso, pero no obtuvo ningún puesto. La lista por Madrid la encabeza Pedro Sánchez, con Margarita Robles en el número 2, Félix Bolaños en el 3, Pilar Sánchez Acera (secretaria de Organización del PSOE de Madrid) en el 4 y Fernando Grande-Marlaska en el 5, priorizando a ministros y dirigentes de Ferraz y de la federación.
Fuentes socialistas vinculan la decisión también a las tensiones internas en el PSOE madrileño. En las primarias de julio de 2026 para elegir candidata a la alcaldía de Madrid en 2027, Martín apoyó de forma tácita a la concejala Enma López frente a Reyes Maroto (que ganó con el 55,4 % frente al 44,6 %). Esto deterioró sus relaciones con la dirección autonómica encabezada por Óscar López. Enma López ha reaccionado en X agradeciendo su labor: “Gracias por todos estos años de buen trabajo, compromiso y entrega. Madrid pierde a un gran servidor público”.
A diferencia de otros delegados y subdelegados que cesaron de forma obligatoria por incompatibilidad electoral (LOREG) para concurrir en listas —como Bernabé (cabeza de lista por Valencia), Adriana Lastra (Asturias) o Pedro Fernández (Granada)—, la de Martín es voluntaria tras su exclusión.
Enfrentamientos recientes con las administraciones madrileñas
Las últimas semanas de su mandato han estado marcadas por la gestión de la acampada instalada desde el 26 de septiembre de 2026 en la Puerta del Sol (en el marco de protestas por la vivienda, tras el desahucio de una anciana en Retiro). La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento exigieron su desalojo por considerarla ilegal; Martín defendió el derecho de reunión y la proporcionalidad de las medidas. El TSJ de Madrid mantuvo la acampada en fases iniciales del procedimiento. El Gobierno regional acusó de inacción y “foco de terror/suciedad”; Vox presentó querella por prevaricación por omisión, y el PP estudió acciones. Martín también pidió al Ayuntamiento información sobre hidrantes y colaboración ante la presencia de personas sin hogar en el campamento.
Además, recibió críticas de sindicatos policiales por sus declaraciones sobre las cargas de la Policía Nacional en las manifestaciones educativas en Ciudad Universitaria. Estos frentes se sumaron a los choques habituales con Ayuso y Almeida durante más de tres años.
Relevo y contexto electoral
El Consejo de Ministros tiene previsto abordar el nombramiento de su sustituto el martes 27 de octubre. La principal candidata es Pilar Trinidad Núñez, actual subdelegada del Gobierno en Madrid (desde finales de 2023/principios de 2024). Doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura (premio extraordinario), profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos (donde fue secretaria general y vicerrectora de Relaciones Internacionales), aporta perfil técnico y experiencia en derechos humanos y administración.
La dimisión se produce en plena precampaña del 29-N, elecciones anticipadas convocadas por Sánchez tras el rechazo en el Congreso de los decretos sobre vivienda. El plazo para registrar listas está a punto de cerrarse, hay una huelga general prevista para el 11 de noviembre y las encuestas sitúan al PP por delante del PSOE. La salida de un colaborador cercano a Sánchez en una institución clave en Madrid (en un momento de movilizaciones sociales y confrontación institucional) obliga a una reorganización rápida de la estructura territorial del Gobierno.
